Retirados policiales cuestionan la emergencia de la Caja y exigen transparencia

La discusión por el futuro de la Caja previsional policial de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo luego de que familiares, pensionados y retirados de origen territorial cuestionaran las condiciones bajo las cuales se pretende declarar la emergencia del organismo. Aunque reconocen la necesidad de adoptar medidas para enfrentar la crisis financiera, advirtieron que el proyecto presentado ante la Legislatura podría concentrar atribuciones extraordinarias en el Directorio sin garantizar controles suficientes sobre la administración de los recursos. La Asociación de Esposas/os, Pensionadas/os y Familiares de Policías Provinciales de Origen Territorial hizo pública una serie de observaciones en las que reclama mayor transparencia, explicaciones sobre el manejo del patrimonio y garantías para evitar que las decisiones destinadas a recuperar el equilibrio económico terminen perjudicando a los beneficiarios del sistema. Uno de los aspectos que remarcaron es que la declaración de emergencia no constituye una propuesta nueva. Según recordaron, durante abril fueron los propios retirados quienes solicitaron formalmente esa medida ante la Legislatura y las autoridades de la Caja. Sin embargo, consideran que el proyecto actualmente en discusión no ofrece respuestas suficientes sobre las causas del deterioro financiero ni sobre las herramientas que se utilizarán para revertirlo. La entidad también puso en duda la necesidad de una nueva declaración de emergencia sin que antes se expliquen los alcances de la Resolución Interna Nº 148, mediante la cual, según señalaron, el Directorio ya había reconocido administrativamente esa situación. En ese marco, plantearon que resulta indispensable conocer qué facultades adicionales se buscan obtener a través de una ley y por qué se propone un período de dos años para implementar soluciones. El reclamo adquiere mayor gravedad por la situación que atraviesan algunos retirados de origen territorial, quienes, de acuerdo con la asociación, acumulan aproximadamente 16 meses sin percibir las prestaciones previsionales que les corresponden. Para los representantes del sector, esta situación contradice uno de los principales argumentos del proyecto, que presenta la emergencia como una herramienta destinada a garantizar el pago de los beneficios. Otro punto de conflicto es la interpretación sobre el origen del desequilibrio económico. Desde la asociación rechazaron que se responsabilice a los policías de origen territorial por las dificultades financieras de la institución y recordaron que realizaron aportes bajo los mismos porcentajes que los efectivos provinciales, incluso durante períodos más prolongados en numerosos casos. En ese sentido, señalaron que actualmente quedan solamente dos afiliados de origen territorial y cuestionaron cualquier intento de establecer diferencias en el reconocimiento de sus derechos. También consideraron necesario revisar los antecedentes del sistema previsional, incluyendo el convenio firmado entre Nación y Provincia en 1994, el patrimonio existente antes de la conformación de la actual Caja y los distintos regímenes de retiro aplicados a lo largo de los años. La administración de los fondos constituye otra de las principales preocupaciones. La organización reclamó la publicación de información contable actualizada, incluidos los balances correspondientes al ejercicio 2026, y solicitó conocer en detalle las inversiones efectuadas, sus rendimientos, los gastos administrativos y las obligaciones pendientes. Además, pidió identificar a los funcionarios que participaron en las decisiones vinculadas con el destino de los recursos y acceder a los informes técnicos que respaldaron esas operaciones. Consideran que cualquier reforma extraordinaria debe partir de un diagnóstico financiero verificable y no solamente de argumentos generales sobre la falta de sustentabilidad del sistema. Las objeciones también alcanzan las atribuciones que recibiría el Directorio durante la emergencia. La asociación advirtió que determinadas disposiciones podrían afectar derechos previsionales reconocidos por la legislación provincial, particularmente los vinculados con la equiparación de haberes establecida en la Ley Nº 735 y otras normas que regulan el funcionamiento del régimen. En consecuencia, solicitaron que cualquier modificación contemple límites precisos, mecanismos de supervisión y garantías para que los beneficiarios puedan continuar reclamando judicial o administrativamente el cumplimiento de sus derechos. El documento también contiene un mensaje dirigido a los legisladores fueguinos. La entidad sostuvo que quienes acompañen una declaración de emergencia sin exigir previamente información financiera completa y sin escuchar a los sectores afectados deberán asumir la responsabilidad política por las consecuencias de esa decisión. Asimismo, expresaron preocupación por el impacto que las facultades excepcionales podrían tener sobre la elaboración del presupuesto de 2027, especialmente si las medidas terminan trasladando nuevamente las dificultades económicas a los retirados y pensionados. Finalmente, la asociación insistió en que recuperar la estabilidad de la Caja requiere establecer responsabilidades por las decisiones administrativas de los últimos años, transparentar el patrimonio institucional y construir una solución que contemple tanto la situación financiera como las obligaciones previsionales vigentes. “La emergencia puede ser necesaria. El cheque en blanco, no”, expresaron al sintetizar su postura frente al proyecto. De esta manera, el debate legislativo suma un nuevo planteo de quienes reclaman que la crisis de la Caja policial no se resuelva mediante restricciones a los derechos de los beneficiarios. ]]>