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“Es claro que hay sectores que no quieren perder privilegios en la política de Tierra del Fuego”

Critica Sur

13:23 | Lo dijo el gobernador Gustavo Melella tras el rechazo de la Legislatura del veto a la ley que propone derogar la convocatoria a reforma de la Constitución, y advirtió que se trata de “una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica de nuestra provincia”.

El gobernador Gustavo Melella cuestionó la decisión de la Legislatura provincial de insistir con una norma destinada a frenar el proceso de reforma parcial de la Constitución provincial, y advirtió que se trata de “una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica de nuestra provincia”."Desde el Gobierno provincial se remarcó que, una vez más, la Legislatura decidió avanzar durante la madrugada con una iniciativa manifiestamente inconstitucional, repitiendo prácticas que deterioran la calidad institucional y generan una profunda incertidumbre jurídica en Tierra del Fuego", destacaron desde el Ejecutivo.“El proceso de reforma constitucional ya fue iniciado conforme a derecho, incluso con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. Intentar frenarlo ahora mediante otra ley constituye un hecho sin precedentes en la Argentina”, expresó el mandatario provincial.Asimismo, Melella sostuvo que detrás de esta avanzada existen sectores políticos “que no quieren perder privilegios” y que buscan impedir que la provincia pueda modernizar sus instituciones y discutir democráticamente su futuro.“Nuestra provincia necesita reformarse, renovarse, mirar hacia adelante y no vivir atada al pasado y a los privilegios de algunos sectores de la política fueguina”, afirmó.Desde el Ejecutivo se señaló además que la pretensión de interrumpir un proceso constitucional ya en marcha vulnera derechos políticos fundamentales y desconoce las reglas básicas del sistema democrático y republicano.Finalmente, el Gobernador confirmó que la cuestión será llevada ante la Justicia, entendiendo que la norma aprobada por la Legislatura resulta claramente contraria a la Constitución y al orden institucional vigente.