“El sector privado no puede soportar más impuestos”, advirtió

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis “Gigi” Iglesias, cuestionó la presión tributaria que soportan los comerciantes fueguinos en medio de la caída del consumo, el cierre de negocios y las crecientes dificultades para sostener salarios y obligaciones. Tras participar del V Congreso Nacional de Almaceneros, señaló que Tierra del Fuego se encuentra entre las provincias con mayor carga de Ingresos Brutos y reclamó devolver al sector el 1,5% adicional durante al menos uno o dos años. También rechazó nuevas cargas impositivas vinculadas al financiamiento educativo, pidió que el Estado ajuste sus gastos a los ingresos disponibles y advirtió que el Presupuesto 2027 no puede construirse sobre nuevos aumentos de impuestos. “La emergencia es para todos”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre el impacto social de los cierres comerciales, las deudas y la pérdida de patrimonio de numerosas familias.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis “Gigi” Iglesias, trazó un preocupante panorama sobre la situación del sector privado en Tierra del Fuego y reclamó medidas urgentes para aliviar la presión tributaria que enfrentan comerciantes, pequeños empresarios y trabajadores independientes.

En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, por Radio Provincia, sostuvo que la caída del consumo, los costos operativos y la acumulación de obligaciones fiscales están comprometiendo la continuidad de numerosas actividades económicas.

El dirigente participó del V Congreso Nacional de Almaceneros, desarrollado en Buenos Aires, donde representantes comerciales de distintas provincias analizaron la situación del consumo, los costos logísticos y las dificultades que atraviesan los pequeños establecimientos. 

En ese ámbito, Iglesias planteó la necesidad de avanzar en soluciones comunes y advirtió que “Tierra del Fuego comparte con Tucumán uno de los niveles más elevados de Ingresos Brutos entre las jurisdicciones representadas”.

“Nosotros vamos a solicitar nuevamente y formalmente que se baje al 3,5%, que se devuelva a nuestro sector el 1,5%. Estamos en emergencia, lo necesitamos para pagar los salarios de nuestros colaboradores, por lo menos por un año o dos años”, afirmó.

 

Un congreso para conocer la realidad detrás del mostrador

 

Iglesias explicó que la participación fueguina en el encuentro nacional forma parte de un “trabajo de integración iniciado hace varios años, que comenzó con organizaciones de almaceneros de Buenos Aires y posteriormente se extendió a Rosario y otras regiones del país”.

Recordó que “junto con referentes del sector impulsaron la conformación de una confederación nacional que permita representar a los pequeños comercios y construir una agenda común”.

En ese sentido, destacó que “los almacenes constituyen un eslabón fundamental de la economía cotidiana y permiten conocer directamente las dificultades que atraviesan los consumidores”.

“Nos parecía importante leer la letra chica, qué es lo que pasa verdaderamente en el mostrador, porque a veces uno tiene la percepción como dirigente de hablar desde otro lado”, expresó.

Reconoció que “las entidades empresariales necesitan fortalecer su contacto con quienes desarrollan diariamente la actividad comercial, dado que son los propios trabajadores y comerciantes quienes conocen de primera mano las consecuencias de la crisis económica”.

Durante el congreso participaron representantes de Bariloche, Salta, Rosario y otras localidades argentinas, además de delegaciones vinculadas con República Dominicana, Colombia y Chile.

Entre los asistentes mencionó a Fernando Blanco Muiño, vinculado al área nacional de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial; al senador Bartolomé Abdala; y a Fabián Castillo, presidente de FECOBA y vicepresidente de CAME.

También destacó el trabajo de Luis Schreiber, referente del sector almacenero de Río Grande, quien participó durante dos jornadas de las actividades y reuniones de organización.

 

Costos logísticos, herramientas comerciales y un mapa productivo nacional

 

Uno de los principales objetivos del encuentro fue avanzar en estrategias para reducir costos, mejorar la comunicación de los pequeños comercios e incorporar herramientas de gestión accesibles.

