Nación avanza en cambios para automatizar la liberación de vehículos en Tierra del Fuego

El Gobierno nacional avanza en una modificación del régimen de liberación vehicular vigente en Tierra del Fuego con el objetivo de automatizar trámites, reducir burocracia y ampliar el alcance del sistema a bienes que actualmente quedaron fuera de la normativa.La iniciativa fue impulsada desde sectores de La Libertad Avanza y ya fue presentada ante la Dirección Nacional de Aduanas. El diputado nacional Santiago Pauli confirmó que el proyecto busca reformular el esquema vigente desde el decreto 654 de 1994, que regula la permanencia y liberación de vehículos dentro del área aduanera especial.Actualmente, los vehículos nacionales deben permanecer tres años dentro de la provincia antes de poder salir definitivamente sin volver a tributar, mientras que para los importados el plazo es de cinco años. Sin embargo, aun cumplidos esos períodos, los propietarios deben atravesar distintos trámites administrativos para concretar la liberación.Según explicó Pauli, el objetivo es eliminar gran parte de esa instancia burocrática y avanzar hacia un sistema automático una vez cumplidos los plazos establecidos. El legislador sostuvo que el esquema actual genera demoras, costos y una carga administrativa que desde hace años es cuestionada por usuarios y sectores vinculados a motovehículos y embarcaciones.Uno de los cambios más relevantes sería la incorporación de bienes que nunca fueron contemplados formalmente por la normativa original. Entre ellos aparecen motos, cuatriciclos, motos de agua, embarcaciones, maquinaria industrial y distintos bienes de capital.Desde el espacio libertario señalaron que la propuesta surgió a partir de reclamos planteados por distintos sectores de la provincia, especialmente vinculados al uso de motocicletas, que actualmente enfrentan limitaciones y vacíos normativos dentro del régimen fueguino.Además, Pauli aseguró que el tema requirió negociaciones con distintas áreas del Estado nacional debido a la complejidad normativa que atraviesa al subrégimen fueguino, donde intervienen Aduana, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía. Según indicó, ya existe una respuesta favorable para avanzar, aunque todavía resta la publicación oficial de la nueva reglamentación.El diputado también vinculó la necesidad de modificar el esquema actual con problemáticas ambientales derivadas de la acumulación de vehículos fuera de uso, chatarra y maquinaria que permanece dentro de la isla sin posibilidad de ser retirada.En paralelo, el legislador confirmó que mantienen conversaciones con organismos nacionales para analizar la situación de distintos predios federales y tierras pertenecientes a la Armada Argentina en Ushuaia y Río Grande. La discusión involucra sectores urbanos que desde hace años forman parte del debate sobre acceso a tierras y reorganización de espacios bajo jurisdicción nacional.Según explicó, el Gobierno nacional impulsa un relevamiento integral de propiedades estatales para detectar espacios ociosos y redefinir usos sobre inmuebles actualmente desaprovechados.