Puerto de Ushuaia: la Justicia provincial avanza en la investigación y pone el foco en Fernando Polizzi
08:37 | El Juzgado de Instrucción N.º 2 resolvió continuar con la investigación por los presuntos impedimentos al ingreso de inspectores ambientales al puerto intervenido. Además, aceptó a la Fiscalía de Estado como querellante y solicitó información adicional antes de decidir si autoriza el registro de las instalaciones portuarias.
La investigación por los presuntos impedimentos al ingreso de inspectores ambientales provinciales al Puerto de Ushuaia continuará, por el momento, en la órbita de la Justicia de Tierra del Fuego. Así lo dispuso el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, luego de que la Justicia Federal rechazara intervenir en la causa y devolviera el expediente.
La resolución, fechada el 26 de octubre, establece nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados, entre ellas la notificación de derechos y garantías a Fernando Ariel Polizzi, máxima autoridad local de la intervención federal del puerto.
El juzgado consideró necesario profundizar la investigación antes de resolver definitivamente la cuestión de competencia entre ambas jurisdicciones. Para ello, buscará establecer en qué circunstancias se habría impedido el ingreso de los funcionarios provinciales, quiénes intervinieron y cuáles fueron las instrucciones impartidas.
La decisión no descarta que la competencia judicial pueda volver a discutirse a medida que se incorporen nuevos elementos al expediente.
Polizzi será notificado de sus derechos y garantías
Uno de los puntos centrales de la resolución es la orden de notificar formalmente a Fernando Ariel Polizzi de los derechos y garantías que le corresponden por ley, en el marco de la investigación penal.
La medida estará a cargo de la División Delitos Complejos de Ushuaia, que podrá requerir la colaboración de la Prefectura Naval Argentina para concretar la diligencia.
La notificación no implica que se haya determinado responsabilidad penal alguna, sino que constituye una medida destinada a garantizar sus derechos ante una eventual vinculación con los hechos investigados.
La Justicia deberá determinar quiénes dispusieron, ejecutaron o permitieron las presuntas restricciones al ingreso de los inspectores de la Secretaría de Ambiente provincial.
La Fiscalía de Estado podrá intervenir como querellante
El juzgado también aceptó la incorporación de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego como parte querellante en la investigación.
El organismo, encabezado por Virgilio Juan Martínez de Sucre, había solicitado intervenir al considerar que los hechos denunciados podrían haber afectado las facultades provinciales de fiscalización y control ambiental.
Con esta decisión, la Fiscalía de Estado podrá participar activamente en el expediente y ejercer las facultades procesales que le corresponden como querellante.
Sin embargo, el tribunal rechazó conceder la apelación que había presentado contra la anterior declaración de incompetencia. El argumento fue que, al momento de interponer ese recurso, el organismo todavía no había sido admitido formalmente como querellante y, por lo tanto, no estaba habilitado procesalmente para recurrir.
La Justicia pidió precisiones antes de autorizar el registro del puerto
Otro aspecto relevante de la resolución está vinculado con el pedido para que personal técnico de la Secretaría de Ambiente pueda ingresar a las instalaciones portuarias y realizar tareas de inspección, auditoría y fiscalización.
El juzgado todavía no autorizó definitivamente esa medida. Antes de resolver, solicitó a las autoridades ambientales provinciales que amplíen la información sobre los controles que pretenden llevar adelante.
En particular, deberán precisar qué actividades buscan realizar, cuáles son los sectores del puerto que necesitan inspeccionar y qué instalaciones, sustancias, residuos o elementos serán objeto de verificación.
También tendrán que justificar las facultades legales que respaldan esas tareas, informar si existen riesgos ambientales concretos o situaciones de urgencia y explicar si podría producirse la pérdida o alteración de elementos relevantes para la investigación.
Además, el tribunal requirió un detalle de las tareas de fiscalización desarrolladas en el Puerto de Ushuaia durante los últimos tres años, vinculadas con las mismas actividades y normativas que ahora se pretende aplicar.
Una vez incorporada esa información, el juzgado evaluará si corresponde autorizar el registro de las instalaciones y bajo qué condiciones.
Una investigación que sigue abierta
La resolución permite que la causa continúe avanzando dentro de la Justicia provincial, aunque todavía no está resuelta de manera definitiva la discusión sobre qué jurisdicción deberá intervenir.
Por ahora, la investigación se concentra en esclarecer los presuntos impedimentos al ejercicio de las facultades de control ambiental de la Provincia en el Puerto de Ushuaia.
No se han establecido responsabilidades penales y la autorización del registro solicitado continúa pendiente. Los próximos pasos dependerán de la información que presente la Secretaría de Ambiente y de las nuevas medidas que se dispongan durante la investigación.