Nuevo revés judicial para la reforma constitucional: el Superior Tribunal rechazó una cautelarMelella: “Algunos no quieren la reforma porque cobran cuatro o cinco veces más que el gobernador”
09:16 | Los cinco jueces del máximo tribunal fueguino rechazaron por unanimidad el pedido para suspender la ley que dejó sin efecto la reforma de la Constitución provincial. La decisión mantiene frenado el proceso y sin fecha la elección de convencionales constituyentes, aunque todavía resta resolver la cuestión de fondo.El gobernador Gustavo Melella insistió en la necesidad de avanzar con la reforma de la Constitución fueguina y apuntó contra los intereses políticos e institucionales que, según sostuvo, dificultan su tratamiento. Cuestionó el crecimiento del gasto político, los elevados salarios en algunos organismos y también a quienes ya comenzaron a posicionarse como candidatos para 2027.
La reforma de la Constitución de Tierra del Fuego impulsada por el gobernador Gustavo Melella sumó un nuevo obstáculo judicial y su concreción aparece cada Vez más lejana. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó por unanimidad una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado que buscaba dejar sin efecto, de manera provisoria, la ley mediante la cual la Legislatura frenó el proceso reformista.La resolución, conocida este viernes 9 de octubre, fue firmada por los cinco integrantes del máximo tribunal provincial y representa un nuevo revés para la intención de avanzar con la elección de convencionales constituyentes.El planteo había sido impulsado por el fiscal de Estado subrogante, Antonio César Petkos, en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Provincial 1626, que derogó la Ley 1529, mediante la cual se había declarado la necesidad de reformar parcialmente la Carta Magna fueguina.La intención era suspender los efectos de esa derogación mientras se resolvía el planteo judicial de fondo. Sin embargo, los magistrados consideraron que no estaban dadas las condiciones para adoptar una medida de esa naturaleza. La ley que frenó la reforma sigue vigenteUno de los argumentos centrales del Superior Tribunal fue que la Ley 1626 mantiene su presunción de constitucionalidad, especialmente porque su sanción fue ratificada por la Legislatura después de que el gobernador Melella intentara vetarla.Los jueces señalaron que se trata de una norma que goza de presunción de validez y remarcaron que, aun después del veto del Ejecutivo, fue sostenida por los legisladores mediante el mecanismo previsto en la Constitución provincial.De esta manera, la ley que derogó la necesidad de reforma continúa plenamente vigente y el Gobierno no logró reactivar el procedimiento a través de esta presentación judicial. Sin elecciones y con el calendario paralizadoEl fallo también puso el foco en otro de los obstáculos que enfrenta el proceso reformista: la situación judicial del decreto mediante el cual el Ejecutivo había convocado a elecciones de convencionales constituyentes.Se trata del Decreto 751/26, que había fijado inicialmente los comicios para el 9 de agosto de este año y que fue anulado por la Justicia Electoral.Aunque esa decisión fue apelada, el Superior Tribunal advirtió que la convocatoria continúa judicialmente cuestionada y que, por lo tanto, no existe actualmente un cronograma electoral en marcha.Esta situación complica todavía más las posibilidades de concretar la reforma durante 2026, teniendo en cuenta los plazos legales necesarios para organizar una elección. Una disputa política y judicial que todavía no terminóLa reforma constitucional se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre el Ejecutivo provincial y sectores de la Legislatura.Mientras el gobernador Melella sostiene la necesidad de actualizar la Constitución fueguina y modificar aspectos de su funcionamiento institucional, los sectores que se opusieron al proceso cuestionaron especialmente la oportunidad política y económica de avanzar con una Convención Constituyente en medio de las dificultades que atraviesa la provincia.La disputa terminó trasladándose a los tribunales, donde se discuten tanto la validez de la derogación legislativa como la legalidad de la convocatoria electoral.El pronunciamiento conocido este viernes no resuelve definitivamente si la Legislatura tenía facultades para derogar la ley que había habilitado la reforma. Esa discusión deberá continuar dentro del proceso judicial correspondiente.Sin embargo, la consecuencia inmediata es clara: la ley que frenó la reforma sigue vigente, la convocatoria electoral no está activa y el Ejecutivo no consiguió destrabar el proceso.Así, mientras las causas judiciales continúan abiertas y el calendario avanza, la posibilidad de reformar la Constitución provincial durante este año se vuelve cada vez más difícil.