Las otras víctimas del caso estafas con las viviendas de ATE

La condena a Carlos Córdoba y Miguel Arana por la causa de las viviendas de ATE deja muchas lecturas posibles. La primera, y más evidente, es la situación de las personas que entregaron dinero con la expectativa de acceder a una vivienda y que terminaron involucradas en una trama judicial que se extendió durante años.Pero limitar el análisis a esos casos sería quedarse con una parte de la historia.Porque si algo dejó expuesto este proceso es que los perjudicados no fueron solamente quienes ingresaron irregularmente a un listado habitacional. También fueron los cientos de afiliados que durante años aportaron al sindicato, cumplieron con los requisitos establecidos y esperaron legítimamente la posibilidad de acceder a una vivienda que nunca llegó.Cada casa adjudicada fuera de los mecanismos previstos implica, necesariamente, una vivienda menos para alguien que sí estaba esperando dentro de las reglas. Allí aparece una dimensión muchas veces olvidada: la estafa no sólo impacta sobre quien entrega dinero, sino también sobre quien pierde una oportunidad que le correspondía.Paradójicamente, mientras la Justicia entendió que existieron maniobras fraudulentas en torno al plan habitacional, la respuesta institucional de ATE no estuvo centrada en los afiliados que durante años esperaron una vivienda o en la necesidad de revisar los mecanismos que permitieron esas irregularidades. La prioridad fue defender a su secretario general. Una decisión legítima desde lo sindical, pero que deja abierta la discusión sobre quién representa a las víctimas cuando los acusados son quienes conducen la propia organización.Sin embargo, el debate tampoco debería terminar en las responsabilidades individuales.La causa vuelve a poner sobre la mesa una práctica que durante años fue naturalizada en Tierra del Fuego: la intervención de organizaciones sindicales en la administración de programas habitacionales desarrollados junto al Instituto Provincial de Vivienda.Más allá de la buena fe con la que pudieron haberse impulsado algunos convenios, resulta legítimo preguntarse si era razonable delegar en conducciones gremiales facultades vinculadas a la asignación de viviendas, una de las políticas públicas más sensibles que tiene el Estado.La vivienda social no es un beneficio sindical. Es una política pública.Y cuando la selección de beneficiarios se aleja de los registros generales y de los mecanismos de control estatales, aparecen inevitablemente zonas grises que terminan afectando la transparencia del sistema.La condena conocida esta semana abre un debate que excede a Córdoba, a Arana o a los 22 casos que llegaron a juicio. Obliga a revisar un modelo que durante años otorgó a dirigentes sindicales un nivel de intervención sobre la política habitacional que hoy aparece, cuanto menos, cuestionable.Porque si la discusión se limita a determinar quiénes fueron culpables o inocentes, probablemente se pierda una oportunidad más importante: preguntarse cómo fue posible que un sistema con tan escasos controles funcionara durante tanto tiempo.Las responsabilidades penales son individuales. Las responsabilidades políticas, en cambio, suelen ser más amplias.Y quizás esa sea la discusión que Tierra del Fuego todavía se debe. No sólo qué ocurrió con un puñado de viviendas, sino cómo un esquema que concentró decisiones tan sensibles en manos de organizaciones intermedias terminó generando conflictos, sospechas y, finalmente, una condena judicial. Porque detrás de cada expediente hay familias que esperaban una oportunidad. Y esas familias también merecen ser parte de la conversación.