La intervención del puerto de Ushuaia suma un nuevo frente judicial: imputaron a Iñaki Arreseygor

El conflicto por la intervención del puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo, esta vez en el ámbito penal. El fiscal provincial Nicolás Arias imputó a Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), por una serie de presuntos delitos vinculados con las restricciones impuestas a funcionarios provinciales que intentaban realizar controles ambientales en la terminal portuaria.La investigación se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, luego de que personal de la Secretaría de Ambiente denunciara que en tres oportunidades se le impidió ingresar al puerto para llevar adelante la Auditoría Ambiental Anual sobre residuos peligrosos.Lo que comenzó como una controversia por el acceso de inspectores a las instalaciones derivó en una imputación penal contra el máximo responsable del organismo nacional que interviene el puerto desde enero de este año. Tres intentos de inspección y tres negativasDe acuerdo con el dictamen fiscal, al que accedió El Diario del Fin del Mundo, el primer episodio ocurrió el 25 de agosto, cuando personal de Seguridad Portuaria impidió el ingreso de tres funcionarias provinciales que habían concurrido a realizar tareas de fiscalización.Al día siguiente, la Provincia solicitó formalmente a Arreseygor que garantizara el acceso. Sin embargo, el funcionario respondió el 31 de agosto cuestionando las facultades provinciales para ejercer ese control.La situación volvió a repetirse el 1 de septiembre y nuevamente el 17 de ese mes, cuando otras inspectoras tampoco pudieron ingresar a las instalaciones.Según la Fiscalía, estas restricciones habrían impedido que la autoridad ambiental provincial verificara las condiciones de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.La causa no investiga, por el momento, un hecho concreto de contaminación, sino los presuntos impedimentos para que la Provincia ejerciera sus funciones de control. Abuso de autoridad y otros posibles delitosA partir de estos antecedentes, el fiscal Arias consideró que la conducta denunciada podría encuadrar en tres figuras penales: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e impedimento o estorbo a un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones.Además, solicitó que la investigación se extienda a otros agentes y funcionarios que pudieran haber participado en las decisiones o ejecutado las órdenes que impidieron las inspecciones. Una nueva disputa entre la Provincia y NaciónEl caso abrió otro conflicto relacionado con la intervención del puerto: determinar si corresponde que la investigación avance en la Justicia provincial o en la federal.Para el fiscal Arias, las inspecciones ambientales forman parte de las atribuciones que conserva Tierra del Fuego, incluso cuando la terminal portuaria se encuentra bajo administración del organismo nacional.En cambio, la jueza de Instrucción N.º 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, entendió que los hechos denunciados involucran decisiones adoptadas por funcionarios nacionales en ejercicio de sus cargos y, por lo tanto, deben ser analizados por la Justicia Federal.Por ese motivo, declaró la incompetencia de la Justicia provincial y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete.Según la información publicada, el magistrado dio intervención a la Fiscalía Federal antes de resolver sobre la competencia.Un conflicto que sigue sumando causas judicialesLa imputación se produce en medio de la controversia institucional y judicial que enfrenta al Gobierno de Tierra del Fuego con la administración nacional por el control del puerto de Ushuaia.A los planteos vinculados con la legalidad de la intervención y la administración de la terminal se suma ahora una investigación penal sobre las presuntas restricciones al ejercicio de las facultades de fiscalización ambiental de la Provincia.El nuevo expediente introduce una cuestión central: hasta dónde llegan las atribuciones del organismo nacional que administra el puerto y qué controles puede seguir ejerciendo Tierra del Fuego sobre sus instalaciones.Por ahora, Arreseygor se encuentra imputado por el Ministerio Público Fiscal provincial, sin que exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal. El próximo paso será establecer qué tribunal debe continuar con la investigación.