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Gracianía pidió ampliar el debate educativo y advirtió sobre la situación salarial de 1.100 docentes fueguinos

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La aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo en la Legislatura de Tierra del Fuego abrió una nueva etapa de discusión sobre los recursos que se destinarán al sistema educativo provincial.

La aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo en la Legislatura de Tierra del Fuego abrió una nueva etapa de discusión sobre los recursos que se destinarán al sistema educativo provincial. En ese contexto, la legisladora Natalia Gracianía planteó la necesidad de analizar el alcance económico de la normativa, revisar su impacto sobre los salarios y avanzar en una discusión más amplia sobre las condiciones laborales de los docentes. Durante una entrevista radial, la parlamentaria explicó los motivos por los cuales decidió no acompañar el proyecto aprobado el martes 17 de noviembre. Su principal observación estuvo relacionada con la cantidad de recursos que efectivamente podrían incorporarse al sistema educativo y la distribución prevista para atender las necesidades salariales y de infraestructura. Gracianía sostuvo que, más allá de la creación de nuevas fuentes de financiamiento, resulta necesario evaluar cuánto dinero estará disponible y de qué manera se traducirá en mejoras concretas para los establecimientos educativos y sus trabajadores. En ese sentido, presentó una estimación basada en una recaudación de aproximadamente 3.000 millones de pesos provenientes del sector bancario y otros 500 millones vinculados con el impuesto inmobiliario rural. Según sus cálculos, la distribución de esos fondos permitiría destinar alrededor de 1.400 millones de pesos a salarios docentes. La legisladora consideró que, al distribuir esos recursos entre aproximadamente 9.000 trabajadores de la educación, el impacto individual sería limitado. De acuerdo con su estimación, el incremento de bolsillo no superaría los 7.000 pesos mensuales por docente, una cifra que utilizó para fundamentar sus diferencias con el alcance económico de la iniciativa. Otro de los aspectos que abordó fue la inversión en infraestructura escolar. Gracianía señaló que, según sus proyecciones, los fondos previstos representarían alrededor de 16 millones de pesos anuales por establecimiento, por lo que consideró importante analizar si esa asignación permitiría atender las necesidades edilicias existentes. La parlamentaria también hizo referencia a la situación de aproximadamente 1.100 docentes que trabajan en instituciones educativas de gestión privada y que, según manifestó, mantienen diferencias salariales vinculadas con acuerdos paritarios anteriores. Explicó que la Ley Provincial 749 establece un régimen de equiparación salarial entre docentes de establecimientos de gestión estatal y privada, mediante aportes destinados al sostenimiento de las remuneraciones. De acuerdo con lo expresado por Gracianía, existen reclamos relacionados con la aplicación de un acuerdo salarial alcanzado durante 2025, cuyos beneficios no habrían sido trasladados en las mismas condiciones a una parte de los trabajadores de instituciones privadas. La legisladora señaló que esta situación alcanza a docentes que, en muchos casos, también desempeñan funciones en establecimientos públicos, por lo que consideró necesario abordar el problema desde una perspectiva integral del sistema educativo fueguino. Además, estimó que las diferencias salariales acumuladas representarían aproximadamente 1.500 millones de pesos y mencionó la existencia de presentaciones judiciales relacionadas con esos reclamos. Se trata de cifras y planteos expuestos por la parlamentaria, cuyo alcance deberá determinarse a partir de las actuaciones correspondientes. En otro tramo de la entrevista, Gracianía planteó que el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo podría haberse desarrollado junto con el análisis del Presupuesto 2027 destinado al área de Educación. Según explicó, esa posibilidad habría permitido estudiar de manera conjunta los recursos existentes, las nuevas fuentes de financiamiento y las prioridades previstas para el próximo ejercicio. También mencionó que durante el proceso legislativo se habían presentado distintas propuestas y alternativas de otros bloques políticos, y consideró que un debate más amplio podría haber contribuido a incorporar diferentes perspectivas sobre las necesidades del sistema educativo. La discusión salarial fue otro de los puntos centrales de su exposición. Gracianía sostuvo que las demandas de los trabajadores de la educación deben analizarse dentro de una situación económica que también comprende a otros sectores de la administración pública provincial. En ese marco, expresó que resulta importante encontrar mecanismos que permitan atender las necesidades de los docentes sin perder de vista las condiciones salariales del conjunto de los empleados públicos. La parlamentaria también se refirió a la planificación financiera de Tierra del Fuego y a la importancia de establecer previsiones sobre los ingresos que podrían generarse mediante futuras actividades productivas. Entre los ejemplos mencionó el desarrollo del hidrógeno verde y otras iniciativas económicas que podrían representar nuevas fuentes de recursos para la Provincia. Consideró que, al proyectar su utilización, resulta necesario contemplar las distintas necesidades del Estado y garantizar una distribución sostenible a largo plazo. En relación con el Presupuesto provincial 2027, Gracianía mencionó una proyección de déficit de aproximadamente 138.000 millones de pesos y señaló que ese cálculo contempla determinados ingresos tributarios. Según su análisis, una modificación en esas previsiones podría ampliar la diferencia entre recursos y gastos. Por ese motivo, planteó la conveniencia de analizar cuidadosamente los compromisos financieros que puedan extenderse durante los próximos ejercicios, especialmente cuando se trata de ingresos asociados a actividades económicas que todavía se encuentran en desarrollo. Finalmente, la legisladora señaló que el debate educativo continuará con el tratamiento del presupuesto correspondiente al próximo año, instancia en la que podrán examinarse las prioridades de inversión y las necesidades de funcionamiento del sistema. La discusión legislativa permitirá profundizar el análisis sobre los recursos destinados a salarios, infraestructura y sostenimiento de los establecimientos educativos, en un escenario donde el financiamiento de la educación constituye uno de los principales temas de la agenda provincial.