Industria, empleo y soberanía: la Ley 19.640 cumplió 54 años en un clima de incertidumbre

El 16 de mayo de 1972 se sancionó la Ley de Promoción Industrial 19.640, una herramienta que transformó a Tierra del Fuego en un polo estratégico de producción tecnológica, empleo y soberanía nacional.

Hoy, a 54 años de aquella decisión histórica, el régimen industrial fueguino atraviesa un escenario de fuerte tensión económica y política, atravesado por la apertura de importaciones, la baja de aranceles y la incertidumbre sobre el futuro de las fábricas radicadas en la provincia.

La Ley 19.640 nació con un objetivo claro: fomentar el desarrollo económico, poblacional y geopolítico del extremo sur argentino. Gracias a este régimen diferencial, Tierra del Fuego logró consolidar una matriz industrial basada principalmente en la fabricación de productos electrónicos y tecnológicos.

Durante décadas, la provincia se convirtió en el principal centro de ensamblado de celulares, televisores, notebooks, aires acondicionados y electrodomésticos del país, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente entre 2025 y 2026. El Gobierno Nacional avanzó con una política de apertura de importaciones y reducción de impuestos para productos electrónicos importados, incluyendo medidas de arancel cero para determinados bienes tecnológicos. Estas decisiones provocaron preocupación en toda la cadena productiva fueguina.

En 2025, la eliminación gradual de aranceles para celulares y otros dispositivos importados derivó en protestas sindicales, paros industriales y advertencias sobre posibles pérdidas masivas de empleo. Distintos sectores señalaron que la competencia con productos importados afecta directamente la sustentabilidad del esquema industrial fueguino.

Durante 2026, el impacto comenzó a sentirse con mayor fuerza. Algunas empresas redujeron turnos de producción, otras frenaron inversiones y varias firmas vinculadas al ensamblado electrónico iniciaron procesos de reestructuración ante la caída de competitividad frente a productos importados con menores costos.

La preocupación creció especialmente en ciudades como Río Grande y Ushuaia, donde gran parte de la actividad económica depende del movimiento industrial. Comercios, servicios, transporte y actividades vinculadas al consumo interno comenzaron a resentirse por la desaceleración fabril.

Sectores sindicales y empresariales advierten que el modelo de “arancel cero” podría profundizar el cierre de líneas de producción y generar un efecto dominó sobre el empleo privado fueguino. A su vez, sostienen que la industria electrónica no solo representa trabajo, sino también una herramienta estratégica de presencia argentina en el Atlántico Sur.

La defensa de la 19.640 volvió así a ocupar el centro del debate político y social. Para trabajadores, cámaras empresarias y referentes provinciales, el régimen no constituye únicamente un beneficio fiscal, sino una política de Estado vinculada al arraigo poblacional, la soberanía territorial y el desarrollo federal.

En este nuevo aniversario, Tierra del Fuego no solo recuerda la sanción de una ley histórica. También enfrenta una discusión decisiva sobre el futuro de su matriz productiva y el rol de la industria nacional en el país que viene.