Malvinas: Río Grande interviene en una demanda millonaria contra la pesca ilegal
La Justicia Federal reconoció su competencia para tramitar una demanda colectiva contra empresas pesqueras que explotan recursos en aguas próximas a las Islas Malvinas bajo licencias británicas. El reclamo supera los 26.000 millones de dólares y plantea la reparación de daños ambientales y económicos por actividades desarrolladas desde 1989. La Justicia Federal de Río Grande […]
La Justicia Federal reconoció su competencia para tramitar una demanda colectiva contra empresas pesqueras que explotan recursos en aguas próximas a las Islas Malvinas bajo licencias británicas. El reclamo supera los 26.000 millones de dólares y plantea la reparación de daños ambientales y económicos por actividades desarrolladas desde 1989.
La Justicia Federal de Río Grande aceptó intervenir en una causa que pone bajo discusión judicial la explotación pesquera en el Atlántico Sur bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en las Islas Malvinas. La demanda, impulsada por la Fundación Agustina Lerena, reclama una reparación económica que podría superar los 26.000 millones de dólares.
La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel E. Borruto, quien reconoció la competencia del juzgado para abordar la presentación y la legitimación de la fundación para promover una acción colectiva por presunto daño ambiental.
El expediente, identificado como FCR 16446/2026, involucra a empresas españolas y sociedades vinculadas a capitales isleños, señaladas por su participación en la explotación de recursos pesqueros en aguas del Atlántico Sur. La demanda sostiene que estas operaciones se desarrollan sin autorización argentina desde 1989.
El monto reclamado alcanza los 26.465 millones de dólares, según las estimaciones presentadas por los demandantes, que contemplan el valor de las capturas realizadas entre 1989 y 2025. Se trata de una cifra reclamada por la parte actora y no de una indemnización establecida por la Justicia.
La presentación fue impulsada por la Fundación Agustina Lerena, presidida por el especialista César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El fiscal federal Marcelo Rapoport había dictaminado a favor de admitir la demanda y recomendado una medida cautelar para frenar las actividades denunciadas.
La magistrada dispuso que la causa continúe mediante un proceso ordinario, en lugar de la vía de amparo, debido a la complejidad de los hechos y a la necesidad de producir pruebas para determinar las responsabilidades.
El planteo se apoya en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y la Ley Federal de Pesca. También advierte sobre el impacto de la explotación pesquera en un ecosistema marino compartido y sobre la utilización de recursos naturales cuya administración constituye una controversia central en el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas.
La intervención de la Justicia Federal con asiento en Río Grande incorpora una dimensión judicial a una disputa que excede lo diplomático y alcanza directamente la protección de los recursos naturales de Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.