Reforma de la Constitución: El Gobierno apeló el fallo del Juzgado Electoral
Desde el Ejecutivo manifiestan que ataca el principio republicano del gobierno y que la sentencia del Juzgado Electoral contradice la legislación vigente, desconoce una decisión del Superior Tribunal de Justicia y genera incertidumbre sobre un proceso institucional ya en marcha. El eje del planteo apunta a un aspecto central: la jueza Zanini habría determinado la […]
Desde el Ejecutivo manifiestan que ataca el principio republicano del gobierno y que la sentencia del Juzgado Electoral contradice la legislación vigente, desconoce una decisión del Superior Tribunal de Justicia y genera incertidumbre sobre un proceso institucional ya en marcha.
El eje del planteo apunta a un aspecto central: la jueza Zanini habría determinado la nulidad del decreto de convocatoria por la queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a que la legislación nacional establece expresamente que ese recurso no detiene el curso del proceso.
Según sostiene la apelación, el Superior Tribunal de Justicia ya había resuelto la cuestión de fondo al validar la Ley Provincial Nº 1529, levantar la medida cautelar que suspendía el proceso electoral y ordenar una nueva convocatoria. Además, el máximo tribunal provincial rechazó posteriormente el Recurso Extraordinario Federal, adquiriendo firmeza a la que alude el fallo en la instancia jurisdiccional local.
Recuerda que al momento de dictarse el Decreto Nº 751/26 no existía ninguna medida cautelar vigente, suspensión judicial ni resolución de la Corte Suprema que impidiera avanzar con la convocatoria electoral.
Uno de los argumentos más fuertes del recurso apunta a la defensa de la autoridad institucional del Superior Tribunal de Justicia. Se entiende que el fallo electoral termina revisando e interpretando una sentencia ya dictada por el máximo órgano judicial fueguino, alterando los efectos de una decisión que debía ser cumplida por los órganos del Estado; a 30 días de haberse notificado el decreto y con las acciones posteriores de los diversos poderes del orden institucional de la provincia.
La apelación también advierte sobre las consecuencias que la sentencia genera sobre el proceso democrático. La nulidad declarada impacta sobre un proceso electoral ya iniciado y abre un escenario de incertidumbre respecto de una instancia clave para el futuro institucional de Tierra del Fuego.