Se reglamentó atención de accidentes cerebrovasculares
Lo reglamentó Gobierno de Tierra del Fuego. Establece la creación de la Red Provincial de Accidentes Cerebrovasculares (ACV), destinada a organizar y coordinar los mecanismos de prevención, diagnóstico precoz, atención de urgencia, tratamiento y rehabilitación de pacientes que sufran este tipo de episodios. Prevé la instrumentación de distintos convenios para promover la capacitación de médicos, enfermeros, y equipos de emergencia.
El Gobierno de Tierra del Fuego reglamentó la Ley Provincial N° 1439, que establece la creación de la Red Provincial de Accidentes Cerebrovasculares (ACV), destinada a organizar y coordinar los mecanismos de prevención, diagnóstico precoz, atención de urgencia, tratamiento y rehabilitación de pacientes que sufran este tipo de episodios.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1989/26 publicado ayer firmado por la vicegobernadora en ejercicio del Poder Ejecutivo y la ministro de Salud Di Giglio, y establece las pautas de funcionamiento de la red sanitaria, los requisitos que deberán cumplir los establecimientos especializados y la creación de registros provinciales para pacientes y efectores de salud.
La reglamentación apunta a garantizar una respuesta rápida y organizada ante un ACV, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, la gravedad del cuadro y el lugar donde ocurrió, con el objetivo de facilitar el acceso al tratamiento adecuado y reducir la mortalidad y las secuelas.
En los fundamentos del decreto se señala que el accidente cerebrovascular (ACV) representa, a escala nacional, la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardíacas y la primera causa de discapacidad, de acuerdo con indicadores de la Organización Mundial de la Salud.
FUNCIONAMIENTO DE LA RED
La Red Provincial de ACV estará integrada por la Dirección Provincial de Emergencias, los servicios de emergencias privados y los establecimientos públicos y privados que cumplan con los requisitos establecidos para brindar atención especializada.
Su funcionamiento estará bajo la coordinación de un médico capacitado, designado por el Ministerio de Salud, quien deberá articular con los profesionales referentes de los establecimientos incorporados al sistema la asistencia de los pacientes durante la fase aguda del accidente cerebrovascular y gestionar su derivación al centro sanitario correspondiente según la complejidad del caso.
El protocolo podrá ser activado por cualquier integrante del equipo de salud ante la sospecha de un ACV agudo cuyos síntomas hayan comenzado dentro de las últimas 24 horas.
La normativa establece, además, que la atención deberá seguir un procedimiento sistematizado, que contemple desde la detección inicial y la evaluación del paciente hasta su traslado, tratamiento especializado y rehabilitación temprana.
La cadena de atención incluirá también la educación comunitaria para reconocer los síntomas y signos de un ACV, la comunicación inmediata con los servicios de emergencia, la evaluación y clasificación del paciente y su derivación al centro asistencial adecuado.
TRES CATEGORÍAS
Centros de detección y derivación asistida: serán establecimientos que cuenten con médico de guardia y capacidad para detectar clínicamente un ACV mediante la Escala de Cincinnati, con posibilidad de derivar al paciente al centro más cercano y accesible que pueda administrar tratamiento trombolítico.
Centros primarios de atención de ACV: deberán disponer de servicios de emergencia con monitoreo multiparamétrico, personal de enfermería capacitado, tomografía disponible las 24 horas con informe inmediato, laboratorio de guardia permanente y profesionales entrenados en la detección y manejo de las escalas de gravedad y pronóstico.
También deberán contar con medicamentos trombolíticos, como tenecteplasa y activador tisular del plasminógeno recombinante (rtPA), y mecanismos de derivación asistida hacia centros integrales para pacientes que requieran procedimientos de mayor complejidad.
Centros integrales de atención de ACV: tendrán todas las capacidades exigidas a los centros primarios, además de un servicio de hemodinamia con neurointervencionistas capacitados para realizar trombectomía mecánica y/o tromboaspiración, y un servicio de neurocirugía disponible para intervenciones de urgencia cuando sean necesarias.
Los establecimientos que pretendan incorporarse al registro deberán contar con habilitación sanitaria, programas de capacitación continua para sus profesionales o certificación institucional del Programa Angels, instalaciones con unidades de cuidados intensivos y quirófano, tomografía disponible las 24 horas, laboratorio permanente, ambulancias para traslados y protocolos de comunicación con los demás integrantes de la red.
El Programa prevé la instrumentación de convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, universidades y asociaciones vinculadas al cuidado de pacientes con ACV para promover la capacitación de médicos, enfermeros, personal administrativo y equipos de emergencia.
Se creará el Registro Único de Establecimientos Sanitarios Públicos y Privados especializados en ACV, que funcionará en el ámbito de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud. Los servicios de emergencia y establecimientos asistenciales deberán solicitar formalmente su inscripción.
Por otro, se implementará el Registro Único de Pacientes Víctimas de ACV, que estará a cargo de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental, en conjunto con la Dirección Provincial de Gestión de Análisis y Datos, o las áreas que eventualmente las reemplacen.
Este registro tendrá como finalidad sistematizar la información sobre los casos registrados en la provincia, elaborar estadísticas, mejorar el diseño de políticas sanitarias y desarrollar estrategias destinadas a reducir la morbilidad, mortalidad, costos de la enfermedad y sus secuelas.
Todos los efectores públicos y privados que integren la red deberán informar los casos mediante un formulario específico de notificación. El Ministerio de Salud será responsable de garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales de los pacientes.