Estafa con viviendas de ATE: fijan fecha de juicio para arlos Córdoba y ex dirigentes
09:01 | Tras años de investigación, el escándalo por las viviendas de ATE Ushuaia se encamina al juicio oral. Carlos Córdoba y otros dirigentes estan acusados de una maniobra que habría cobrado dinero a cambio de la promesa de la casa propia.
El Tribunal de Juicio de Ushuaia fijó para el próximo 18 de mayo el inicio del juicio oral y público contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, y otros imputados en una causa por presuntas estafas vinculadas al plan habitacional que dio origen al barrio 128 viviendas de ATE.La investigación judicial sostiene que dirigentes sindicales habrían comercializado viviendas a personas a las que se les prometía el acceso a la “casa propia”, a cambio de pagos para ser incluidos en listados de beneficiarios confeccionados por ATE Ushuaia. En total, el expediente reúne 22 hechos considerados como estafas.Entre los acusados se encuentran Miguel Ángel Arana, quien estaba a cargo del área de Vivienda del gremio, y el propio Córdoba. Según la acusación fiscal, el titular de ATE no podía desconocer la maniobra: incluso se probó que realizó gestiones administrativas ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y que recibió reclamos de afiliados que habían abonado para acceder a una unidad habitacional.De acuerdo a la causa, el IPV se limitaba a verificar que los postulantes cumplieran con los requisitos formales, en el marco de una política habitacional provincial que durante la gestión de Rosana Bertone delegaba la intermediación en organizaciones sindicales y sociales, lo que habría generado un escenario de escaso control.Además, los imputados enfrentan cargos por defraudación mediante administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos. Durante la etapa de instrucción, otros integrantes del gremio fueron sobreseídos.Lavado de activos y una reparación controvertidaEl juicio también incluirá a un tercer imputado, Erik Enrique Moscoso Panozo, ajeno a la estructura sindical, quien será juzgado por el delito de lavado de activos. La acusación indica que parte del dinero obtenido en la maniobra habría sido invertido en la compra de maquinaria y la conformación de una empresa.En ese tramo de la causa, inicialmente estaban imputados Arana y su esposa, pero ambos quedaron desvinculados tras acordar con el Gobierno una “reparación integral del daño”, que incluyó la entrega de una retroexcavadora. Ese acuerdo contó con la anuencia del fiscal Daniel Curtale y del juzgado interviniente.Llamativamente, en esa instancia no se dio intervención al IPV, que sí participará en el juicio como querellante.La investigación estimó que las personas damnificadas fueron defraudadas por un total de 8.145.000 pesos y cerca de 52 mil dólares, montos percibidos antes de 2018, cuando comenzaron a radicarse las denuncias.Juicio en dudaEl juicio está programado por el Tribunal a la espera de un pedido de “suspensión de juicio a prueba” que presentaron las defensas de los imputados, el cual fue rechazado y está en la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.Se aguarda que la Cámara resuelva antes del 18 de mayo a fin de definir la realización efectiva –o no- de este proceso escandaloso-.