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“La soberanía y nuestro ambiente están en peligro”, alertó López

Sur54

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Cristina López, presentó un proyecto de declaración para expresar el enérgico repudio del Senado a la autorización otorgada por la Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego, a cargo de Marcelo Almirón, para el fondeo de tres grandes embarcaciones y el traslado de pasajeros mediante helicópteros en Bahía Lapataia, entre el 12 y el 18 de noviembre.

“La soberanía y nuestro ambiente están en peligro. Bahía Lapataia es parte del patrimonio natural de todos los fueguinos y tenemos la obligación de protegerla. Si los especialistas del propio Parque advierten que esta operación puede afectar un ecosistema protegido, las autoridades tienen que escucharlos y responder con fundamentos. No pueden actuar como si ese informe no existiera”, sostuvo López. La iniciativa repudia la autorización comunicada el 27 de octubre por el intendente del Parque, Marcelo Almirón, para las embarcaciones M/Y Sherakhan, M/Y Lonian y M/Y Hodor. Según los fundamentos del proyecto, estas dos últimas se encuentran registradas bajo pabellón de Islas Caimán, territorio británico, que integra el Red Ensign Group. Las embarcaciones inscriptas en esos registros son consideradas buques británicos por el propio Gobierno del Reino Unido. “Malvinas es una causa permanente del pueblo fueguino y un mandato de nuestra Constitución. Defender la soberanía también exige prestar atención a las decisiones que se toman y a las facilidades que se conceden en una región estratégica para el Atlántico Sur y la Antártida. Quienes tienen responsabilidades públicas deben rendir cuentas por esas decisiones” , señaló. El pedido había sido presentado el 28 de septiembre por USHIP S.R.L. – Ushuaia Shipping, en su carácter de agencia marítima local de los tres buques. La solicitud contemplaba su permanencia en Bahía Lapataia y el uso de helicópteros propios para trasladar pasajeros. Sin embargo, el 20 de octubre, siete integrantes de las áreas técnicas y operativas del Parque suscribieron un informe que consideró improcedente autorizar tanto el fondeo como los traslados aéreos. Los especialistas señalaron riesgos de daño al fondo marino y a los bosques sumergidos de cachiyuyo por el peso de las anclas y el arrastre de las cadenas, además de posibles perturbaciones acústicas sobre la fauna y riesgos de contaminación. Entre las especies cuya protección motivó las advertencias se encuentran el huillín, el cauquén caranca y el quetro austral. El informe también propuso evaluar otros sectores costeros para desarrollar la operación fuera del Parque, como Bahía de Ushuaia, y dar intervención a la Dirección Regional Patagonia Austral. “La flora y fauna de nuestro Parque Nacional necesitan protección efectiva. No podemos esperar a que se produzca un daño para empezar a discutir qué controles faltaron. Cuidar este lugar significa prevenir, respetar el trabajo de quienes lo conocen y hacer cumplir las reglas”, remarcó la senadora. López subrayó que el cuestionamiento también alcanza a la fundamentación legal del permiso. Los fundamentos de la iniciativa recuerdan que la Ley 22.351 establece restricciones a los sobrevuelos de aeronaves motorizadas en los parques nacionales, con excepciones expresamente previstas, y señalan que la autorización no identificó cuál de ellas permitiría los vuelos proyectados. El informe técnico citado en el proyecto advirtió, además, que despegar y aterrizar desde plataformas instaladas en los buques no excluye la aplicación de las restricciones cuando las aeronaves sobrevuelan la jurisdicción protegida. Para la senadora, describir la actividad como un traslado de pasajeros no resuelve por sí mismo esas objeciones. “¿Qué excepción legal utilizaron para habilitar estos vuelos? ¿Cómo respondieron a las advertencias de los técnicos? Las autoridades tienen que explicar por qué dieron el permiso y cómo van a garantizar el cuidado del Parque. No alcanza con una autorización que enumera condiciones generales y deja sin respuesta los cuestionamientos centrales”, expresó. En ese marco, López reclamó la revisión de la decisión y la suspensión preventiva de sus efectos mientras se acredita el cumplimiento de los recaudos ambientales y legales señalados. El proyecto invoca los principios preventivo y precautorio de la Ley General del Ambiente y plantea la necesidad de responder de manera fundada a las advertencias, con medidas de protección verificables. LA RESOLUCIÓN