La Caja demandó al Concejo de Tolhuin por $900 millones
La Caja de Previsión Social fueguina inició una demanda ejecutiva de apremio contra el Concejo Deliberante de Tolhuin por una deuda millonaria que asciende a $892 millones, por aportes y contribuciones impagos desde enero de 2025, solicitando además el embargo preventivo sobre las cuentas que el cuerpo legislativo posee en el BTF. El Juzgado de Tolhuin se declaró incompetente y remitió la causa al Superior Tribunal de Justicia.
Un fuerte conflicto financiero e institucional enfrenta a dos organismos públicos de Tierra del Fuego. La Caja de Previsión Social de la Provincia (CPSPTF) inició una demanda ejecutiva de apremio contra el Concejo Deliberante de Tolhuin por una deuda millonaria que asciende a $892.985.032,57, solicitando además el embargo preventivo sobre las cuentas que el cuerpo legislativo posee en el Banco Provincia de Tierra del Fuego (BTF).
Sin embargo, el avance de la ejecución sufrió un giro procesal: el juez subrogante del Juzgado de Competencia Integral Civil y Comercial de Tolhuin, Pablo H. Bozzi, resolvió declararse incompetente para entender en el expediente (N° 470/2026) y ordenó remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por tratarse de una disputa entre un ente autárquico provincial y un ente municipal.
El origen de la deuda millonaria
De acuerdo con la presentación judicial realizada por el apoderado de la Caja, Sergio Manuel Tagliapietra, el cuerpo deliberativo tolhuinense incumple de manera sistemática desde enero de 2025 con su obligación legal de transferir mensualmente los aportes personales retenidos a sus trabajadores y las contribuciones patronales.
El reclamo se sustenta en el Certificado de Deuda N° 01/2026, emitido el 4 de septiembre, que desglosa el monto total acumulado (con capital e intereses calculados hasta agosto de 2026) en tres conceptos:
Aportes y Contribuciones (Ley 561): $755.888.724,89 de capital, más $129.516.836,62 en intereses.
Fondo de Sustentabilidad Previsional: $5.648.091,47 de capital, más $1.213.869,25 en intereses.
Aporte extraordinario del sistema previsional: $591.510,06 de capital, más $126.000,28 en intereses.
En el escrito, el organismo previsional advirtió que el Concejo incurrió en "mora automática" por el solo vencimiento de los plazos mensuales y requirió el libramiento de un mandamiento de intimación de pago junto con el embargo de las cuentas bancarias oficiales para evitar que el crédito se torne "ilusorio".
Por qué el caso pasó al Superior Tribunal
Antes de resolver sobre el pedido de embargo, el juzgado de primera instancia dio vista al Ministerio Público Fiscal, que dictaminó que el litigio reviste carácter contencioso-administrativo.
Al analizar la cuestión, el magistrado Pablo Bozzi coincidió en que la controversia enfrenta exclusivamente a dos entes estatales en ejercicio de funciones administrativas —la CPSPTF como ente autárquico provincial y el Concejo Deliberante como órgano municipal—, sin participación de particulares ni reclamos directos contra empleados. En aplicación de la Ley Provincial N° 133, el juez concluyó que la causa corresponde a la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, adonde será girado el expediente una vez firme la resolución.