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Propiedad Privada: el Senado mantuvo las restricciones

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El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, que tuvo modificaciones durante su recorrido parlamentario. El texto finalmente aprobado restableció la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que establece restricciones a la extranjerización de campos, y también modificó los procedimientos de desalojo y expropiación de inmuebles urbanos y rurales.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que tuvo modificaciones durante su recorrido parlamentario. El texto finalmente aprobado restableció la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que establece restricciones a la extranjerización de campos, y contempla mecanismos para acelerar la restitución de propiedades ocupadas.

La votación terminó con 42 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención. La Libertad Avanza consiguió el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y distintos bloques provinciales. En rechazo al avance sobre la propiedad privada votaron el bloque Justicialista (que integra Alicia Kirchner), Movere Santa Cruz (Natalia Gadano y José María Carambia), La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.

La Ley de Tierras seguirá vigente y limita la extranjerización

Uno de los puntos centrales de la sanción fue la restitución de la Ley 26.737, aprobada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La normativa establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y fija restricciones para evitar una concentración de la propiedad en manos de personas o empresas de otros países.

La ley establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad extranjera puede concentrar más del 30% de ese porcentaje permitido.

También contempla un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, además de restricciones específicas sobre tierras ubicadas en zonas de frontera y aquellas que contienen cuerpos de agua de importancia.

La iniciativa original de Sturzenegger proponía eliminar esas restricciones, en línea con lo dispuesto por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei. Sin embargo, durante el tratamiento legislativo, el oficialismo debió modificar el proyecto y finalmente incorporó dos artículos para dejar sin efecto la derogación de la Ley de Tierras y restablecer su vigencia.

El cambio se produjo después de un recorrido parlamentario atravesado por controversias judiciales y negociaciones políticas. La discusión volvió a cobrar fuerza luego de las decisiones de la Corte Suprema vinculadas con la vigencia de la normativa.

En ese contexto, el Gobierno incorporó nuevamente el capítulo de tierras durante el tratamiento en Diputados, en medio de las negociaciones para evitar que la oposición avanzara con la derogación completa del DNU 70/23.

Los desalojos podrán resolverse en plazos más cortos

Otro de los principales cambios de la nueva ley está relacionado con los procedimientos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. La normativa establece un mecanismo más rápido para recuperar propiedades ocupadas de manera irregular y modifica los plazos judiciales.

En los casos de inmuebles usurpados o de ocupantes con tenencia precaria, el juez podrá disponer la restitución inmediata de la propiedad cuando considere verosímil el derecho invocado y exista una caución juratoria.

Además, el magistrado podrá intimar a los ocupantes a devolver el inmueble dentro de las 72 horas, siempre que el propietario presente documentación que acredite su titularidad y solicite la medida correspondiente.

La reforma también establece que los procesos de desalojo se tramitarán mediante un juicio sumarísimo, con el objetivo de reducir los tiempos respecto de los procedimientos anteriores.

En los casos de falta de pago de alquileres, la norma contempla un plazo específico para que los inquilinos puedan regularizar su situación antes de que el propietario inicie la demanda.

El locador deberá enviar una intimación fehaciente y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para cancelar la deuda, contados desde la recepción de la notificación. Si el incumplimiento continúa, podrá avanzar con la acción judicial de desalojo.

La normativa también contempla situaciones de vulnerabilidad. Cuando entre los ocupantes haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique detener el proceso judicial.

Qué cambia en las expropiaciones

La ley también introduce modificaciones al régimen de expropiaciones y establece mayores restricciones para que el Estado pueda declarar de utilidad pública un inmueble.

A partir de la reforma, esa declaración deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación específica y concreta. Además, tendrá que demostrar que la medida resulta idónea, necesaria y proporcional al objetivo que se busca alcanzar.

En materia de indemnizaciones, se establece que el resarcimiento podrá incluir el lucro cesante, aunque tendrá un límite del 30% del valor del daño emergente, salvo que el propietario demuestre fehacientemente que la afectación económica fue superior.

El valor del inmueble deberá calcularse tomando como referencia el momento inmediatamente anterior a cualquier acto administrativo, legislativo o anuncio público vinculado con la expropiación.

La actualización de los montos se realizará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés nominal activa del Banco Nación. También se establece que el dominio del bien no podrá transferirse sin el pago íntegro de la indemnización correspondiente.

Otro punto de la reforma establece que las ocupaciones temporáneas anormales deberán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Tendrán un plazo máximo de 90 días, con posibilidad de una única prórroga ante circunstancias graves y de necesidad pública, siempre que no existan alternativas menos restrictivas.

La modernización del Registro de la Propiedad Inmueble

La iniciativa sancionada también contempla cambios en la Ley 17.801, que regula el Registro de la Propiedad Inmueble, con el propósito de incorporar herramientas tecnológicas al sistema registral.

Entre las modificaciones se encuentra la posibilidad de digitalizar integralmente los procedimientos, presentar documentos en formato electrónico y utilizar firmas digitales conforme a la legislación vigente.

El objetivo es avanzar hacia un sistema que garantice la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de la información registral, además de agilizar los trámites vinculados con los derechos de propiedad.

Por otra parte, se introdujeron modificaciones al régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri, para facilitar el acceso a la escritura de la vivienda única a familias que acrediten una posesión pública durante los diez años anteriores.

Proyecto con modificaciones

El texto aprobado por el Senado fue resultado de distintas modificaciones respecto de la propuesta original del Gobierno nacional. Durante el tratamiento parlamentario quedaron afuera capítulos vinculados con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Ley de Manejo del Fuego.

La senadora por Chubut Edith Terenzi hizo referencia a ese recorrido durante el debate y destacó que el restablecimiento de la Ley de Tierras permitía cerrar la discusión sobre la vigencia de las restricciones a la extranjerización.

“Solo quedó en pie el capítulo de expropiaciones, desalojo y modernización de registro de inmuebles. En esta media sanción vuelve sobre el artículo 154 del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierras. Esta es una situación reivindicatoria porque tenemos la posibilidad de ratificar lo que votamos cuando no acompañamos el decreto, nos permite dar por terminada esta incertidumbre en la que habíamos quedado expuestos por la vigencia del DNU”, expresó.

La legisladora también defendió la recuperación de la normativa rural y vinculó su vigencia con la protección de los recursos nacionales: “Tenemos muy ligado el concepto de tierra al de soberanía, recuperamos la protección sobre nuestras tierras”.

Desde el bloque Justicialista, el senador rionegrino Martín Soria cuestionó el cambio de posición del oficialismo respecto de la propuesta original. Recordó que el proyecto enviado inicialmente buscaba derogar la Ley de Tierras, mientras que el texto definitivo terminó restituyéndola.

“En la historia parlamentaria de este Senado no recuerdo un caso similar en donde un gobierno impulsa una ley para hacer una cosa, y el mismo gobierno que mandó ese proyecto termina votando exactamente lo contrario. Nunca visto”, sostuvo.