Organizaciones fueguinas piden a legisladores nacionales frenar la reforma de la Ley de Salud Mental

Organizaciones sociales, profesionales de la salud, referentes institucionales y usuarios del sistema participaron en Ushuaia de una Asamblea Abierta sobre Salud Mental y Derechos Humanos, donde manifestaron su preocupación por el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en abril de 2026.El encuentro, realizado de manera presencial y virtual, reunió a más de cienc participantes entre profesionales de salud pública, organizaciones no gubernamentales, representantes de Bienestar Ciudadano, Educación, fuerzas de seguridad, OSEF, entidades académicas, colegios profesionales, usuarios y familiares.Como resultado de la jornada, se elaboró un documento base dirigido a los legisladores nacionales por Tierra del Fuego solicitando que rechacen la iniciativa de modificación de la normativa vigente.Entre los principales expositores estuvieron la secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, María Graciela Iglesias; el ex diputado nacional e impulsor de la ley original, Leonardo Gorbacz; y el coordinador de la Secretaría de Discapacidad, Gonzalo Zárate, además de representantes de distintas organizaciones que participaron tanto de manera presencial como remota.El documento elaborado por la asamblea sostiene que la propuesta del Ejecutivo introduce “cambios regresivos” que afectan el paradigma de derechos humanos sobre el que se construyó la legislación actual.Uno de los puntos cuestionados es el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por el de “trastorno”, lo que -según señalaron- desplaza el abordaje interdisciplinario hacia una mirada centrada exclusivamente en criterios psiquiátricos.También expresaron preocupación por la flexibilización de las instituciones monovalentes, el debilitamiento de los dispositivos comunitarios de atención y las modificaciones previstas para el Órgano de Revisión, al considerar que podrían reducirse los controles sobre las internaciones involuntarias.El secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo de la provincia, David De Piero, advirtió que la reforma “no viene a dar respuesta a la crisis que atraviesa el sector, sino que podría incrementarla”.El funcionario sostuvo que uno de los aspectos más preocupantes es el desfinanciamiento, debido a que el proyecto elimina la obligación del Estado Nacional de financiar políticas provinciales en salud mental y limita su intervención a tareas de asesoramiento.Según explicó, este escenario ya comenzó a reflejarse en Tierra del Fuego con la reducción del Plan Remediar, la quita de subsidios para residencias interdisciplinarias y el recorte de programas de inclusión laboral.“La demanda está hoy superando la capacidad de respuesta”, afirmó De Piero, quien además remarcó las dificultades para incorporar profesionales especializados debido a la competencia con ofertas laborales del exterior.Finalmente, consideró que reemplazar el concepto de “padecimiento” por el de “trastorno” implica “armar otra salud mental”, dejando fuera situaciones sociales o vitales -como duelos o crisis económicas- que requieren acompañamiento estatal aunque no constituyan un trastorno psiquiátrico.