La expropiación de Chacras obtuvo dictamen favorable
El proyecto para regularizar tierras del macizo 67 de la margen sur será llevado a la sesión del próximo miércoles 28. La Provincia deberá pagar a los propietarios y recuperar luego ese dinero de los adjudicatarios. Todavía debe definir el financiamiento y actualizar la tasación. A ese problema se suman ocupaciones exclusivamente residenciales y superficies sin trabajar que también deberán ordenarse para preservar el destino productivo.
En la Margen Sur, la falta de títulos afecta a familias que producen alimentos y han realizado inversiones sobre terrenos privados. A ese problema se suman ocupaciones exclusivamente residenciales y superficies sin trabajar que también deberán ordenarse para preservar el destino productivo de la zona.
La legisladora provincial de FORJA, Myriam Martínez, explicó por qué este sector no quedó comprendido en la ley 1.287, que abarca otras chacras del lugar. “Este macizo había quedado fuera, porque tenía cuestiones judiciales y estaba atravesando un proceso judicial muy importante, el cual ya está resuelto y es por eso que el Ejecutivo manda la solicitud de declarar de utilidad pública estas tierras”, señaló.
El proyecto del Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría en una reunión conjunta de las comisiones de Economía y de Recursos Naturales realizada en Río Grande. Propone declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las parcelas 1, 2 y 3 del macizo 67, sección K. Martínez anticipó que buscarán aprobarlo el 28, aunque la sanción no resolverá de inmediato la entrega de títulos.
La legisladora aclaró que los productores deberán pagar por los terrenos. El Gobierno necesita afrontar primero la indemnización a los propietarios y luego recuperar esa inversión mediante las adjudicaciones. El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat intervendrá en las mensuras y los procedimientos de regularización. “Ellos hace muchos años que vienen luchando para poder tener la titularidad, para poder comprar su tierra porque no es que el Estado le va a regalar la tierra, ellos van a pagar por su tierra”, remarcó.
La falta de recursos es el principal obstáculo para concretar ese proceso. Martínez explicó que han solicitado al Ministerio de Economía incorporar partidas al presupuesto y que los valores calculados años atrás deben actualizarse mediante el Tribunal de Tasaciones de la Nación. No precisó cuánto costaría hoy adquirir los inmuebles.
En la comisión participó el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, quien planteó como alternativa gestionar financiamiento del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, FAMP, mediante un proyecto productivo. La obtención de esos recursos sigue pendiente.
Ese punto generó diferencias entre los legisladores. Según Martínez, Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino, no acompañó el dictamen y se retiró de la reunión porque reclamaba conocer el valor de las tierras y el origen del dinero antes de avanzar. “No somos quién para decir de dónde va a sacar el recurso, eso lo va a tener que decir, obviamente, el Ejecutivo provincial”, respondió.
Respecto de la exigencia del artículo 67 de la Constitución provincial, que obliga a prever los recursos cuando una ley implica o autoriza gastos, Martínez defendió la práctica de aprobar normas y gestionar después su financiamiento. Sobre los antecedentes de expropiación, sostuvo que “nunca ha venido un proyecto del Ejecutivo mencionando de dónde va a salir ese recurso” y agregó que “es un procedimiento que se genera posterior a la votación de la ley”.
El ordenamiento también deberá diferenciar el uso productivo del exclusivamente residencial. Martínez explicó que las chacras tendrán superficies de entre 2.500 y 10.000 metros cuadrados y que para quienes viven allí sin desarrollar actividades productivas se prevén lotes de 300 metros cuadrados. El resto quedaría disponible para otros proyectos de producción.
Además, será necesario actualizar el relevamiento de ocupantes y poner en funcionamiento los cambios previstos para la Comisión de Chacras, con participación de los productores y las áreas estatales. “Nosotros tenemos un relevamiento que oportunamente se realizó y que seguramente debe estar desactualizado, así que las áreas correspondientes rápidamente van a tener que ponerse a trabajar sobre esto”, indicó. La experiencia de los sectores ya incluidos en la ley 1.287 muestra que el trámite puede extenderse. Martínez reconoció que esos productores todavía no tienen los títulos y pidió acelerar las tareas administrativas.