Pérez con más críticas a Milei y lamentó “la profunda crisis en Río Grande”
El intendente Martin Perez participó este martes de un reclamo conjunto de intendentes de todo el país. Denunció la pérdida de miles de empleos, la caída industrial y el impacto del aumento de combustibles en las economías locales. Sostuvo que el Gobierno Nacional “provoca pobreza en cada ciudad”.
El intendente Martin Perez participó este martes de un reclamo conjunto de intendentes de todo el país. Denunció la pérdida de miles de empleos, la caída industrial y el impacto del aumento de combustibles en las economías locales. Sostuvo que el Gobierno Nacional “provoca pobreza en cada ciudad”.
El intendente volvió a posicionarse en el centro del debate económico nacional al acompañar un reclamo colectivo impulsado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), desde donde intendentes de todo el país elevaron una presentación formal ante el Ministerio de Economía de la Nación.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal fue categórico al describir el escenario que atraviesan las ciudades argentinas bajo la actual política económica del presidente Javier Milei. “El Gobierno está provocando pérdida de empleo, caída de la actividad y empobrecimiento en cada ciudad”, expresó, sintetizando una postura que ya viene sosteniendo en distintos ámbitos.
Un diagnóstico con fuerte impacto local
En su mensaje, el Jefe comunal riograndense puso especial énfasis en la situación de Río Grande, a la que describió como uno de los casos más afectados por el actual contexto macroeconómico.
Según detalló, la ciudad ya registra la pérdida de aproximadamente 10.000 empleos en el sector privado, un dato de alto impacto que refleja la contracción de la actividad económica, particularmente en el entramado industrial.
En esa línea, aseguró que la industria local sufrió una caída superior al 50%, lo que afecta directamente al principal motor productivo de la ciudad y, por extensión, a la estabilidad social y laboral de miles de familias.
El señalamiento no es menor en una ciudad cuya matriz económica está fuertemente vinculada al régimen de promoción industrial, lo que convierte a cualquier retroceso del sector en un factor crítico para el entramado socioeconómico.
Reclamos concretos: combustibles y obra pública
El documento presentado por los intendentes nucleados en la FAM incluye una serie de pedidos puntuales al Gobierno nacional, orientados a mitigar los efectos de la crisis en los territorios.
Uno de los ejes centrales es la solicitud de retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, en un contexto de aumentos sostenidos que impactan tanto en los costos logísticos como en el precio final de bienes y servicios.
Para ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, como Río Grande, el costo del combustible adquiere una relevancia aún mayor, dado su efecto multiplicador en toda la cadena productiva y comercial.
Otro de los planteos clave es la reactivación de la obra pública financiada con fondos nacionales, gran parte de la cual se encuentra paralizada desde 2023. Según advirtieron los intendentes, esta situación no solo frena el desarrollo de infraestructura estratégica, sino que también elimina una fuente directa de empleo y dinamización económica.
Un frente común de los municipios
La presentación ante el Ministerio de Economía se inscribe en una estrategia más amplia de los gobiernos locales para visibilizar el impacto territorial de las decisiones macroeconómicas.
En ese marco, la FAM volvió a consolidarse como un espacio de articulación política entre intendentes de distintos signos partidarios, que coinciden en advertir sobre las consecuencias del ajuste en las economías regionales.
Para Martín Pérez, este tipo de acciones colectivas resultan fundamentales para equilibrar la discusión pública y trasladar al ámbito nacional las problemáticas concretas que enfrentan las ciudades.
Tensión política y disputa de modelos
Las declaraciones del intendente riograndense también se inscriben en un escenario de creciente tensión política entre los gobiernos locales y la administración nacional.
Mientras el Ejecutivo nacional sostiene la necesidad de un ajuste profundo para estabilizar la economía, desde numerosos municipios se advierte sobre los efectos sociales de esas medidas, particularmente en términos de empleo, consumo y producción.
En ese marco, Martín Pérez viene consolidando un discurso crítico que pone el foco en la defensa del entramado productivo local y del empleo, en línea con otros dirigentes que cuestionan el rumbo económico actual.
Un escenario abierto
El reclamo elevado por la FAM abre un nuevo capítulo en la relación entre Nación y municipios, en un contexto donde las variables económicas continúan generando incertidumbre.
En el caso de Río Grande, los números expuestos por el intendente reflejan una situación delicada que podría profundizarse si no se revierten algunas de las tendencias actuales.
Así, el planteo del intendente Martín Pérez no solo busca respuestas inmediatas, sino también instalar en la agenda nacional el debate sobre el impacto real de las políticas económicas en las ciudades del interior, donde la crisis no se mide en indicadores abstractos, sino en empleo, producción y calidad de vida.