Fin del subsidio gubernamental al diésel enciende nuevo foco de tensión social en Bolivia

Transportistas, sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia anunciaron movilizaciones debido al alza del precio de los combustibles, tras el fin de la subvención gubernamental al diésel, decretada el 19 de septiembre último, y que repercute en las tarifas del transporte y en los precios de los productos.

LA PAZ (Xinhua/NA).- La decisión, anunciada por el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, la medianoche del viernes a través del Decreto Supremo 5716, puso fin al esquema subsidiado y estableció un nuevo precio de referencia para el diésel.

De acuerdo con el Gobierno, la medida forma parte de un programa para enfrentar la crisis económica, reducir el peso fiscal de los combustibles y mejorar el abastecimiento, después de meses de escasez.

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó la medida, que sectores sociales comienzan a calificar como “dieselazo”, y convocó a un ampliado nacional de emergencia para definir posibles acciones.

La central sindical sostuvo en un pronunciamiento que la decisión representa un duro golpe a la economía popular, vulnera la estabilidad de las familias trabajadoras y desencadenará un proceso inflacionario que afectará directamente el costo de la canasta básica y los medios de vida de los trabajadores.

La central afirmó que “en uso de sus atribuciones orgánicas y estatutarias, convoca de manera inmediata a un ampliado nacional de emergencia, con la participación de todas las Confederaciones, Federaciones Nacionales, Centrales Obreras Departamentales (COD’s) y Regionales (COR’s) para evaluar la coyuntura, escuchar la posición orgánica de los sectores afiliados y definir las medidas de lucha que correspondan”.

Por su parte, los conductores y operadores de transporte se reunirán mañana martes en Santa Cruz (este) para definir medidas contra el decreto. El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, confirmó que el sector analizará acciones de presión.

“Estamos declarados en emergencia, pero el día de mañana se tomarán las decisiones claras, cuál va a ser el accionar y el camino del transporte boliviano”, señaló Gómez en conferencia de prensa.

El transporte fue uno de los primeros sectores donde el impacto de la medida se hizo visible, pues el incremento del combustible elevó los costos de operación de camiones y autobuses, y podría tener repercusiones en los pasajes y fletes.

La Defensoría del Pueblo advirtió este lunes que el efecto puede extenderse al conjunto de la economía, particularmente por el aumento del costo del transporte y el posible traslado a los precios de los mercados.

El diésel es esencial para el movimiento de mercancías, la producción agropecuaria y numerosas actividades económicas, por lo que el encarecimiento puede repercutir en el abastecimiento y costo de alimentos y otros bienes de primera necesidad.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los impactos sociales y económicos que puede provocar esta medida. Entendemos que el Estado debe atender desafíos económicos; sin embargo, cualquier política pública debe tener presente la preservación de los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación”, afirmó a los periodistas el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.

En el ámbito político, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización vinculada al expresidente Evo Morales, se declararon en emergencia y anunciaron nuevas estrategias de movilización contra el decreto, ampliando el frente de rechazo al ajuste.

De acuerdo con el Gobierno, retirar la subvención podría aliviar una de las mayores cargas del sistema energético y corregir las distorsiones provocadas por un combustible vendido por debajo de su costo de importación.

No obstante, para los sectores sociales y sindicales el costo del ajuste afecta directamente a transportistas, productores, comerciantes y consumidores.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La medida del Gobierno forma parte de un programa para enfrentar la crisis económica, reducir el peso fiscal de los combustibles y mejorar el abastecimiento, después de meses de escasez. (Xinhua/Javier Mamani)