“La plata era para él”: Arana complicó a Carlos Córdoba en la primera jornada del juicio por las viviendas de ATE

La primera jornada del juicio contra la cúpula de ATE Ushuaia dejó una declaración explosiva que impactó de lleno en el proceso judicial y complicó al secretario general del gremio, Carlos Córdoba. Frente al Tribunal, Miguel Ángel Arana aseguró que el dinero recibido de aspirantes a viviendas “era para él”, en referencia directa al histórico dirigente sindical.La frase se produjo en el inicio del debate oral que investiga presuntas estafas vinculadas a la adjudicación de viviendas sociales del barrio de las 128 Viviendas de ATE, en Barrancas del Río Pipo. El juicio comenzó este lunes bajo un fuerte operativo de seguridad, con presencia policial en inmediaciones de Tribunales y una importante expectativa política y sindical alrededor del caso.Mientras Arana decidió declarar, Córdoba optó por negarse a responder preguntas ante los jueces. El contraste entre ambas posturas marcó el arranque de un proceso que podría extenderse durante varios dias y que buscará reconstruir cómo funcionaba el esquema denunciado.Aunque el expediente involucra a más de 90 personas entre denunciantes, testigos y actores vinculados a la causa, finalmente serán 23 los testigos que prestarán declaración durante el juicio oral.Uno de los datos que llamó la atención en el comienzo del debate fue la ausencia del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), que había actuado como querellante durante la investigación pero no se presentó en esta instancia del juicio oral.La causa investiga 22 hechos de presuntas estafas ocurridas entre 2015 y 2018. Según la acusación fiscal, afiliados y particulares habrían entregado dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de promesas de acceso a viviendas construidas a través del sindicato estatal.Pero uno de los puntos más delicados de la investigación es que, según la fiscalía, parte de los cupos habrían sido ofrecidos incluso a personas que no eran afiliadas a ATE, pese a que ese requisito era condición indispensable para acceder a las viviendas sindicales. Esa modalidad aparece como uno de los elementos centrales de la maniobra investigada, ya que implicaba comercializar lugares que debían estar destinados exclusivamente a trabajadores afiliados al gremio.De acuerdo a la investigación judicial, las listas de aspirantes eran manejadas dentro de la estructura sindical y muchas de las personas denunciantes aseguraron haber realizado pagos para obtener un lugar entre los futuros adjudicatarios. El perjuicio económico calculado por la Justicia supera varios millones de pesos y miles de dólares.En ese contexto, la declaración de Arana se transformó en uno de los momentos más sensibles de la audiencia inaugural. Según trascendió, el ex responsable del área Vivienda no solo reconoció movimientos de dinero vinculados a los aspirantes, sino que además señaló directamente a Córdoba como destinatario de esos fondos, un punto que podría convertirse en eje central de la acusación.La fiscalía sostiene que Córdoba “no podía desconocer” las maniobras investigadas debido a su rol dentro del sindicato y a las gestiones realizadas ante el IPV. La defensa, en cambio, busca desligarlo de cualquier responsabilidad directa y atribuir las operaciones a terceros dentro de la estructura gremial.Además de Córdoba y Arana, también está siendo juzgado Erik Enrique Moscoso Panozo, imputado en el tramo vinculado al lavado de activos. La causa incluye acusaciones por estafa, administración fraudulenta, falsificación ideológica y operaciones destinadas a dar apariencia legal al dinero presuntamente obtenido mediante las maniobras investigadas.Pero además de apuntar contra el titular de ATE, Arana relató el clima de violencia y temor que rodeó a la causa desde sus comienzos. Según trascendió durante la audiencia, recordó que años atrás fue brutalmente golpeado y amenazado, un episodio que terminó con él internado en terapia intensiva.La agresión ocurrió en mayo de 2018, en pleno estallido del escándalo por las presuntas estafas con viviendas del gremio. En aquel momento, Arana sufrió una feroz golpiza que le provocó lesiones gravísimas, entre ellas perforación de pulmón y fracturas, quedando internado en estado delicado.La causa también quedó atravesada por otro hecho dramático: el suicidio de Daniel Alberto Belbey, ex integrante de ATE y uno de los primeros imputados en la investigación. Belbey apareció ahorcado en las instalaciones del polideportivo municipal de Ushuaia pocos días después de que el caso tomara estado público.Tanto Arana como Belbey integraban el área vinculada a la comisión de viviendas del sindicato y eran señalados como quienes manejaban el listado de postulantes para las 128 viviendas construidas en el sector Barrancas del Río Pipo.La investigación judicial sostiene que durante años se habrían solicitado pagos, vehículos, cheques y dinero en efectivo a cambio de supuestas adjudicaciones. El expediente incluye acusaciones por estafas, administración fraudulenta, falsificación ideológica y lavado de activos.El expediente comenzó a tomar estado público en 2018 y desde entonces se convirtió en una de las investigaciones más resonantes de Tierra del Fuego, no solo por las figuras involucradas sino también por el trasfondo social que atraviesa el caso: la crisis habitacional y la utilización de la necesidad de acceso a una vivienda como presunto mecanismo de recaudación ilegal.