Iglesias explicó que “se busca desarrollar instrumentos que permitan a los almaceneros administrar sus establecimientos y difundir sus propuestas sin afrontar inversiones que resulten difíciles de sostener”.

Asimismo, señaló que “se trabaja en la elaboración de un mapa productivo nacional para comparar precios, costos de transporte y condiciones de comercialización entre las distintas regiones”.

La propuesta apunta a identificar, por ejemplo, las “diferencias en el costo de productos alimenticios entre Salta, Buenos Aires, Bariloche y Tierra del Fuego, y evaluar de qué manera la logística incide sobre los precios finales”.

El dirigente consideró fundamental que “esta información llegue a las autoridades competentes para promover decisiones basadas en las condiciones reales de cada actividad”, dijo, al tiempo que agregó que “se trataba de alinear estrategias comunes, ver cómo está la situación en cada lugar y tratar de integrar”, explicó, destacando que la organización nacional del sector almacenero continúa creciendo.

 

“Tierra del Fuego está en emergencia y necesitamos que lo entiendan”

 

Además de su participación en el Congreso, Iglesias mantuvo reuniones vinculadas con las economías regionales y la actividad turística en el ámbito de la Cámara Argentina de Comercio.

Indicó que, durante esos encuentros, se “analizaron alternativas para fortalecer las actividades productivas y presentó la propuesta de desarrollo de la Ruta del Fuego, buscando generar vinculaciones con hoteles y agencias de turismo”.

Sin embargo, advirtió que “las iniciativas de promoción y diversificación deben desarrollarse en un escenario económico especialmente complejo”.

“Todo lo que se diga y que podamos hacer para tratar de superar con propuestas constructivas va a ser poco por la situación de emergencia que está viviendo nuestra isla”, manifestó.

En ese contexto, insistió en que el “Estado provincial debe reconocer que la crisis también alcanza a quienes generan empleo y sostienen actividades económicas mediante recursos propios”.

 

Ingresos Brutos: reclaman devolver el 1,5% al sector comercial

 

El planteo central de Iglesias estuvo dirigido a la presión tributaria provincial y según explicó, durante las reuniones nacionales se observó que “Tierra del Fuego y Tucumán se encontraban entre las jurisdicciones representadas con las alícuotas más elevadas de Ingresos Brutos”.

Calificó este tributo como “distorsivo” y cuestionó que “mientras los comercios enfrentan dificultades para sostenerse, continúen evaluándose alternativas para incrementar la recaudación”.

“Nosotros lo tenemos en el 5% y con algunas reformas que pululan por los sectores de las soluciones que tienen los organismos y los funcionarios públicos, donde la piensan incrementar”, señaló.

Frente a ese escenario, confirmó que “la Cámara de Comercio solicitará formalmente reducir la alícuota al 3,5%, mediante la eliminación del 1,5% adicional que actualmente soporta el sector”.

Explicó que “el alivio debería mantenerse durante uno o dos años, de acuerdo con la evolución de la emergencia económica, para permitir que los comerciantes destinen esos recursos al cumplimiento de sus obligaciones laborales, nuestro sector hoy lo solicita formalmente y no tendríamos que renunciar a reclamar esta solución”, remarcó.

 

“El sector privado parece el hijo de la pavota”

 

Iglesias también cuestionó lo que considera una distribución desigual de los esfuerzos económicos entre el Estado y las actividades privadas y expresó que “el sector privado, en la República de Tierra del Fuego, como dice el dicho, perdón la expresión, pero parecemos el hijo de la pavota”.

A continuación, explicó que “comerciantes, empresarios y trabajadores independientes deben cumplir permanentemente con impuestos, salarios y obligaciones administrativas, mientras que, a su entender, otros sectores encuentran mecanismos para afrontar sus dificultades financieras, siempre tenemos que poner, siempre tenemos que estar al día, siempre tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades”, sostuvo.

