Gobierno designó a un nuevo presidente en OSEF y esperan revertir su pésimo funcionamiento

El Gobierno provincial oficializó la designación de Gustavo Andrés García como nuevo titular del organismo, así como se nombró a Jorge Antonio Giménez como vocal de la institución para completar parcialmente al equipo directivo, que atraviesa uno de sus peores etapas de gestión.Según el Ejecutivo “el objetivo central de esta etapa es ordenar el sistema en el corto plazo, optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados, sentando al mismo tiempo las bases de una obra social más sustentable y previsible”.“Este proceso contempla una serie de medidas estructurales y operativas que apuntan a corregir desequilibrios históricos y mejorar la gestión:-Nueva estructura política y planta permanente:Se llevará adelante una revisión integral de la estructura de conducción y del personal, con el objetivo de reducir la planta política, ordenar funciones y evitar superposiciones. La iniciativa busca fortalecer áreas críticas y mejorar la eficiencia administrativa, reduciendo tiempos de respuesta.Determinación de la deuda con prestadores:Se realizará un relevamiento exhaustivo de la deuda total con prestadores, con corte al 31 de marzo de 2026. La medida apunta a unificar criterios de cálculo y contar con una base clara y consensuada que permita ordenar la relación con los proveedores del sistema.Negociación de un plan de pago:A partir de ese diagnóstico, se avanzará en la definición de un esquema de cancelación de deuda acorde a la capacidad financiera de la obra social, priorizando la continuidad de las prestaciones y evitando la generación de nuevos pasivos.Topes presupuestarios por prestador:El análisis del gasto permitirá establecer valores mensuales de referencia para cada prestador, con el fin de ordenar la facturación y evitar desvíos significativos. Esto aportará mayor previsibilidad y control del gasto.Acuerdos por monto fijo y ordenamiento de la demanda:Se impulsarán convenios con prestadores provinciales bajo la modalidad de monto fijo, acompañados por herramientas de regulación de la demanda asistencial, como protocolos, auditorías y sistemas de derivación. La medida busca garantizar prestaciones esenciales y optimizar el uso de recursos.Acuerdo directo con la industria farmacéutica:Otro eje clave será la negociación directa con laboratorios y actores del sector farmacéutico, con el objetivo de mejorar precios, condiciones de compra y disponibilidad de medicamentos.Compra directa para sectores vulnerables:La obra social implementará un esquema propio de compra de medicamentos e insumos alta rotación con cobertura total (100%), destinados a afiliados en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad, pacientes de salud mental o electrodependientes. La dispensa se realizará a través de farmacias propias o mediante entrega domiciliaria en casos específicos.Fortalecimiento de la auditoría:Sobre esto, se prevé reforzar los mecanismos de control médico y administrativo, con foco en la pertinencia de las prácticas, el seguimiento de prestaciones y el control del gasto, especialmente en derivaciones fuera de la provincia.Recupero de siniestros:Además, dentro de las modificaciones en la estructura interna de la Obra Social además se establece el Régimen Administrativo Obligatorio de Recupero de Gastos por pretsaciones medicos-asistenciales brindadas por la Osef cuando la contingencia derive de hechos generadores de responsabilidad civil, contractual o legal de terceros o entidades aseguradoras, en los témrinos del Código Civil y Comercial de la Nación y legislación especial aplicable.Este conjunto de medidas busca no solo atender la coyuntura, sino también iniciar una transformación estructural del sistema. La nueva conducción tendrá el desafío de implementar estos cambios en un escenario delicado, equilibrando la necesidad de ordenar las cuentas con la obligación de garantizar el acceso a la salud de los afiliados.“El proceso de reordenamiento aparece así como una etapa de transición hacia un modelo más eficiente, transparente y sostenible, en una institución clave para el bienestar de los trabajadores estatales y sus familias”, argumenta el Gobierno.