La Justicia habilitó inspecciones ambientales en el Puerto de Ushuaia
Tras cuatro intentos fallidos de ingreso denunciados por la Provincia, el juez subrogante Sergio Pepe. autorizó el ingreso de funcionarios provinciales para fiscalizar el manejo de residuos peligrosos. La medida…
Tras cuatro intentos fallidos de ingreso denunciados por la Provincia, el juez subrogante Sergio Pepe. autorizó el ingreso de funcionarios provinciales para fiscalizar el manejo de residuos peligrosos. La medida se dictó tras reiterados impedimentos de acceso denunciados por la Fiscalía de Estado. (Foto archivo)
USHUAIA. – El juez subrogante del Juzgado de Instrucción N°2 en esta ciudad, Sergio Pepe, ordenó este miércoles un allanamiento con fines de inspección ambiental en el Puerto de Ushuaia.
La resolución habilita al personal de la Secretaría de Ambiente a ingresar al predio para realizar tareas de auditoría y fiscalización. El operativo se ejecutó con apoyo de la Prefectura Naval Ushuaia.
Según la orden, los inspectores verificaron las condiciones de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos, posibles derrames, situaciones de contaminación y el estado de las instalaciones vinculadas al recurso hídrico.
El juez consideró que los reiterados bloqueos y la necesidad de constatar presencialmente la situación ambiental justificaban la intervención judicial, en base al artículo 204 del Código Procesal Penal y las leyes provinciales que facultan a la autoridad ambiental.
Nueve sectores bajo inspección
La orden comprende nueve puntos críticos del puerto: el Muelle de Catamaranes, el Muelle Comercial, la Plazoleta Fiscal, el Taller Mecánico, los espacios de acopio de residuos, sectores próximos a antiguos tanques de combustible, áreas de relleno, obras en contacto con el agua y los sistemas de drenaje pluvial.
En esos lugares, los inspectores podrán verificar la existencia de residuos peligrosos, su clasificación, condiciones de almacenamiento y medidas de seguridad, además de constatar pérdidas, derrames o indicios de contaminación.
También se controlará la descarga de residuos provenientes de las bases antárticas argentinas y las operaciones de las agencias marítimas que operan en el puerto.
La polémica por los residuos peligrosos
Uno de los ejes de la investigación es la incertidumbre sobre residuos peligrosos que, según un informe de gestión de 2025, permanecían en almacenamiento temporal en el puerto y debían ser retirados en enero de 2026.
Según la presentación judicial, ese retiro no se habría concretado. La Secretaría de Ambiente advirtió que hoy desconoce cantidad, ubicación y estado de esos materiales, mientras que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sostiene que no existen residuos peligrosos dentro del predio.
El organismo provincial remarcó la necesidad de sostener los controles durante la Campaña Antártica, entre octubre y abril, cuando se intensifica la recepción de residuos.
La resolución aclara que los riesgos advertidos no constituyen una constatación de contaminación, sino situaciones que deben verificarse técnicamente.
Quiénes inspeccionan y hasta dónde llega la orden
La autorización es limitada a los sectores y tareas expresamente detallados. Los controles documentales deberán tramitarse por vía administrativa.
El equipo habilitado está integrado por la Secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, a cargo de Ambiente, Lisi Cristófano; el Director de Obras Hidráulicas y Fluviales, Miguel Hidalgo; el hidrólogo Sergio Müller y la Directora de Gestión Ambiental, Elizabeth Ruiz.
Los antecedentes
La intervención se originó en una denuncia presentada el pasado 14 de octubre por la Fiscalía de Estado, que reportó impedimentos de ingreso los días 25 de agosto, 1 y 17 de septiembre. Luego, el Ministerio de Producción y Ambiente informó un nuevo bloqueo el 19 de octubre y pidió medidas judiciales.
En una resolución previa, el lunes 26, el juez Pepe había resuelto que la causa continúe en su juzgado, luego de que el Juzgado Federal de Garantías rechazara la competencia y devolviera las actuaciones. En ese marco, notificó a Fernando Ariel Polizzi de sus derechos y garantías y reconoció a la Fiscalía de Estado como parte querellante.
Con la información técnica aportada por Ambiente sobre los sectores, riesgos y fundamentos legales, el magistrado resolvió finalmente habilitar las inspecciones.