Notificaron de derechos y garantías a Fernando Polizzi
La causa penal por impedir los controles ambientales en el Puerto de Ushuaia vuelve a avanzar en la Justicia provincial.
l Juzgado de Instrucción a cargo de la investigación por los presuntos delitos cometidos por las autoridades de la ANPyN resolvió notificar formalmente de sus derechos y garantías a Fernando Ariel Polizzi, señalado como la máxima autoridad local de la intervención federal. La medida se dispuso en el marco de la investigación por los impedimentos al ingreso de inspectores ambientales provinciales. Además, admitió a la Fiscalía de Estado como querellante y ordenó profundizar la investigación.
La investigación penal por los presuntos impedimentos al ejercicio de los controles ambientales provinciales en el Puerto de Ushuaia sumó una decisión judicial de especial relevancia. Es que el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur ordenó notificar formalmente de los derechos y garantías que lo asisten por ley a Fernando Ariel Polizzi, a quien identificó como la máxima autoridad local de la intervención federal sobre la terminal portuaria.
La resolución, dictada el 26 de octubre en el expediente N.º 42.281/2026, representa un avance en una investigación que busca determinar las responsabilidades por las restricciones impuestas a funcionarios provinciales que pretendían desarrollar tareas de inspección, auditoría y fiscalización ambiental dentro de las instalaciones portuarias.
En efecto, desde el tribunal se consideró que las conductas investigadas podrían encontrarse bajo el dominio de la autoridad local de la intervención. Sobre esa base, dispuso que Polizzi sea notificado de sus garantías constitucionales, una medida destinada a resguardar sus derechos frente a su eventual vinculación con los hechos investigados.
La decisión identifica con claridad al funcionario local de mayor jerarquía que podría quedar involucrado frente a las posibles responsabilidades penales por los hechos denunciados.
Asimismo, el tribunal encomendó el cumplimiento de la notificación a la División Delitos Complejos de Ushuaia, que podrá solicitar la colaboración de la Prefectura Naval Argentina en caso de resultar necesario.
La Fiscalía de Estado será querellante
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción admitió la incorporación de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego como parte querellante, en representación de los intereses provinciales presuntamente afectados.
La decisión responde a la presentación efectuada por el fiscal de Estado, Virgilio Juan Martínez de Sucre, quien había solicitado intervenir activamente en el proceso penal por considerar que los hechos denunciados afectan las atribuciones de fiscalización ambiental de la Provincia.
En consecuencia, el organismo podrá ejercer las facultades procesales correspondientes a su nueva condición, incluyendo la participación en el impulso de la investigación.
Entretanto, otro aspecto central de la resolución guarda relación con la orden judicial que determinó el ingreso de inspectores ambientales al Puerto de Ushuaia, información que se detalla en otra noticia de este medio.
Todo surge a raíz de la presentación de la Fiscalía de Estado que inicialmente había solicitado una medida de registro de las instalaciones para permitir que personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial pudiera realizar las inspecciones, auditorías y verificaciones que, según la denuncia, habían sido impedidas.
Frente a ese requerimiento, y como consecuencia del requerimiento fiscal por parte del doctor Nicolás Arias, se decidió solicitar información complementaria que fue contestada por las autoridades de la Secretaría de Ambiente provincial.
En este nuevo contexto, la identificación de Fernando Polizzi como máxima autoridad local adquiere suma relevancia porque la investigación deberá determinar quiénes dispusieron, ejecutaron o permitieron los impedimentos denunciados y bajo qué instrucciones actuaron. Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que también estará involucrado en el análisis de las responsabilidades del dirigente sindical ligado a la ANPyN, Juan Avellaneda.
Por ahora, la Justicia no ha establecido responsabilidades penales. Precisamente, la continuidad de la investigación deberá permitir esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar si existieron conductas constitutivas de delito, más allá de las responsabilidades administrativas que surgirán luego de las medidas judiciales dispuestas en la jornada de ayer.