Ramón Gallardo presentó un proyecto para incentivar la construcción privada
El contador presentó una propuesta ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal que contempla la suspensión de la sobretasa por terrenos baldíos durante 24 meses, beneficios fiscales para familias que buscan construir su vivienda y la agilización de los permisos de obra. Advirtió sobre la paralización de la construcción y la falta de empleo en Río Grande, y planteó que es necesario generar herramientas para movilizar al sector privado. Río Grande. -El contador Ramón Gallardo presentó un
El contador presentó una propuesta ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal que contempla la suspensión de la sobretasa por terrenos baldíos durante 24 meses, beneficios fiscales para familias que buscan construir su vivienda y la agilización de los permisos de obra. Advirtió sobre la paralización de la construcción y la falta de empleo en Río Grande, y planteó que es necesario generar herramientas para movilizar al sector privado.
Río Grande. -El contador Ramón Gallardo presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo de Río Grande con el objetivo de promover la reactivación de la construcción privada mediante incentivos fiscales, facilidades administrativas y mecanismos de regularización inmobiliaria. La iniciativa surge en un contexto de retracción de la actividad económica, dificultades para acceder a la vivienda y crecimiento de los niveles de desocupación en la ciudad.
En diálogo con el programa Buscando el Equilibrio, de Radio Provincia, Gallardo explicó que “yo hace muy poquito presenté, porque como vecino de Río Grande, me preocupa la falta de trabajo. Realmente se ha parado todo, la construcción fundamentalmente se ha parado. No solamente no vienen fondos a nivel nacional, sino que la provincia, no tiene un peso para aplicar a la construcción, ni el Gobierno nacional ni el municipal”.
En ese sentido, tomó como referencia la demanda habitacional que existe en Río Grande y mencionó la reciente licitación municipal de 231 terrenos con servicios, que habría recibido más de 3.000 postulaciones. Para el contador, ese escenario demuestra la necesidad de generar alternativas que permitan movilizar al sector privado.
En la misma línea, explicó que “si se reactiva la construcción del sector privado, hay que ver todo lo que mueve: no solamente arquitectos, maestros mayores de obra y mano de obra, sino también transporte y un montón de actividades. Entonces, una de las herramientas más importantes que busco es reactivar la construcción”.
Suspensión de la sobretasa por terrenos baldíos
Uno de los principales puntos de la iniciativa es la suspensión durante 24 meses de la sobretasa municipal que se aplica sobre los terrenos baldíos. Gallardo consideró que el mecanismo, originalmente pensado para desalentar la especulación inmobiliaria, terminó afectando también a familias que adquirieron sus terrenos con esfuerzo y que actualmente no cuentan con recursos suficientes para construir.
“El objetivo de la sobretasa era justamente castigar a aquel que especulaba en la avenida San Martín, en un terreno lujoso, por no urbanizarlo. Pero esto se generalizó, de tal manera que, por ejemplo, quienes compraron un terreno en el San Martín, personas que saben todo lo que costó eso, la escritura y todo, hoy se están endeudando. Y no es porque no quieran construir, sino porque muchas veces no pueden”, señaló.
El proyecto contempla distintos niveles de beneficios según la situación económica de los propietarios: “Aquellas personas que hoy están en condiciones de vulnerabilidad tendrían un 100% de exención. ¿Y quién es una persona vulnerable? Aquel que está desempleado. Tiene que presentar un certificado que demuestre que realmente no tiene ningún ingreso, porque no se puede endeudar a esa persona que compró un terreno, no puede escriturar y encima la están castigando con una sobretasa”.
“Después tenemos a la persona que tiene un trabajo común, pero tampoco le alcanza para acumular materiales ni para escriturar. Entonces, lo mismo: le pido que le hagan una bonificación del 75% de la sobretasa”, detalló.
Gallardo aclaró que los beneficios estarían sujetos a una verificación de la situación económica de cada contribuyente y remarcó que la propuesta busca evitar que las dificultades laborales se conviertan en un obstáculo adicional para quienes ya tienen compromisos económicos.
Comparación de beneficios fiscales en otras provincias
Al fundamentar la necesidad de revisar la carga impositiva que recae sobre la construcción en Tierra del Fuego, Gallardo tomó como referencia distintas experiencias de otras provincias y sostuvo que “Chubut exceptuó el 100% de Ingresos Brutos y Sellos para la construcción de la primera vivienda en un plazo de tres años, desde el inicio de obra. Lo mismo Chubut, Chaco, Santa Fe y Córdoba”.
