La zona liberada judicial en el puerto de Ushuaia
Por: Comité Editorial EDFM
Diez meses después de la intervención federal al Puerto de Ushuaia, las denuncias se acumulan, las explicaciones escasean y los expedientes siguen su curso. El problema ya no es solamente lo que hace la intervención, sino aquello que la Justicia permite que continúe ocurriendo.
Hay una manera bastante eficaz de ejercer el poder sin dar demasiadas explicaciones: dejar pasar el tiempo. Al principio, todo parece urgente. Se anuncian medidas excepcionales, se invocan irregularidades, se desplazan autoridades y se promete poner las cosas en orden. Después llegan los meses, las preguntas incómodas y los silencios. Hasta que lo extraordinario empieza a parecer normal. Y lo que debía ser transitorio adquiere una inesperada vocación de permanencia.
Algo de eso sucede en el Puerto de Ushuaia.
La intervención federal está por cumplir diez meses. Tiempo suficiente para explicar qué encontró, qué corrigió y cuánto costó hacerlo. Sin embargo, todavía no se han exhibido públicamente pruebas concluyentes de las irregularidades que justificaron el desplazamiento de la administración provincial. En cambio, sobre la propia intervención pesan cuestionamientos por contrataciones con presuntos sobreprecios, denuncias de vulneraciones laborales, restricciones al acceso a la información pública y conflictos con organismos provinciales de control.
Hay una ironía difícil de ignorar. Una administración que llegó para poner orden se resiste a rendir cuentas sobre su propio desempeño. Quienes reclamaban transparencia parecen haber descubierto, una vez instalados en el poder, las ventajas administrativas de la discresionalidad.
Pero el problema más profundo ya no está solamente en el puerto. Está también en los tribunales.
Una intervención extraordinaria debería despertar una vigilancia judicial igualmente extraordinaria. Cuando el Estado nacional desplaza autoridades provinciales, concentra facultades y administra recursos que antes estaban bajo otra jurisdicción, los controles deberían volverse más rigurosos.
La Justicia existe, entre otras cosas, para recordarles a los gobiernos que sus facultades tienen límites. No está para administrar puertos ni resolver disputas políticas, pero sí para garantizar que el ejercicio del poder permanezca dentro de la ley.
En Ushuaia, sin embargo, las decisiones y los tiempos de la Justicia Federal plantean una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el organismo encargado de controlar los posibles abusos del poder adopta decisiones que, en la práctica, permiten que la situación cuestionada continúe?
El acceso a la información pública ofrece un ejemplo difícil de ignorar.
Después de meses de litigio, el juez federal Federico Calvete concedió con efectos suspensivos las apelaciones presentadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la Administración General de Puertos contra una sentencia que las obligaba a entregar información sobre el manejo de los recursos portuarios.
El resultado es sencillo: mientras se tramitan las apelaciones, los organismos nacionales no están obligados a cumplir aquella sentencia. La información sigue sin llegar.
La Justicia fue convocada para terminar con la falta de transparencia. Pero una decisión procesal terminó prolongando sus efectos.
Por supuesto, apelar una sentencia es un derecho. Nadie discute eso. La cuestión es qué sucede cuando el ejercicio de ese derecho, combinado con los tiempos judiciales, deja sin eficacia inmediata una garantía destinada a impedir que el Estado continúe negando información.
El tiempo no es un detalle administrativo. Mientras los expedientes circulan entre escritorios y tribunales, los fondos públicos siguen administrándose, los contratos continúan ejecutándose y las decisiones producen consecuencias.
Una información que llega demasiado tarde puede servir para reconstruir una irregularidad. Difícilmente alcance para impedirla.
En materia laboral aparece una inquietud semejante.
El 11 de noviembre, Calvete convocó a una nueva audiencia para el 30 de noviembre en un amparo sindical contra la intervención. La decisión se suma a un proceso en el que persisten cuestionamientos sobre la falta de respuestas a planteos anteriores.
Una nueva audiencia no constituye, por sí misma, una irregularidad. Pero tampoco debería confundirse el movimiento de un expediente con la solución del conflicto que le dio origen.
Los trabajadores no viven dentro de los plazos procesales. Sus derechos, sus ingresos y sus condiciones laborales pertenecen a una realidad bastante menos paciente que la de los tribunales.
Hay algo desconcertante en un sistema capaz de producir numerosas actuaciones judiciales sin que eso se traduzca necesariamente en respuestas oportunas para quienes acudieron a él.
La Justicia tiene sus tiempos. Es cierto. Pero los derechos también.
Y cuando ambas velocidades se separan demasiado, la demora deja de ser una cuestión procesal para convertirse en un problema institucional.
No hace falta imaginar conspiraciones ni atribuir intenciones que nadie ha demostrado. La cuestión es más sencilla y, quizá por eso, más incómoda. Las decisiones judiciales tienen consecuencias, incluso cuando no resuelven el fondo de una controversia. También las tienen las demoras.
Un tribunal puede no haber declarado legítima una conducta y, sin embargo, permitir que sus efectos continúen mientras se desarrolla el proceso. Esa diferencia entre lo que formalmente se decide y lo que materialmente sucede debería ocupar un lugar central en cualquier reflexión sobre el funcionamiento de la Justicia.
La independencia judicial no consiste solamente en mantenerse alejado de las presiones políticas. También supone asumir la responsabilidad de decidir cuando corresponde, fundamentar las resoluciones y garantizar que los derechos no terminen convertidos en promesas de cumplimiento indefinido.
La prudencia es una virtud judicial. La pasividad, no necesariamente.
Mientras tanto, la intervención sigue adelante. Administra recursos, contrata servicios y adopta decisiones. El Tribunal de Cuentas provincial reclama ejercer sus facultades de control. Los trabajadores cuestionan medidas que afectan sus derechos. Los pedidos de información pública encuentran resistencia. Y las controversias continúan trasladándose a una Justicia que todavía debe ofrecer respuestas efectivas a cuestiones fundamentales.
Diez meses después, el puerto se ha convertido en algo más que una disputa entre la Nación y Tierra del Fuego. Es también un caso que obliga a preguntarse cómo funcionan los controles republicanos cuando el poder se ejerce de manera excepcional.
No se trata de pedirle a la Justicia que favorezca a una provincia, a un sindicato o a quienes cuestionan la intervención. Se trata de exigirle que cumpla su función con independencia, fundamento y oportunidad.
Porque el Estado de derecho no se sostiene únicamente con leyes bien escritas y tribunales formalmente independientes. Necesita que las garantías funcionen cuando son necesarias, no cuando ya resulta imposible evitar las consecuencias de aquello que debían controlar.
La intervención federal al Puerto de Ushuaia terminará algún día. Sus decisiones podrán ser revisadas, sus gastos examinados y sus responsabilidades eventualmente determinadas. Pero la pregunta que deja este período es bastante más duradera.
¿Qué valor tiene un sistema de controles que solo consigue actuar cuando el poder ya hizo aquello que debía ser controlado?
La democracia no exige que los jueces sean protagonistas de la vida política. Les exige algo más difícil: que no permitan que el poder quede fuera del alcance efectivo de la ley.
Porque el problema no empieza solamente cuando un gobierno se excede. También empieza cuando los límites que deberían contenerlo dejan de funcionar a tiempo.
Y en ese punto, la diferencia entre mirar hacia otro lado y dejar hacer puede volverse inquietantemente pequeña.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.