“Ni siquiera pudimos volver a buscar nuestras cosas”: la incertidumbre de los trabajadores desplazados del puerto de Ushuaia“Si no hay paz para los trabajadores y sus familias, tampoco habrá paz para la intervención”: la dura carta abierta de trabajadores del Puerto de Ushuaia

A casi cuatro meses de la intervención del puerto de Ushuaia, trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos denunciaron que continúan impedidos de ingresar a sus puestos laborales, cuestionaron la legalidad del proceso impulsado por Nación y advirtieron sobre posibles consecuencias económicas, institucionales y geopolíticas para Tierra del Fuego.En una extensa entrevista concedida a la Televisión Pública Fueguina, Valeria Barría y Gastón Castillo aseguraron que desde el 21 de enero —día en que se concretó la toma de control de la terminal portuaria por parte de (ANPY), junto a Prefectura Naval y el gremio UPSF— la situación de los trabajadores “no cambió absolutamente nada”.“Los primeros que no pudieron ingresar fueron los maquinistas y el personal operativo que entra a trabajar a las 6 de la mañana. Hasta el día de hoy, 82 trabajadores de la parte operativa siguen sin poder entrar a su puesto”, sostuvo Barría.Según explicaron, la medida afectó no sólo al personal operativo del puerto capitalino, sino a toda la estructura de la Dirección Provincial de Puertos, incluyendo trabajadores de Río Grande. En total, aseguran que son 140 empleados los que permanecen bajo un escenario de incertidumbre.Durante toda la entrevista, los trabajadores insistieron en utilizar el término “usurpación” en lugar de intervención. “Nos sacaron todo. Hoy no puede entrar ni el gobernador ni la vicegobernadora si ellos no quieren”, señalaron, remarcando que el puerto es propiedad de la provincia tras la transferencia realizada por Nación.Uno de los principales ejes del reclamo apunta a los fundamentos técnicos utilizados para justificar la medida. Según denunciaron, varios de los argumentos iniciales fueron “desmoronándose” con el correr de los meses.Entre ellos mencionaron cuestionamientos vinculados a la seguridad portuaria, supuestos problemas ambientales y riesgos estructurales en el sitio 3 del muelle. “Decían que se podía colapsar el sitio 3 por lo que se apreciaba visualmente. Sin embargo, trabajaron toda la temporada ahí sin ningún problema”, afirmó Castillo.Los trabajadores sostienen que la urgencia planteada inicialmente nunca se tradujo en obras concretas. “No hicieron nada y no van a hacer nada. Va a empezar la próxima temporada y tampoco van a poder intervenir porque habrá plena operatoria. Entonces cuando llegue enero del año que viene van a decir que no pudieron hacer las obras necesarias y van a extender 12 meses más”, advirtieron.En paralelo, denunciaron que la intervención implicó el desplazamiento del personal provincial y la contratación de trabajadores externos y empresas privadas para sostener la operatoria del puerto.“Dicen que administraron exitosamente la temporada con 16 personas, pero eso es mentira. Tercerizaron servicios, contrataron gente privada y trajeron personal de Buenos Aires hospedado en hoteles”, señalaron. También afirmaron que incluso debieron incorporar maquinaria privada para garantizar determinadas tareas operativas.Otro de los puntos más sensibles expuestos por Barría y Castillo fue el manejo de los recursos económicos generados por la actividad portuaria. Según denunciaron, actualmente la recaudación ya no está bajo control provincial.“Tomaron el puerto, lo explotan y se llevan la plata. No sabemos quién lo controla ni quién lo audita”, afirmaron.En ese contexto, cuestionaron además el reciente nombramiento de una persona vinculada políticamente al senador Agustín Coto dentro de la estructura que hoy administra el puerto y relacionaron la situación con la discusión política previa sobre el destino de fondos portuarios hacia la OSEF. Para los trabajadores, el conflicto excede lo laboral y pone en discusión el control estratégico del puerto de Ushuaia.“No estamos defendiendo solamente nuestros puestos de trabajo. Está en juego un puerto multipropósito administrado por el Estado provincial y la puerta de entrada a la Antártida”, señalaron.En ese sentido, remarcaron la relevancia geopolítica de Ushuaia como nodo logístico antártico y advirtieron que el conflicto ya comenzó a generar repercusiones internacionales. “Hay medios internacionales haciéndose eco de esta situación y se rumorea que podrían empezar a caerse recaladas”, alertaron.Según explicaron, la actividad de cruceros y logística antártica se planifica con años de anticipación y gran parte de la operatoria de la última temporada ya había sido organizada por el personal provincial antes de la intervención. “Nosotros teníamos compromisos asumidos con agencias navieras, empresas de carga y operadores. Todo eso se trabaja con muchísimo tiempo”, explicaron.Sobre el acompañamiento social, reconocieron que existe un escenario dividido entre quienes respaldan el reclamo y quienes cuestionan las protestas y cortes parciales de tránsito realizados para visibilizar el conflicto.“Sabemos que un corte genera malestar porque nosotros también somos vecinos de Ushuaia, pero hoy es la única herramienta que tenemos para mostrar la gravedad de lo que está pasando”, señalaron.Los trabajadores adelantaron además que en los próximos días presentarán una nueva medida judicial con el objetivo de cuestionar la resolución que dio origen a la intervención. “Queremos tener todas las pruebas para desmoronar completamente los fundamentos de la resolución y avanzar judicialmente. Esperamos que se resuelva acá y no termine otra vez en la Corte Suprema”, sostuvieron.Mientras tanto, aseguran que continúan realizando tareas administrativas desde oficinas externas de la Dirección Provincial de Puertos, ya que siguen excluidos del listado habilitado para ingresar a la terminal.“Hay compañeros que todavía no pudieron recuperar ni sus pertenencias personales. Medicamentos, anteojos o incluso fotos familiares quedaron adentro del puerto”, concluyeron.