“¿Nosotros qué tenemos acá? Tenemos Ingresos Brutos, el 1% que cobramos a las constructoras. Tenemos el 1,5% del Fondo de Financiamiento Social y el 1% de Sellos que se quiere eliminar”, detalló.
También comparó los regímenes tributarios de diferentes municipios del país. Mencionó que “¿Cómo incentivás vos para que el sector privado construya? Bueno, ahí tenemos la municipalidad de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Angostura. Reducen hasta un 50% la tasa del impuesto inmobiliario por un plazo de uno a tres años. Y no solamente lo limitan a vivienda única. Otro municipio, Carlos Paz, Córdoba, tiene lo mismo. Municipio de Salta, un 100% de la tasa de impuesto inmobiliario. Y otros, como Río Cuarto, no solamente extienden eso, sino que se extiende hasta servicios de cloaca y agua”.
A partir de esa comparación, cuestionó el esquema vigente en Río Grande y señaló que “¿Y cómo lo encontramos nosotros? Nosotros acá lo encontramos con que existe una ordenanza en la cual, si vos no construís el segundo año, te pone una sobretasa por el impuesto inmobiliario que del segundo al cuarto año te multiplican por tres el impuesto inmobiliario. Del quinto al octavo año multiplican por seis y del noveno en adelante por nueve directamente”, señaló.
Gallardo advirtió que “hay mucha gente, como en el barrio San Martín, que ha comprado su terreno con gran esfuerzo. Muchas veces les costó poder conseguir la escritura y muchas veces no la escrituran. Hoy se encuentran con que algunos están desempleados y otros tienen un trabajo, pero tienen el terreno baldío y están pagando una sobretasa. Se lo están debiendo a la municipalidad y se están sobreendeudando”.
En ese contexto, explicó que “entonces, esta ordenanza busca, de alguna manera, poner algunos beneficios para que se mejore la construcción y, por otro, un alivio. Que el alivio tiene que ver justamente con que no se cobre sobre el baldío una tasa”.
Asimismo, aclaró que “la propuesta es perfectible y la intención es abrir una discusión sobre las herramientas que puede implementar el municipio para acompañar a los vecinos y promover la construcción privada”.
Créditos hipotecarios y articulación con el sector privado
En relación con las herramientas de financiamiento, Gallardo también explicó cómo se instrumenta la línea de créditos hipotecarios impulsada por el Gobierno nacional, que contempla una partida de dos billones de pesos provenientes del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de ANSES.
“El Gobierno nacional sacó dos billones de pesos para hacer créditos hipotecarios nuevamente para movilizar la construcción en toda la Argentina. Esos dos billones de pesos, que son plata de ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo está haciendo licitando a través de distintos bancos para que, constituyendo plazos fijos, puedan otorgar préstamos hipotecarios”, explicó.
El contador señaló que “al principio quería hacerlo de un año a cinco, y los bancos se pararon de mano y dijeron que no alcanzaba. Y lo están haciendo ahora constituyendo plazos fijos que van a ser renovables de 10 a 15 años en los bancos, para que puedan otorgar préstamos hipotecarios. Porque la mayoría de los depósitos de los bancos estaban entre 30 y 60 días, imposible que estén a 15 o 30 años”.
Respecto de las condiciones de acceso, indicó que “este Fondo de Garantía que está otorgando para la primera vivienda, en un plazo mínimo de 15 años, a una tasa de UVA más un 7,5%. En principio partió con 150.000 UVA, el equivalente más o menos a 327 millones de pesos para que puedan adquirir las personas”.
Gallardo también mencionó la participación de entidades bancarias con presencia en Tierra del Fuego y señaló que “¿Qué bancos locales nuestros ya licitaron? Banco Nación, Banco Macro, el Banco BBVA, y el otro día nos juntamos con el presidente en una reunión del Banco Tierra del Fuego y dijo que también andaba en busca de esos. Y Banco Nación inclusive puso una tasa más baja, 6,5% más UVA, no llegó ni siquiera al tope”.
Para Gallardo, el acceso a estos créditos debe complementarse con medidas locales que faciliten la escrituración y reduzcan los costos de construcción. Por eso, planteó que su proyecto de ordenanza busca articular las posibilidades de financiamiento con beneficios fiscales y administrativos que permitan que más vecinos puedan acceder a una vivienda y, al mismo tiempo, reactivar la actividad económica en Río Grande.
Agilización de los permisos de obra
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa está relacionado con la reducción de los costos impositivos y la simplificación de los trámites administrativos para quienes decidan construir. En ese sentido, Gallardo propuso reducir el impuesto inmobiliario durante el período de ejecución de una obra e implementar un sistema de permisos de obra express digital, que permita acortar los tiempos de aprobación municipal.