El dirigente afirmó que “los nuevos impuestos terminan afectando a los consumidores porque los mayores costos se trasladan, en distinta medida, a los precios de bienes y servicios, la emergencia es para todos, no se puede seguir cargando la parte impositiva al usuario común, que todo esto siempre se traslada a precios”, advirtió.

Asimismo, reclamó una revisión de las responsabilidades de quienes administran recursos públicos y de las propias organizaciones representativas y al respecto sostuvo que “tenemos que tener un espejo y mirarnos a decir: ¿qué estamos haciendo?, ¿cómo podemos juntarnos?, ¿cómo podemos colaborar? Y dejarnos de echar la culpa”, planteó.

En esa línea, sostuvo que “las consecuencias de las decisiones administrativas no pueden recaer permanentemente sobre quienes trabajan, producen y cumplen con sus obligaciones, no se pueden trasladar los errores de un mal manejo al ciudadano común, sobre todo al ciudadano que trabaja y aporta”, manifestó.

Incluyó en ese reclamo a comerciantes, taxistas, panaderos y otros prestadores de servicios que deben afrontar cargas impositivas, salarios y gastos de funcionamiento.

 “De acá se sale con trabajo, con producción y con respeto para el que aporta y trabaja”, enfatizó.

 

Financiamiento educativo: rechazo a nuevas cargas para los comerciantes

 

Consultado sobre el tratamiento legislativo de los proyectos de financiamiento educativo, Iglesias ratificó la posición crítica de la Cámara de Comercio frente a iniciativas que incorporen nuevas obligaciones tributarias y explicó que “el tema fue analizado junto con representantes de la Cámara de Comercio de Ushuaia y otros sectores empresariales, y señaló que algunas propuestas legislativas resultaban más razonables que otras, aunque expresó dudas sobre su capacidad para resolver el problema de fondo”.

En particular, insistió en que “el sector comercial viene soportando desde hace años un aporte adicional destinado a necesidades de infraestructura educativa y sanitaria”.

“Lo que nosotros pedimos es que nos devuelvan el 1,5% que estamos solventando, el tema de los edificios y el tema de los hospitales, donde se tendría que hacer cargo el Ejecutivo provincial y los distintos estamentos, no el sector privado”, sostuvo.

Consideró que “mantener esos esfuerzos extraordinarios durante períodos prolongados termina desnaturalizando el carácter excepcional de las medidas y compromete la capacidad económica de las empresas”.

“Es una barbaridad que todavía las emergencias por uno o dos años las venimos soportando en un momento que ya no se puede aguantar más”, cuestionó.

De esta manera, dejó en claro que la Cámara no desconoce las necesidades de financiamiento de los servicios públicos, pero rechaza que “las respuestas se construyan mediante una mayor presión sobre actividades que ya enfrentan dificultades para subsistir”.

 

Presupuesto 2027: “No vamos a poder soportar incrementos porque no vamos a poder pagar”

 

Otro de los temas abordados fue el próximo debate del Presupuesto provincial 2027, cuyo tratamiento comenzará en la Legislatura.

Iglesias señaló que “espera una convocatoria para que la Cámara de Comercio participe de la discusión, aunque aclaró que todavía deben evaluarse las modificaciones que puedan surgir de los proyectos tributarios actualmente en tratamiento”.

Advirtió que “las decisiones fiscales que se adopten durante las próximas semanas tendrán consecuencias directas sobre el ejercicio presupuestario siguiente”

En ese sentido, reclamó que “el Gobierno provincial ajuste sus previsiones de gasto a los recursos efectivamente disponibles y evite sostener sus necesidades financieras mediante nuevos aumentos impositivos”.

“Tienen que ajustarse a una realidad del dinero que entra a Tierra del Fuego, y tienen que saber que de nuestro sector no vamos a poder soportar incrementos porque, sinceramente, no vamos a poder pagar”, afirmó.

