Puerto de Ushuaia: los organismos nacionales apelaron para no entregar información sobre el uso de los fondos
08:48 | El juez federal Federico Calvete, que el 30 de octubre había ordenado a los organismos nacionales entregar información sobre el manejo de los fondos del Puerto de Ushuaia, concedió pocos días después sus apelaciones con efecto suspensivo. La decisión dejó en suspenso la entrega de documentación reclamada por el Diario del Fin del Mundo, mientras se espera una resolución de la Cámara Federal.
La administración de los fondos del Puerto de Ushuaia continúa bajo cuestionamiento y ahora suma un nuevo capítulo judicial. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y la Administración General de Puertos (AGP) apelaron una sentencia que las obligaba a entregar información pública sobre el funcionamiento de la terminal, y consiguieron que esa orden quedara suspendida mientras se revisa el fallo.
La decisión fue adoptada el pasado 5 de noviembre por el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, quien concedió los recursos presentados por ambos organismos nacionales con efecto suspensivo. De esta manera, la documentación reclamada no deberá entregarse por ahora, a la espera de lo que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El caso se originó a partir de un amparo presentado por el Diario del Fin del Mundo, que había solicitado acceder a información relacionada con las contrataciones, los movimientos financieros, la utilización de recursos públicos, el personal y las condiciones operativas del puerto desde su intervención.
El 30 de octubre, el propio juez Calvete había hecho lugar al reclamo del medio fueguino y ordenado a la ANPyN y la AGP proporcionar, en un plazo de diez días, la información pendiente y facilitar el acceso a los expedientes administrativos correspondientes.
La sentencia consideró que las respuestas brindadas hasta ese momento no cumplían íntegramente con las obligaciones establecidas por la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, el 3 de noviembre ambos organismos apelaron la resolución y solicitaron suspender su cumplimiento, planteo que fue aceptado dos días después.
Según publicó el Diario del Fin del Mundo, la ANPyN sostuvo que ya había cumplido con sus obligaciones de información y que no disponía de mayores datos sobre el uso de los fondos provenientes de la explotación del Puerto de Ushuaia.
Por su parte, la AGP argumentó que había respondido los requerimientos que estaban dentro de su competencia y que no tenía obligación de elaborar nueva documentación ni de proporcionar información correspondiente a otro organismo, dado que la intervención había sido dispuesta por la ANPyN.
Con esos planteos, la discusión sobre la entrega de documentación pasó a una nueva instancia judicial.
Los ingresos del puerto, en el centro de la discusión
El conflicto adquiere especial relevancia porque la intervención nacional modificó el esquema de administración de los recursos que genera la terminal fueguina.
Los trabajadores portuarios vienen advirtiendo que, desde que Nación asumió el control del puerto el pasado 21 de enero, la Dirección Provincial de Puertos dejó de percibir los ingresos correspondientes a los servicios portuarios.
Durante una reciente entrevista televisiva, representantes de los trabajadores señalaron que los salarios del personal desplazado se están sosteniendo con reservas provinciales originalmente destinadas a inversiones y mejoras de infraestructura.
En ese contexto, conocer cuánto dinero ingresa al puerto, cómo se administra y a qué gastos se destina constituye uno de los interrogantes centrales que rodean la intervención.
La apelación presentada por los organismos nacionales no implica, por sí misma, que existan irregularidades en el manejo de los fondos. Sin embargo, posterga el acceso a documentación que permitiría conocer con mayor precisión la administración de esos recursos.
El expediente tiene además una particularidad: durante su tramitación estuvo sujeto a restricciones de consulta pública, una situación cuestionada por el medio que impulsó el amparo.
La sentencia del 30 de octubre había ordenado levantar esa restricción general, salvo respecto de determinada documentación protegida.
Ahora, con la suspensión de la obligación de entregar información, el reclamo vuelve a quedar sujeto a los tiempos judiciales.
Más allá de la controversia por la intervención del Puerto de Ushuaia, el caso plantea una cuestión de interés público: el derecho de los fueguinos a conocer cómo se administran los ingresos y los recursos de una terminal estratégica para la provincia.
Por el momento, será la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que deberá revisar la sentencia cuestionada por los organismos nacionales.