Intervención del Puerto de Ushuaia: "Llama mucho la atención el silencio político"

Desde fines de enero, la terminal está bajo el control del Estado nacional. La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso su intervención por 12 meses, con el argumento de irregularidades financieras y deficiencias de infraestructura. Mientras tanto, los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos siguen desplazados y los fondos de la actividad ya no quedan en manos del gobierno fueguino.

El exlegislador territorial por el Partido Justicialista Adrián De Antueno consideró que, hasta ahora, el debate se concentró en las consecuencias de la intervención: operativas, laborales y financieras, estas últimas “muy críticas para la provincia, para poder continuar gobernando”.

Entre ellas mencionó la pérdida de unos 22.000 millones de pesos, la cifra que circula como recaudación de una buena temporada de cruceros, aunque aclaró que desconoce si es exacta. “Querer aprovecharse de las debilidades que genera la falta de ingresos para gobernar la provincia no me parece ni apropiado ni bueno”, señaló.

Para De Antueno el problema de fondo es la legalidad de la medida. “La inconstitucionalidad es clara, es manifiesta, es explícita”, afirmó. Según explicó, el inciso 31 del artículo 75 de la Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de intervenir una provincia, y la intervención del puerto vulnera además los artículos 1, 5, 6, 121 y 122. Por eso, sostuvo que la medida no sería válida ni siquiera por decreto presidencial: “Ni le corresponde, ni la puede hacer el Presidente de la Nación, y mucho menos un organismo y un funcionario de cuarta”. También rechazó la figura misma, porque “no puede haber una intervención parcial”.

Además, cuestionó la demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que reclamó una resolución urgente, y la falta de reacción política: “Llama mucho la atención el silencio en que han caído todos los dirigentes políticos, los que lo son y los que lo quieran ser en el futuro, porque esto lleva a que la irracionalidad de la que hablo se naturalice”, advirtió.

También se refirió al amparo por acceso a la información pública que presentó El Diario del Fin del Mundo. El 30 de octubre, el juez federal Federico Calvete ordenó a la ANPyN y a la Administración General de Puertos (AGP) informar en diez días el uso de los fondos del puerto, pero ambos organismos apelaron y la orden quedó suspendida hasta que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. A su juicio, el fallo “no solo no se cumple, sino que se trata de evitar todos los pasos que jurídicamente corresponden”.

El caso se suma a otras pérdidas para la provincia. Recordó la denuncia que presentó hace más de diez años, con el apoyo de la Fiscalía de Estado, por la apropiación de la Isla de los Estados por parte de la Nación, y planteó que ahora se desprovincializa el puerto.

Sobre la falta de reacción de los sectores vinculados al puerto, señaló que Tierra del Fuego “históricamente está llamada e instada a la división” y que cada actor defiende lo propio. “Los que están ligados al turismo están preocupados por lo suyo, los que están ligados al comercio también por sus ventas, y lógicamente los trabajadores con sus sindicatos por su trabajo y por el ingreso para su familia”, describió.

Para el exlegislador, el problema excede a cualquier gestión: va “en contra de nuestro gobierno provincial, sea el que esté a cargo”. Al describir un cuadro de falta de trabajo, de industria y de actividad comercial, advirtió que la provincia atraviesa “una situación de declive” que hay que detener. Por eso, reclamó que lo que ocurre con el puerto “debe ser denunciado por toda la población y por toda la dirigencia política de nuestra provincia”.