Gracianía propone nuevas herramientas para generar empleo y sostener el servicio educativo

La Legislatura provincial podría comenzar a debatir en las próximas semanas dos iniciativas que buscan intervenir sobre problemas centrales de Tierra del Fuego: la falta de inversiones y empleo, por un lado, y la pérdida de días de clases, por el otro. La legisladora Natalia Gracianía explicó que desde su espacio trabajan para llevar nuevamente al recinto la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, paralelamente, avanzar con un proyecto que establece la esencialidad del servicio educativo.
Uno de los principales objetivos es que la adhesión al RIGI pueda ser discutida durante la próxima sesión prevista para fines de agosto. La propuesta apunta a crear condiciones para atraer inversiones de gran escala hacia Tierra del Fuego, especialmente en sectores como energía, petróleo y gas, infraestructura, turismo y tecnología.
El proyecto plantea que el régimen pueda funcionar de manera complementaria con la Ley 19.640 y el subrégimen industrial vigente. Según lo expuesto, no se busca reemplazar el esquema promocional fueguino, sino incorporar una herramienta adicional para que nuevas empresas puedan instalarse en la provincia con estabilidad jurídica, fiscal y aduanera durante un período prolongado.
Entre las posibilidades mencionadas aparecen proyectos de energías alternativas, desarrollo eólico, hidrógeno, tecnología, infraestructura portuaria y turismo. También se señaló la necesidad de generar condiciones para avanzar con un puerto en Río Grande y mejorar la logística comercial de Ushuaia, además de potenciar nuevas inversiones en Tolhuin.
La iniciativa había encontrado dificultades para reunir consensos dentro de la Legislatura. Ahora, la intención es volver a plantearla en el recinto y discutirla como una herramienta para generar empleo, particularmente en la zona norte de la provincia, donde el deterioro del mercado laboral viene generando preocupación.
Otro de los proyectos que buscará avanzar es el que propone declarar esencial al servicio educativo provincial. La iniciativa pretende garantizar una prestación mínima del 75% del servicio habitual durante medidas de fuerza, incluyendo el dictado efectivo de clases y el funcionamiento de aquellos servicios indispensables para sostener la jornada escolar.
El proyecto no elimina el derecho a huelga de docentes y organizaciones sindicales, pero establece mecanismos para mantener parcialmente el funcionamiento de las escuelas durante paros, desobligaciones, asambleas u otras medidas gremiales. También contempla obligaciones específicas para el Ministerio de Educación provincial.
La propuesta incluye protocolos de continuidad del servicio, apertura de establecimientos, organización del personal y un plan provincial anual para responder ante contingencias. Además, establece que las familias deberían ser informadas con al menos 48 horas de anticipación sobre cualquier modificación que pueda afectar el normal desarrollo de las clases.
Otro de los puntos previstos es garantizar la libertad de trabajo de quienes decidan no adherir a medidas de fuerza y establecer mecanismos obligatorios para recuperar las clases perdidas. El proyecto también contempla controles administrativos para verificar que esa recuperación efectivamente se concrete.
La iniciativa educativa incorpora además la creación de un registro público provincial en el que se informaría la cantidad efectiva de días de clases, jornadas afectadas por medidas de fuerza y la recuperación realizada posteriormente. La intención es que las familias puedan acceder a esa información y hacer un seguimiento del cumplimiento del calendario escolar.
El proyecto ingresó a la Legislatura durante los primeros días de agosto y, si toma estado parlamentario en la próxima sesión, debería comenzar su recorrido por las comisiones. Desde el espacio impulsor consideran que existen condiciones para iniciar el debate y buscar acuerdos con otros bloques políticos.
De esta manera, la próxima actividad parlamentaria podría tener dos discusiones de peso: una relacionada con la necesidad de atraer inversiones y generar nuevos puestos de trabajo mediante el RIGI, y otra destinada a establecer herramientas para garantizar la continuidad educativa frente a conflictos que afecten el normal dictado de clases.