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Golpe a la desregulación: la Corte Suprema cuestionó los aumentos sin control de la medicina privada

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El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La decisión devuelve a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de supervisar y…

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La decisión devuelve a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de supervisar y autorizar los incrementos de las empresas de medicina privada. El fallo podría tener consecuencias sobre cientos de demandas judiciales y abrir nuevos reclamos de afiliados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un límite a la desregulación de la medicina prepaga al declarar inconstitucionales las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que habían permitido a las empresas establecer libremente los aumentos de sus cuotas, sin la autorización previa del Estado. La resolución representa un cambio significativo para el sistema de salud privado, ya que restituye las atribuciones de la Superintendencia de Servicios de Salud para controlar los valores de los planes, evaluar la razonabilidad de los incrementos y autorizar las modificaciones tarifarias de acuerdo con la estructura de costos de cada prestadora. El pronunciamiento fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran modificar mediante un decreto el régimen de regulación establecido por el Congreso. La controversia judicial comenzó con la presentación de una afiliada que denunció un incremento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La magnitud de la suba contrastaba con el mecanismo regulatorio anterior, que contemplaba para enero de 2024 una actualización del 6,26%. A partir de ese reclamo, la Cámara Federal de La Plata había cuestionado las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional. El caso llegó posteriormente a la Corte Suprema mediante recursos presentados tanto por la empresa demandada como por el Estado. Uno de los aspectos centrales de la sentencia es que las empresas de medicina prepaga ya no podrán ampararse en los artículos 267 y 269 del DNU para disponer aumentos sin supervisión estatal . La autoridad sanitaria recupera así la responsabilidad de analizar las actualizaciones tarifarias y verificar que respondan a fundamentos económicos y cálculos actuariales razonables. Sin embargo, los magistrados establecieron una diferencia importante respecto de lo resuelto anteriormente por la Justicia platense. La Corte rechazó que los incrementos deban quedar automáticamente limitados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el fallo no determina un porcentaje máximo de aumento vinculado directamente con la inflación. La decisión también podría generar consecuencias para numerosos usuarios que cuestionaron judicialmente las subas aplicadas desde la entrada en vigencia del decreto. Según la información del caso, existen cerca de 500 expedientes similares pendientes ante el máximo tribunal, además de otras demandas tramitadas en distintos juzgados del país. También podrían presentarse reclamos para solicitar la devolución de importes abonados, aunque la sentencia no establece un reintegro general automático. En sus fundamentos, la Corte sostuvo que la utilización de decretos de necesidad y urgencia constituye una herramienta extraordinaria, reservada para situaciones en las que resulte imposible seguir el procedimiento legislativo habitual o exista una urgencia incompatible con los tiempos del Congreso. Para los jueces, las referencias del Gobierno a la crisis del sistema sanitario y a la necesidad de promover una mayor competencia no fueron suficientes para demostrar que resultaba indispensable eliminar inmediatamente los mecanismos de regulación de las cuotas. El tribunal remarcó que las preferencias económicas o políticas de una administración no pueden reemplazar los requisitos establecidos por la Constitución Nacional para ejercer facultades legislativas excepcionales. Se trata de la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema sobre disposiciones del DNU 70/2023 , aunque los magistrados aclararon que su decisión comprende exclusivamente los dos artículos relacionados con las prepagas y no supone un pronunciamiento sobre el resto de la normativa. De esta manera, la sentencia vuelve a colocar al Estado en un papel central dentro del sistema de medicina privada y abre un nuevo escenario para las empresas, los organismos de control y miles de afiliados que cuestionaron los fuertes incrementos registrados desde fines de 2023.