Revés judicial para Nación: deberá informar qué hizo con los fondos del Puerto de Ushuaia

La administración del Puerto de Ushuaia quedó bajo la lupa judicial luego de que un fallo federal obligara a dos organismos nacionales a transparentar el manejo de los recursos desde el inicio de la intervención. El juez Federico Calvete resolvió que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y la Administración General de Puertos (AGP) deberán entregar, en un plazo de diez días, la documentación que hasta ahora habían proporcionado de manera parcial o directamente omitido. La resolución, emitida el viernes 30 de octubre, comprende información sobre ingresos, egresos, movimientos bancarios, contratos, gastos de funcionamiento y remuneraciones del personal. También exige detalles sobre las restricciones impuestas a trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos y documentación vinculada con la seguridad de las instalaciones, incluyendo habilitaciones, planes de protección y procedimientos ante emergencias ambientales. El conflicto judicial se originó a partir de un pedido presentado el 24 de marzo por el medio EDFM, que buscaba conocer el destino de los fondos portuarios bajo la administración nacional. Las respuestas oficiales resultaron insuficientes: mientras la ANPyN derivó buena parte de los requerimientos a la AGP, esta última entregó enlaces institucionales, listados y documentación contable resumida que no permitía reconstruir detalladamente la utilización de los recursos públicos. Al evaluar las actuaciones, Calvete determinó que los organismos no justificaron adecuadamente la falta de información. El magistrado consideró que los registros económicos y financieros solicitados deberían encontrarse disponibles en los sistemas administrativos correspondientes. Asimismo, estableció que los gastos salariales financiados con dinero público deben informarse, aunque preservando los datos personales de cada empleado. También dispuso levantar la reserva judicial que pesaba sobre el expediente desde septiembre, con una excepción vinculada a información personal protegida. La sentencia, que corresponde a primera instancia y llega después de más de siete meses de reclamos, también obliga a las dependencias nacionales a facilitar los expedientes administrativos relacionados con las solicitudes y afrontar las costas del proceso. El pronunciamiento representa un avance en el acceso a información sobre la intervención del Puerto de Ushuaia y refuerza la obligación estatal de rendir cuentas sobre la utilización de fondos públicos. ]]>