También pidió abandonar previsiones que, según su interpretación, no se corresponden con la situación económica provincial.

“No se puede seguir sosteniendo mentiras, hay que hacer algo acorde a la realidad, a los ingresos que tienen, y donde no se llegue, buscar soluciones en otro lado”, expresó.

El titular de la Cámara de Comercio insistió en que “la situación del sector privado ya no admite mayores exigencias y mencionó particularmente la paralización de la construcción y el cierre de establecimientos comerciales”.

 

Cierre de negocios y pérdida de patrimonio: el costo social de la crisis

 

Al analizar la situación de los locales comerciales, Iglesias reconoció que la Cámara de Comercio de Río Grande no cuenta con un relevamiento propio sobre la cantidad de establecimientos que cerraron recientemente.

La consulta surgió a partir de un estudio mencionado durante la entrevista sobre la calle San Martín de Ushuaia, donde se señaló que tres de cada diez locales se encontraban cerrados.

Sin embargo, el dirigente explicó que “prefiere concentrarse en las consecuencias humanas de esos cierres antes que limitar el análisis a una estadística”.

“Son despropósitos, son muertes, son proyectos fallidos, me parece triste”, expresó al referirse a los emprendimientos que dejan de funcionar.

Remarcó que “detrás de cada negocio cerrado existen familias, inversiones, compromisos económicos y expectativas de crecimiento que no pudieron concretarse”, dijo, al tiempo que agregó que “atrás de eso hay familias, hay esperanzas fallidas, hay compromisos que no se pueden responder”, lamentó.

En ese marco, vinculó las dificultades comerciales con la pérdida de bienes personales y empresariales, al mencionar remates de vehículos previstos para los próximos meses.

Según señaló, se hablaba de unos “50 vehículos para el mes en curso y otros 150 para el siguiente, situación que interpretó como una señal de las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores, es una realidad de gente que no pudo soportar y está perdiendo parte de sus activos”, advirtió.

Para Iglesias, estos episodios muestran que la crisis no se limita a una reducción de ventas, sino que compromete el patrimonio acumulado durante años de trabajo y afecta directamente la estabilidad de numerosas familias fueguinas.

 

Un reclamo que alcanza a todo el sector privado

 

El dirigente aclaró que “sus planteos no representan exclusivamente los intereses de los comercios asociados a la Cámara de Río Grande”.

Por el contrario, sostuvo que “las dificultades tributarias, laborales y financieras alcanzan a numerosas actividades productivas y de servicios”.

“Hablamos en nombre de todos, de todo el sector, de toda la gente que trabaja, porque tienen las mismas circunstancias y adolecen de los mismos problemas que nosotros”, manifestó.

En ese sentido, reclamó que “las autoridades provinciales y municipales comprendan la dimensión de la crisis y eviten respuestas que profundicen las obligaciones de quienes sostienen sus actividades con ingresos cada vez más limitados”.

También cuestionó la tendencia a trasladar responsabilidades entre distintos sectores políticos e institucionales, sin avanzar en soluciones concretas.

Advirtió que “estas discusiones se repiten año tras año y que, mientras tanto, las consecuencias económicas continúan acumulándose”.

 

“No podemos seguir cargando impuestos a quienes trabajan y producen”

 

Hacia el cierre de la entrevista, Iglesias insistió en la necesidad de comprender la gravedad social de la situación que atraviesa Tierra del Fuego.

Consideró que “las respuestas deben surgir de una administración responsable de los recursos públicos, del diálogo entre sectores y de políticas que permitan recuperar la actividad económica”.

Iglesias concluyó con una advertencia sobre la necesidad de evitar que “las discusiones políticas posterguen las respuestas económicas que necesitan comerciantes y trabajadores”.

 “Lo que no se le puede sacar más al sector privado de la provincia”, resumió, al insistir en que cualquier salida a la crisis debe sostenerse en el trabajo, la producción y el respeto hacia quienes aportan a la economía fueguina.