Gobierno aprobó plan para revisar las RUPE
La Secretaría Legal de Gobierno estableció un plazo de dos meses para elaborar propuestas sobre la reglamentación del Régimen Unico de Pensiones Especiales, los procedimientos de otorgamiento y control de pensiones y el recupero de acreencias sanitarias.
La Secretaría Legal de Gobierno aprobó un plan de intervención jurídica para abordar parte de las deficiencias normativas y administrativas detectadas por el Tribunal de Cuentas en su auditoría del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). La Resolución 220/2026, fechada el 21 de octubre, organiza un trabajo de dos meses con participación del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, el Ministerio de Salud y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
El objetivo es elaborar propuestas que definan competencias, responsabilidades, controles y plazos en tres áreas: la reglamentación general del RUPE, los procedimientos internos vinculados con las pensiones y los circuitos administrativos y judiciales para cobrar acreencias sanitarias.
La decisión responde al artículo 18 de la Resolución Plenaria 118/2026 del Tribunal de Cuentas, dictada el 20 de agosto al concluir la auditoría. Allí, el organismo de control requirió a la Secretaría Legal intervenir en la formulación de procedimientos relacionados con tres recomendaciones específicas del informe final.
El Tribunal advirtió que la falta de implementación de determinadas reglas y procedimientos dificulta detectar eventuales incumplimientos, omisiones, perjuicios fiscales y responsabilidades administrativas. El plan aprobado procura generar los instrumentos jurídicos necesarios para atender una parte de esas observaciones, aunque su aprobación no equivale a que las deficiencias hayan sido subsanadas.
La primera etapa, prevista entre los días 1 y 21, contempla redactar un anteproyecto de reglamentación integral del RUPE. Deberá incluir competencias, responsabilidades, mecanismos de coordinación, circuitos de altas y bajas, controles y plazos.
Entre los días 21 y 40 se trabajará sobre la normativa interna del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia. La resolución toma como antecedente la Resolución ministerial 791/2026. La propuesta deberá contemplar la estructura administrativa vigente, el Sistema de Protección y Acogimiento Familiar (SPAF), la documentación exigible, la periodicidad de los controles y las verificaciones correspondientes a cada categoría. También deberá prever informes sobre el cumplimiento de los requisitos, incluida la situación económica de los beneficiarios.
Un tercer eje, programado entre los días 21 y 45, estará dedicado a las acreencias sanitarias. Se diseñará un procedimiento que abarque facturación, validación, control médico-administrativo, registro, conciliación, notificación, recupero, regularización y eventual ejecución judicial.
Ese circuito deberá identificar responsables, plazos, documentación mínima y criterios para derivar asuntos a las áreas jurídicas. El Ministerio de Salud coordinará el trabajo de sus dependencias técnicas, de Auditoría Interna, Asuntos Jurídicos y Facturación y Recupero, mientras que la Secretaría Legal revisará el encuadre jurídico y la vía de aprobación.
Entre los días 46 y 52 se realizará la validación interinstitucional de los proyectos. La etapa final, entre los días 53 y 60, prevé elevar los textos a las autoridades competentes y remitir al Tribunal de Cuentas un informe que diferencie las medidas aprobadas de aquellas que continúen como propuestas. El anexo aclara que todos los trabajos deberán ajustarse al límite máximo de dos meses.
Para organizar la tarea, Bienestar Ciudadano y Justicia, Salud y OSEF deberán designar un enlace titular y otro suplente con competencia técnica y jurídica dentro de los cinco días corridos de recibir la comunicación. La coordinación quedó a cargo de la abogada Natalia Daniela del Moral Bastia, quien deberá consolidar el cronograma, registrar las actuaciones y elevar informes de avance.
La resolución delimita expresamente sus efectos: no cambia por sí misma el régimen del RUPE, no resuelve situaciones individuales, no reconoce ni liquida acreencias y tampoco dispone reintegros, sumarios o acciones judiciales concretas. Las propuestas necesitarán posteriores decisiones de las autoridades competentes.
Además, establece que cualquier procedimiento que pueda afectar derechos o intereses individuales deberá garantizar notificación, acceso a los antecedentes, oportunidad de ser oído y de ofrecer y producir prueba, y una decisión fundada. También exige resguardar la información personal vinculada con salud o discapacidad.
Un aspecto que requiere explicación es el cumplimiento del plazo inicial. El Tribunal había exigido presentar el plan dentro de los diez días corridos de la notificación. La resolución de la Secretaría consigna que esa notificación fue recibida el 21 de agosto, pero el acto que aprueba el plan de trabajo de 2 meses está fechado el 21 de octubre.