Intervención del Puerto: movimientos millonarios sin explicar y falta de inversiones

Un informe periodístico de C5N expuso que $3.800 millones salieron de las cuentas bancarias del Puerto sin figurar como gastos en la documentación oficial suministrada. También advirtió que menos del 1% de los recursos se destinó a infraestructura y equipamiento.

A nueve meses de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, un informe de C5N reveló importantes interrogantes sobre la administración de los recursos económicos de la terminal, la falta de inversiones y las restricciones al acceso a la información pública por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

La investigación, presentada por la periodista Felicitas Bonavitta en el programa de Gustavo Sylvestre, expuso que $3.800 millones salieron de las cuentas bancarias del puerto sin aparecer registrados como gastos en la documentación proporcionada por el organismo nacional.

Además, señaló que menos del 1% de los recursos se habría destinado a equipamiento e infraestructura, pese a que el Gobierno nacional había justificado la intervención en supuestas deficiencias operativas. La periodista también advirtió que parte de la información bancaria entregada se encuentra desactualizada desde julio.

La situación se suma a los reiterados pedidos de información realizados por el Gobierno provincial, que continúa sin conocer oficialmente la recaudación y el destino de los fondos generados por la terminal. “No se sabe cuánta plata recaudan y cuál es el destino de esa plata”, afirmó la secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo.

En paralelo, la Justicia provincial ordenó el allanamiento del Puerto de Ushuaia para garantizar el ingreso de inspectores ambientales, luego de reiterados impedimentos por parte de las autoridades nacionales. La medida busca verificar las condiciones de manejo de residuos peligrosos y posibles riesgos de contaminación.

Según informó C5N, el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, y el interventor del puerto, Fernando Ariel Polizzi, quedaron imputados por presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público y obstaculización de las tareas de fiscalización.

Mientras tanto, los trabajadores portuarios advierten sobre el deterioro de la situación y cuestionan nuevas contrataciones de servicios por montos superiores a los que se destinaban durante la administración provincial.

El Gobierno de Tierra del Fuego mantiene su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar la administración de la terminal y garantizar el respeto de la autonomía provincial.