El Municipio advirtió que podría no pagar los aguinaldos si la Provincia no regulariza la deuda

En el marco del inicio del debate del Presupuesto 2027 en el Concejo Deliberante de Río Grande, el secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, cuestionó al Ejecutivo provincial por la falta de transferencia de recursos de coparticipación y advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría generar en el funcionamiento del Municipio, el pago de aguinaldos y la prestación de servicios esenciales. El funcionario acompañó la presentación de la Secretaría de Finanzas y sostuvo que las dificultades económicas que atraviesa la administración municipal no responden únicamente a una cuestión financiera, sino también a decisiones del Gobierno provincial. En ese sentido, afirmó que existe una deuda acumulada que continúa incrementándose. “Hace 20 días dijimos que ya eran 17.000 millones, hoy son 18.000”, señaló. Asimismo, reveló que el cronograma de transferencias correspondiente a esta semana contempla una nueva reducción de fondos. “Observamos que nuevamente va a haber un 25% menos de lo que nos corresponde”, expresó, al tiempo que cuestionó el destino de los recursos que, según indicó, ya fueron recibidos por la Provincia. En relación con el cumplimiento de las obligaciones salariales, Díaz explicó que el Municipio logró abonar los haberes correspondientes al último período, aunque debió postergar otros compromisos. “Nosotros abonamos los sueldos la semana pasada, la verdad que con lo justo”, manifestó, y agregó que “hemos dejado de cumplir con otros proveedores a los que la verdad que también se nos está generando un cuello de botella”. Ante este escenario, advirtió que la continuidad de las restricciones financieras podría comprometer los próximos pagos. “Lo que sí se pone en riesgo, si esto continúa, es el pago del aguinaldo y el pago del premio vacacional”, sostuvo, responsabilizando directamente al gobernador Gustavo Melella por lo que consideró una decisión política de perjudicar económicamente a Río Grande. Por otra parte, aclaró que la disponibilidad presupuestaria no garantiza que el Municipio cuente efectivamente con el dinero necesario para asumir nuevos compromisos. “Por más que estemos autorizados presupuestariamente a gastarlo, si no está el dinero no sería responsable firmar un incremento salarial”, explicó. No obstante, aseguró que, si la Provincia regulariza las transferencias, podrían retomarse las discusiones salariales y garantizarse los pagos pendientes. El secretario también manifestó su preocupación por el impacto de esta situación en los servicios públicos. Mencionó especialmente la potabilización del agua, el transporte público, el relleno sanitario y la recolección de residuos, cuyo servicio, según precisó, fue abonado solamente en un 50% durante el mes anterior. “Si se continúa con este ahogo, los servicios van a perder calidad y van a poner en riesgo la salubridad, el ambiente de los vecinos de la ciudad”, alertó. En otro tramo de sus declaraciones, Díaz cuestionó la decisión del Gobierno provincial de suspender la aplicación de un coeficiente de distribución de recursos que, según explicó, había sido corregido a favor de Río Grande. Detalló que esa modificación representaba aproximadamente 600 millones de pesos adicionales para el Municipio, pero que posteriormente quedó suspendida tras un planteo realizado desde Ushuaia. “Claramente hay una cuestión netamente política de presión por parte de Ushuaia respecto del gobernador”, afirmó. Finalmente, confirmó que el Municipio evalúa avanzar con una presentación judicial si persisten las diferencias en las transferencias de coparticipación. La definición podría producirse después de la reunión prevista para el viernes 13 de noviembre entre autoridades económicas provinciales y municipales en Tolhuin. “Si eso sucede, nosotros no tenemos otra herramienta más que hacer una presentación judicial que no tiene que ver con la cuestión política”, aseguró. En ese sentido, explicó que será Asesoría Letrada la encargada de reclamar judicialmente los fondos que, según la administración municipal, corresponden a los vecinos de Río Grande.