Mató y terminó como víctima: Crítica de psicólogo al fallo
El psicólogo forense Ezequiel Sánchez cuestionó que se ponga en el lugar de víctima a quien mató a una persona con 34 heridas de arma blanca y se le imponga una pena mínima. Explicó, las víctimas son Scariot y su familia, y para la ciencia forense el consumo de drogas es un factor de riesgo de violencia y no es un atenuante. El fiscal, y el tribunal dictó lo mismo. También advirtió que Moreira podría volver a la calle sin una evaluación seria del riesgo.
El tribunal integrado por los jueces López, Marchisio y Fernández condenó el martes a Aaron Moreira a 8 años de prisión efectiva por el homicidio simple de Alberto Scariot y por lesiones leves. Es la pena mínima para ese delito y la misma que había solicitado el fiscal Ariel Pinno, quien en su alegato se apoyó en la historia del acusado: consumo de drogas desde chico, abandono familiar y un Estado que no intervino a tiempo. El tribunal rechazó el planteo de legítima defensa, dispuso que Moreira reciba tratamiento por su adicción mientras cumple la condena y dará a conocer los fundamentos el 4 de diciembre.
El licenciado Ezequiel Sánchez, psicólogo forense, considera que ese razonamiento parte de un error. “Una persona que desarrolla patrones de consumo no es una víctima”, afirmó en diálogo con este medio. Puede tener un trastorno de dependencia, explicó, pero eso no la convierte en víctima, y mucho menos cuando terminó con la vida de otra persona.
Sánchez recordó que “víctima es la persona que ha sufrido la consecuencia de un daño por acción o por omisión”. En esta causa, señaló, las víctimas son Alberto Scariot, su hija y sus familiares. La vulnerabilidad es una condición personal o del entorno en el que alguien creció, y por sí sola no explica por qué una persona termina ejerciendo violencia. “Son dos conceptos absolutamente distintos y, si uno los confunde, toda posibilidad de analizar la conducta criminal termina siendo coartada”, sostuvo.
El consumo como factor de riesgo
El especialista aclaró que no habla como abogado sino desde la psicología forense, y desde ese lugar calificó el planteo de la Fiscalía como portador de “inconsistencias groseras desde el punto de vista científico y psicojurídico”. La principal, dijo, es haber tomado el consumo de drogas como un atenuante, cuando la bibliografía científica lo identifica como un factor de riesgo asociado a la violencia. Lo mismo ocurre con la impulsividad, la desregulación emocional y los antecedentes de conductas agresivas o delictivas. “Es todo lo contrario a lo que la psicología forense viene estudiando en los últimos 50 años”, afirmó.
Sánchez explicó que los manuales de valoración del riesgo de violencia indican que deben considerarse los antecedentes violentos, el consumo problemático, la inestabilidad de los vínculos, las conductas agresivas y la falta de respuesta a los tratamientos. En el caso de Moreira, todos esos elementos están presentes: consume desde los 10 años, no tuvo apoyo familiar y no tenía un lugar estable donde vivir. “Todas las condiciones protectoras, incluso preventivas, de conductas violentas futuras acá no están presentes”, señaló.
En ese marco cuestionó que se haya llegado a la pena mínima frente a un ataque de esa magnitud. “¿Cómo se fundamenta que semejante ataque de violencia preste más atención a los factores atenuantes que al nivel de violencia ejercido?”, se preguntó.
El psicólogo también advirtió sobre lo que puede pasar en los próximos años. Según su estimación, con los beneficios que se obtienen durante la ejecución de la pena, como las reducciones por estudio o capacitación, Moreira podría recuperar la libertad en cuatro o cinco años. “¿De verdad creen que en cuatro años esta persona está preparada para convivir con el resto de la sociedad?”, planteó. Aclaró que no se trata de estigmatizar, sino de una “valoración de riesgo científica seria que debería hacerse”. Además, se preguntó por qué los dos psicólogos que asesoran a la Fiscalía no le advirtieron al fiscal que esos antecedentes “constituyen elementos de riesgo, no protectivos”.
Sánchez se refirió también al informe de la psiquiatra que declaró en el juicio, según el cual Moreira era consciente de sus actos pero no necesariamente podía controlarlos por el efecto de las drogas. El forense ofreció otra lectura. La agresión comenzó cuando Scariot decidió echarlo de la vivienda, y la violencia fue la respuesta a esa frustración. “Debemos preguntarnos si existió verdaderamente una incapacidad de dirigir sus acciones o estamos en presencia de una respuesta agresiva caracterizada por la desregulación emocional”, indicó, y recordó que la propia psiquiatra había hablado de desregulación emocional. Para Sánchez, si la conducta surgió como reacción a un hecho puntual, “algo de la conducta volitiva estaba presente”, es decir, había capacidad de decidir lo que hacía.
“Deja de hacerte la víctima”
El psicólogo reconoció las falencias del Estado. Afirmó que en Tierra del Fuego “no hay una política seria de salud mental” ni de prevención de la violencia en niños, adolescentes o adultos, y que en las unidades de detención de Río Grande y del resto del país el consumo a edades tempranas y la negligencia de los padres son una constante. Sin embargo, consideró que esas falencias no pueden utilizarse para explicar un homicidio cometido por un adulto: “No corresponde que el fiscal responsabilice a la falta de atención del Estado para explicar una conducta violenta en la edad adulta. No corresponde desde el punto de vista ético, ni tampoco desde el forense o psicojurídico”.
Sánchez trabajó durante años con mujeres víctimas de violencia y desarrolló dispositivos de atención a nivel municipal. A partir de esa experiencia, diferenció la victimización, que es un hecho concreto dentro de una relación, de la actitud de asumir un rol de víctima, que según él fue lo que la Fiscalía y la defensa buscaron para Moreira. “Es lo que decían nuestros padres: dejá de hacerte la víctima, que el daño ya pasó, vos sos responsable en algún punto”, graficó. Admitió que en Río Grande faltan centros de atención, aunque sostuvo que “si uno busca ayuda, la encuentra”, y que la responsabilidad “es absolutamente personal”.
El profesional advirtió que el mismo criterio se aplicó en el caso Baciocchi, en el que la asesina confesa Florencia Mancilla recibió 8 años de prisión a comienzos de este año. “En los dos casos se incurre en esta malinterpretación”, afirmó. Atribuyó esa tendencia a la corriente encarnada por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, que a su entender llevó a “victimizar a los delincuentes y romantizar la violencia criminal” y generó confusión entre abogados, fiscales, defensores y jueces. En ese sentido, reclamó mejorar la formación y la capacitación de quienes integran el sistema judicial.
Por último, Sánchez respaldó la reforma de la Ley de Salud Mental que se impulsa en el Congreso para habilitar internaciones involuntarias. Explicó que los profesionales que trabajan con adicciones sostienen desde hace años que la internación compulsiva, en algunos casos, “era necesaria, incluso en personas que estaban dispuestas a cambiar”.