La Provincia avanza sobre el Impuesto Inmobiliario y reabre una histórica disputa con los municipios

La discusión por el cobro del Impuesto Inmobiliario volvió al centro de la escena política fueguina y amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno provincial y los municipios. En las últimas horas comenzó a circular un proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo que propone dejar sin efecto la suspensión vigente y restablecer la plena aplicación del tributo en la órbita provincial.La iniciativa aparece apenas días después de la tensa sesión legislativa en la que, a pedido de los municipios, se aprobó el mecanismo de goteo diario de coparticipación, una medida impulsada para evitar retenciones de fondos por parte de la Provincia. En ese contexto político, la decisión de avanzar nuevamente sobre el Inmobiliario es leída en distintos sectores como una respuesta directa del Ejecutivo.El texto del proyecto establece que “el Impuesto Inmobiliario recupera plena vigencia y exigibilidad en todo el territorio de la Provincia” y dispone que los fondos recaudados tengan una afectación específica para el financiamiento de salud y educación pública. Además, faculta a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a reglamentar su implementación y definir planes de facilidades para contribuyentes.La pelea por este tributo no es nueva en Tierra del Fuego. Históricamente, el Impuesto Inmobiliario fue percibido por los municipios, convirtiéndose junto al Automotor en una de las principales fuentes de financiamiento de las administraciones locales. Sin embargo, durante la gestión de la entonces gobernadora Rosana Bertone, la Provincia impulsó una reforma del Código Fiscal para recuperar esa potestad tributaria.Aquella avanzada generó un fuerte rechazo de los intendentes, que denunciaron una vulneración de las autonomías municipales y llevaron el caso a la Justicia. Finalmente, tanto el Superior Tribunal de Justicia fueguino como posteriormente la Corte Suprema de la Nación terminaron avalando la posición provincial, reconociendo que la potestad tributaria sobre el Inmobiliario corresponde a la Provincia.Pese al respaldo judicial, el conflicto nunca terminó de resolverse políticamente. En 2016, el propio gobierno de Bertone había pedido suspender la aplicación efectiva del tributo provincial para evitar una doble imposición mientras seguía la disputa con los municipios. Más tarde, ya durante la gestión de Gustavo Melella —quien años antes había sido uno de los intendentes que resistió el avance provincial— la Legislatura fue prorrogando sucesivamente la continuidad del cobro municipal.Ahora, el tema vuelve en un escenario financiero particularmente delicado. Los municipios consideran al Inmobiliario un recurso clave para sostener servicios y funcionamiento, mientras que la Provincia enfrenta también una creciente presión sobre sus cuentas públicas. La iniciativa conocida esta semana establece además que la totalidad de los recursos recaudados se integrarán a un fondo destinado a salud y educación, en un intento de darle respaldo político y social a la medida.En términos políticos, la discusión promete escalar rápidamente. El antecedente judicial favorece a la Provincia, pero los municipios ya dejaron en claro en otras oportunidades que consideran el tema como un avance sobre su autonomía financiera. La aprobación reciente del goteo diario de coparticipación había expuesto además el deterioro de la relación entre el Ejecutivo provincial y algunos municipios. Con este nuevo proyecto sobre la mesa, Tierra del Fuego parece encaminada a reabrir una de las disputas institucionales y fiscales más sensibles de los últimos años.