La propuesta contempla que arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra matriculados puedan presentar de manera digital la documentación técnica requerida y obtener un permiso provisorio en un plazo de 72 horas hábiles.
“Pido que el impuesto inmobiliario se baje cuando vas a construir. Acá pido que se modernice o que se establezca, solicitándole al Poder Ejecutivo Municipal un permiso de obra express digital. ¿Qué es lo que busco con esto? Que los profesionales matriculados, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, puedan cargar de forma digital toda la documentación técnica básica requerida y obtener un permiso de obra provisorio en 72 horas hábiles. No es que lo inventé, ya existe esto”, explicó.
Gallardo señaló que “¿Y qué hace esto? El inicio del proyecto queda a cargo de la responsabilidad de ese profesional y después la municipalidad tendrá que dar los controles respectivos. Pero vos, por experiencia, no podés esperar seis o siete meses donde un legajo va y viene, va y viene. Después tenés Camuzzi, después está la veda invernal y, en conclusión, pasan dos o tres años y no podés terminar una obra”.
Revisión de exigencias de Obras Sanitarias y costos de escrituración
Dentro de las medidas destinadas a reducir los costos de construcción, Gallardo también planteó revisar los requerimientos de Obras Sanitarias para las conexiones domiciliarias, al considerar que en algunos casos se solicitan materiales en cantidades superiores a las que finalmente se utilizan. El contador señaló que conoce estas situaciones por experiencia propia y sostuvo que es necesario adecuar las exigencias si se pretende incentivar la construcción privada.
“Hay que hacer una revisión de algunos pedidos de Obras Sanitarias. Esto lo hablo por experiencia, porque he hecho construcciones para mi hijo y he visto lo que sucede. Hoy Obras Sanitarias te pide de dos a cuatro metros cúbicos de relleno cuando vas a conectar el agua y la cloaca. Te pide los caños de 110, que tienen cuatro metros, codos, etcétera, y por ahí utiliza el 10%. El objetivo no es que Obras Sanitarias acopie materiales del vecino, a ver si soy claro», cuestionó.
Asimismo, propuso que “también pido que esta mesa técnica, esta comisión, llame a Camuzzi para que, de alguna manera, se puedan agilizar los trámites para que otorguen el medidor y se obtenga el final de obra. Y por último, también pido que se llame a los escribanos, porque en esta mesa van a estar, para que pongan alguna, yo le llamo una tasa de honorario social, que permita no matarlo al vecino y que el tipo sea acreedor a un crédito”.
Gallardo insistió en que “yo como vecino, lo único que pido es que realmente hoy, con la desocupación que existe en Río Grande, que está arrastrando hasta los locales que venden materiales, apuntemos como otros municipios a lo que tenemos localmente. No castiguemos, sino que démosle una posibilidad, porque no lo están recaudando eso. ¿A qué ganamos con tener una moratoria y decirle a una persona que tiene que regularizar lo que debe, cuando termina de regularizar y al otro mes ya tiene otro sobrecargo?”.
En esa línea, remarcó que “yo estoy apuntando al futuro. Cortarle el chorro ahí y darle la posibilidad de que la construcción, de alguna manera, a través de esta ordenanza, ojalá la empiecen a revisar y a mirar”.
32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina
Por otro lado, Gallardo también se refirió a los anuncios realizados en la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), particularmente a las medidas vinculadas con la presión fiscal y el financiamiento empresarial.
Asimismo, explicó que “Caputo anunció la suspensión de embargos y medidas cautelares hasta mayo de 2027, esto es interesante para todos los comerciantes y empresarios. Además, la se amplió el plazo para incorporar deudas tributarias a los planes de pago hasta el 31 de octubre y sigue el plazo de 18 meses para poder pagarlo. Otro de los anuncios que hizo es que el Banco Nación va a otorgar créditos para la compra de automóviles, con tasas nominales anuales del 20% y plazos de entre dos y cinco años”.
Consultado por el presupuesto provincial reconducido y el debate legislativo, consideró que la situación requiere una discusión amplia que involucre a todos los poderes y organismos del Estado.
“Hay una situación general donde acá no se salva nadie, hay que buscar la mejor alternativa. Pero también es importante esto: no hay que mirar para un costado porque hay organismos autárquicos que tienen su propio presupuesto y gastan su propia cosa. La Legislatura tiene su propio presupuesto y la Justicia tiene su propio presupuesto. Entonces, todos tendrán que discutir cómo encauzar esta situación”,cerró.