Estafa con inversiones y criptomonedas: hay 45 damnificados y el acusado pidió la probation

El abogado Jorge Hernández habló en AIRE LIBRE FM sobre una causa por presuntas estafas vinculadas a inversiones y operaciones con criptomonedas, que tiene como principal acusado a Damián Arias. Según explicó, hasta el momento se presentaron 45 damnificados, aunque estimó que podría haber muchas más víctimas.

Hernández relató que Arias, junto a su pareja, ofrecía supuestas oportunidades de inversión con resultados rápidos y atractivos. Las personas entregaban dinero, inicialmente obtenían resultados que generaban confianza y luego eran incentivadas a aportar sumas cada vez mayores. Sin embargo, cuando comenzaron los pedidos de devolución, el dinero nunca fue reintegrado.

El abogado indicó que la situación terminó de estallar hacia fines de 2023, cuando el acusado ya no podía responder a los compromisos asumidos. En ese contexto, reunió a los damnificados y les prometió que devolvería el dinero en una fecha determinada, pero nunca cumplió.

Uno de los episodios más llamativos de la causa fue el supuesto secuestro denunciado por Arias. Según explicó Hernández, el hombre habría organizado un autosecuestro, se habría provocado cortes en el cuello y posteriormente se presentó en la Comisaría Tercera para denunciar que había sido privado de su libertad.

De acuerdo con el letrado, la investigación policial y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron descartar rápidamente la existencia de un secuestro real. Sostuvo que las pruebas reunidas demostraron que se trató de una puesta en escena y que el propio acusado se habría autoflagelado antes de presentarse en la dependencia policial.

Hernández también hizo referencia a la utilización de una institución religiosa como parte de la estrategia para captar inversores. Aclaró que no está señalando a la iglesia como responsable de las maniobras, pero afirmó que Arias utilizaba su pertenencia a esa comunidad para generar confianza entre los fieles, quienes terminaron siendo algunas de sus primeras víctimas.

En ese sentido, indicó que, luego de conocerse las denuncias, algunas personas vinculadas a la institución transmitieron a los damnificados que se buscaría una solución y que se colaboraría para devolver el dinero, algo que finalmente nunca ocurrió.

El abogado señaló que, durante el avance de la causa, Arias intentó cambiar su lugar de residencia y salir de Tierra del Fuego. Sin embargo, a partir de las gestiones realizadas, se logró impedir su salida de la provincia.

Posteriormente, se desarrollaron distintas instancias de mediación en las que el acusado se comprometió personalmente a devolver el dinero a cada una de las víctimas. Hernández aseguró que se establecieron planes de pago por diferentes montos, desde 500 hasta 8.000 dólares, pero sostuvo que ninguno de los acuerdos fue cumplido, ni siquiera parcialmente.

Investigación sobre el dinero y pedido de probation

Consultado sobre el movimiento de fondos, el abogado indicó que, según trascendió de los informes policiales, se habrían detectado ingresos superiores a los 16 millones de pesos y cientos de operaciones con criptomonedas. No obstante, aclaró que todavía se investiga el destino del dinero y reconoció que rastrear esos fondos resulta complejo.

Actualmente, Arias solicitó la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Hernández consideró que, por la cantidad de hechos denunciados y la dimensión de la causa, no correspondería conceder ese beneficio, aunque aclaró que la decisión deberá ser evaluada por la autoridad judicial competente.

Finalmente, el abogado manifestó su preocupación por las posibilidades de recuperación de los ahorros de las víctimas. Explicó que, hasta el momento, no se logró determinar dónde se encuentran los fondos y sostuvo que existen dificultades para rastrear el dinero, especialmente por las operaciones realizadas a través de distintas cuentas y plataformas digitales.

La causa continúa en el ámbito judicial, con 45 personas que ya se presentaron como damnificadas y la posibilidad de que se incorporen nuevos denunciantes.

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