La población carcelaria fueguina crece un 20% cada año

El director del Servicio Penitenciario Provincial, inspector Ariel Ciares, advirtió en declaraciones a Minuto Fueguino sobre el crecimiento sostenido de la población privada de libertad y la necesidad de avanzar en nuevos espacios de alojamiento, además de actualizar el marco normativo que regula la ejecución de las penas en Tierra del Fuego.
Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de entrega de sables a cadetes de segundo y tercer año del Instituto de Ciencias Penitenciarias. Ciares explicó que actualmente el organismo cuenta con aproximadamente 480 integrantes, aunque aclaró que dentro de esa cifra se incluye personal de licencia, profesionales y agentes que cumplen distintas funciones.
Uno de los principales desafíos, señaló, está relacionado con la capacidad disponible frente al incremento de internos. “El Servicio Penitenciario todo el tiempo está tratando de conseguir nuevos espacios en virtud de que tenemos un ingreso poblacional del 20%, y esto lo remarco cada vez que me hacen la consulta”, afirmó. Y agregó: “Todos los años está creciendo el 20% la población existente, por lo tanto nos vemos en un constante desafío para poder llevar adelante lo que es la ejecución de la pena privativa de la libertad”.
Para Ciares, la función penitenciaria no puede limitarse solamente a mantener a una persona detenida. “La privación de libertad no tiene que ver solamente con alojar a una persona y que no se escape, tiene que ver con muchas cosas, atenderlo desde lo psicológico, desde lo médico, de brindarle esa herramienta para que en algún momento cuando salga en libertad pueda interactuar con el medio libre”, expresó a Minuto Fueguino.
En ese escenario, adelantó que el Servicio Penitenciario impulsa cambios legislativos. Entre ellos mencionó una ley provincial de ejecución de penas adaptada a las características de Tierra del Fuego y una iniciativa relacionada con la Ley 1313. Según indicó, la normativa nacional vigente fue diseñada para otra estructura penitenciaria y contempla recursos que actualmente la provincia no posee.
El funcionario también vinculó la disponibilidad de beneficios penitenciarios con los procesos de reinserción y revinculación familiar. “Hay muchos, por suerte, que podrían acceder a un beneficio anticipado para que vayan a ver a sus familias”, indicó, y remarcó que quienes están privados de su libertad eventualmente deberán regresar a la sociedad. “¿Cómo vamos a ir revinculando un privado de libertad a una sociedad que en definitiva tampoco le da expectativa para poder acercarse a su familia?”, planteó.
Respecto de las condiciones de alojamiento, Ciares evitó hablar de un hacinamiento generalizado, aunque reconoció que el sistema trabaja con un margen reducido. “Estamos con el nivel justo de población”, aseguró. Al mismo tiempo explicó que cada nuevo ingreso ordenado judicialmente puede generar mayores dificultades sobre las condiciones de detención existentes.
Actualmente, de acuerdo con los datos brindados durante la entrevista, el sistema penitenciario registra 355 internos varones alojados, además de 11 mujeres privadas de su libertad y otras 25 personas controladas de manera remota mediante tobilleras electrónicas. Ciares aclaró que resulta complejo establecer un costo exacto por interno debido a que existen gastos, como la atención hospitalaria y los medicamentos, que no son administrados directamente por el Servicio Penitenciario.
El director sostuvo además que el aumento de la población carcelaria tiene consecuencias directas sobre la seguridad. “El hacinamiento o la sobrepoblación de privados de libertad afecta directamente la seguridad, o sea, es directamente proporcional”, afirmó. En ese sentido, enumeró entre las necesidades del sistema contar con “personal suficiente, el espacio suficiente y la normativa adecuada”.
Ciares también destacó el esfuerzo de los trabajadores penitenciarios. “Tengo un grupo humano muy valorable que todos los días se preocupa por hacer lo que mejor puede con lo que tiene”, expresó. Añadió que existen jornadas que pueden extenderse “entre 12 a 15 horas diarias” para cumplir con las distintas tareas dentro de las unidades.
Otro de los datos aportados durante la entrevista está relacionado con el tipo de delitos predominantes entre la población carcelaria. “Estamos hablando en un 60% de internos por incumplimiento del artículo 119 del Código Penal”, señaló Ciares, al referirse a causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual, incluyendo procesados y condenados.
Finalmente, confirmó que existe trabajo previo para avanzar en una nueva infraestructura penitenciaria. “Ya hemos diagramado un sistema carcelario que sea adecuado al terreno, a la sociedad, al tipo de población penal que tenemos y al tratamiento que tenemos que llevar adelante”, aseguró. Entre las alternativas mencionó terrenos en Ushuaia, en cercanías del Parque Industrial, y la posibilidad de construir una denominada “cárcel espejo” junto a la unidad existente.
Sobre el sector femenino, explicó que actualmente las once internas se encuentran distribuidas en dos espacios y que pueden acceder a educación y otras actividades. “Dentro de todo están bastante bien, ¿se puede mejorar? Sí, por supuesto”, concluyó el director del Servicio Penitenciario ante Minuto Fueguino.