Río Grande reclama $18.000 millones de coparticipación, el mismo reclamo que hizo Melella como intendente
La deuda llega a $18.000 millones, según Pérez. Demoras de hasta 45 días. En 2019, siendo intendente, Melella inició el mismo reclamo ante el Superior Tribunal.
RIO GRANDE.- El Municipio de Río Grande reclama al Gobierno de Gustavo Melella una deuda de coparticipación que, según el propio intendente Martín Pérez, ya llegó a los 18.000 millones de pesos. El monto creció 2.000 millones en apenas tres semanas. La ironía es difícil de ignorar: el mismo reclamo lo impulsó Melella cuando era intendente de esta ciudad.
El subsecretario de Finanzas municipal, Nicolás Giordano, había fijado el piso en 17.000 millones a mediados de octubre, con demoras de hasta 60 días en las transferencias. Unos 5.900 millones, precisó, llevan entre 40 y 60 días de atraso. Cerca del 80% de los ingresos del Municipio dependen de la coparticipación nacional y provincial. Sin esos fondos en tiempo y forma, la caja municipal se vuelve imprevisible.
El lunes, el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas se reunieron en una mesa de trabajo creada por ordenanza. El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, anunció que el reclamo formal arrancará por la vía administrativa y, si hace falta, llegará a la Justicia. Según Díaz, los recursos ya fueron percibidos por la Provincia y todavía no fueron transferidos a Río Grande. Las demoras, dijo, alcanzan los 45 días.
"Existe una decisión política de parte del Gobierno Provincial de desfinanciar a Río Grande", sostuvo Díaz, y advirtió que la falta de fondos ya afecta agua y cloacas, los 15 dispositivos municipales de salud, más de 20 espacios deportivos, el transporte público y las políticas de asistencia social, incluidos comedores, el Programa Alimentario Municipal y becas.
Pérez fue en la misma dirección este martes. En conferencia de prensa, actualizó la cifra a 18.000 millones y subrayó que el reclamo es institucional, no partidario. "Sabemos que la Provincia ha recibido menos recursos. Eso no se discute. Decimos que de esos recursos que se recibieron, han distribuido menos de los que corresponden a Río Grande", afirmó. Se declaró abierto al diálogo con Melella, pero aclaró que el reclamo no se detiene mientras la deuda siga creciendo.
El mismo reclamo, el mismo expediente
El conflicto no nace en 2026. La Resolución 665/2009 del Ministerio de Economía provincial fijó plazos concretos: liquidación semanal de los fondos nacionales y transferencia diaria —con un piso del 75%— de los provinciales. Ese esquema fue homologado por el Superior Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2010, en el expediente 2220/09 iniciado por la Municipalidad de Río Grande.
Los planteos judiciales siguieron en 2010 y 2013. En 2019, siendo intendente, el propio Melella inició el expediente 3909/2019 ante el STJ por la misma deuda. En junio de 2021, cuando Díaz expuso ante los jueces, la deuda sumaba 680 millones de pesos: 500 de coparticipación, 120 tributarios y 60 reconocidos por la planta potabilizadora. "Lo que es deuda es deuda, y carece de nombres propios", dijo entonces el funcionario municipal.
En mayo de 2020, el Tribunal de Cuentas provincial, por Resolución 62/2020, le recordó al gobernador Melella que debía resguardar el acuerdo de 2010: el mismo que él había reclamado como parte del Ejecutivo riograndense. INFOTDF lo sintetizó sin rodeos: le ordenaron cumplir con lo que reclamaba como intendente.
Hoy, con una demora que el Municipio ubica entre 45 y 60 días —frente a un plazo judicialmente considerado razonable de unos 21 días—, la cifra ya no se mide en cientos de millones. Se mide en decenas de miles. Y quien hoy administra la Provincia es quien, hace pocos años, exigía que esos mismos fondos llegaran a Río Grande sin dilaciones.
Qué viene
El Concejo Deliberante acompaña el reclamo. Su presidenta, Guadalupe Zamora, advirtió que los recursos de coparticipación apenas alcanzan para cubrir salarios y que, sin margen de gestión, la ciudad queda sin respuestas para los vecinos. Se evalúa una carta documento y se pedirá una reunión con el gobernador.
Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno provincial no había respondido en forma pública al reclamo actualizado. Mientras tanto, Pérez insiste en que los fondos pertenecen a los riograndenses. La deuda, como dijo Díaz en 2021, sigue sin nombres propios. Solo cambia quién la cobra y quién la debe.