El insulto como ideología y la autodeclamada superioridad moral de los intolerantes

uando Javier Milei llama “zurdos de mierda” a quienes identifica como adversarios ideológicos, no solamente insulta: contribuye a instalar una forma de desprecio político que presenta al diferente como alguien indigno de respeto. La pregunta es por qué una sociedad que condena expresiones ofensivas fundadas en la raza, la religión o la orientación sexual parece tolerar con mayor naturalidad la descalificación sistemática por razones políticas, incluso cuando proviene del Presidente de la Nación.

Hay expresiones que una sociedad democrática ha aprendido, después de siglos de injusticias, persecuciones y sufrimientos, a reconocer como inadmisibles. Denigrar a alguien por ser judío, negro u homosexual supone una agresión que trasciende el insulto personal: reduce su identidad a una pertenencia que el agresor considera suficiente para degradarlo.

Afortunadamente, existe un amplio consenso sobre el carácter discriminatorio de semejantes expresiones, aunque todavía conviva con demasiadas prácticas de intolerancia. Sin embargo, resulta llamativa la facilidad con que algunos sectores suspenden ese principio cuando el destinatario del desprecio pertenece a una corriente de pensamiento diferente.

Milei ha convertido la expresión “zurdo de mierda” en una fórmula recurrente de su confrontación ideológica. La utilizó antes de acceder a la Presidencia y continuó haciéndolo una vez investido con la máxima representación institucional de la República. El agravio ha adquirido, además, una función que excede su significado político: permite despachar como despreciable a quien contradice, cuestiona o simplemente incomoda.

No estamos ante una frase excepcional pronunciada en el fragor de una discusión. Estamos frente a una modalidad discursiva reiterada, celebrada por sectores de la militancia que encuentran en el insulto una contraseña de pertenencia.

Y aquí aparece una contradicción moral que merece ser examinada. ¿Por qué resulta inaceptable denigrar a una persona por su religión, su color de piel o su orientación sexual, pero parece aceptable hacerlo por sus convicciones políticas? ¿En qué momento la libertad de pensamiento dejó de comprender el derecho de los demás a pensar de otra manera?

El problema se agrava cuando quien promueve ese lenguaje es el Presidente de la Nación. Un ciudadano puede expresar opiniones vehementes, cuestionar doctrinas y combatir intelectualmente las ideas que considera equivocadas. Un presidente también. Lo institucionalmente cuestionable es que quien debe representar a todos los argentinos, incluidos aquellos que jamás lo votarían, contribuya a naturalizar el desprecio hacia una parte de esa misma sociedad.

Los recientes ataques al periodismo, después de conocerse el sobreseimiento en la causa $LIBRA, se inscriben en esa misma lógica. Tras señalar por sus nombres a periodistas que habían informado sobre el caso, Milei recurrió a la imagen de la hoguera para quienes considera merecedores de castigo. Sus expresiones recibieron críticas de diversos sectores, incluso del propio oficialismo: Patricia Bullrich reclamó cuidar las palabras y advirtió sobre el límite que supone semejante expresión. Que hasta una dirigente de su cercanía política haya señalado ese exceso debería invitar al Presidente a una reflexión sobre su responsabilidad institucional.

El llamativo cierre del expediente merece escrutinio público, como cualquier decisión judicial sobre un asunto de semejante relevancia. Respetar el sobreseimiento no obliga a considerar ilegítimas las preguntas que dieron lugar a la investigación ni convierte automáticamente en falsas las informaciones publicadas. Tampoco cancela la discusión sobre la responsabilidad política del Presidente.

Si una información es falsa, corresponde refutarla con pruebas. Si existe un error, corresponde exigir su corrección. Presentar a quienes investigaron como personas moralmente despreciables elude esa exigencia y reproduce el mismo razonamiento que sostiene el insulto ideológico: quien cuestiona pierde, por ese solo hecho, el derecho a ser tratado con respeto.

Más preocupante todavía es la lógica de superioridad que subyace en esa conducta. Cuando alguien considera que sus convicciones son tan indiscutiblemente superiores que quienes sostienen otras merecen ser degradados, la confrontación democrática empieza a transformarse en una relación entre supuestos superiores e inferiores. Se discuten cada vez menos los argumentos y se descalifica cada vez más a las personas.

No hace falta recurrir a equivalencias con regímenes del pasado para reconocer el problema. La construcción de enemigos colectivos, la estigmatización del disenso y la pretensión de monopolizar la virtud son mecanismos de intolerancia que una democracia debe cuestionar antes de que se conviertan en costumbre.

Hay, además, una ironía particularmente significativa en que semejante comportamiento provenga de quienes reivindican la libertad como valor supremo.

Una libertad que exige adhesión para conceder respeto se parece demasiado a un privilegio de pertenencia.

Esa concepción selectiva también encuentra una expresión en el plano internacional. En las primeras horas posteriores a la reelección de Lula da Silva, Milei mantiene silencio mientras mandatarios de derecha como José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña y Keiko Fujimori saludaban al presidente brasileño. También Abelardo de la Espriella reconoció el triunfo de Lula, pese a haber apoyado a su rival, y destacó que la voluntad popular debe respetarse por encima de las diferencias ideológicas. Todos ellos comprendieron una obligación institucional elemental: reconocer el pronunciamiento de las urnas y expresar disposición a trabajar con quien resultó elegido.

Felicitar a un mandatario electo no exige compartir sus ideas, aprobar su gestión ni renunciar a las propias convicciones. Supone comprender que la voluntad de un pueblo merece consideración aun cuando su decisión contraríe las preferencias personales de otro presidente. Milei representa a la Argentina también cuando sus vecinos eligen a alguien que le desagrada. Las relaciones entre países requieren una madurez que no puede quedar subordinada a las simpatías del gobernante de turno.

El silencio no equivale por sí solo a desconocer un resultado electoral, pero, en ese contexto, expresa una mezquindad institucional difícil de justificar. La firmeza de las convicciones empieza a convertirse en necedad cuando impide una cortesía democrática elemental. Si el respeto a la voluntad popular depende de que gane el candidato afín, lo que en realidad se defiende es la propia preferencia.

Defender la libertad mientras se cultiva el desprecio hacia quienes piensan distinto revela una concepción bastante selectiva de ese principio. Y proclamar superioridad moral mientras se distribuyen agravios ofrece una demostración poco convincente de las virtudes que se invocan. La excelencia intelectual, si existe, debería poder acreditarse sin recurrir a semejante pobreza de recursos.

También conviene examinar la responsabilidad de quienes celebran y reproducen esas expresiones. La militancia que convierte el insulto presidencial en una contraseña termina confundiendo convicción con obediencia, firmeza con agresividad y debate con hostigamiento. Cuando la degradación del contrario se transforma en motivo de orgullo colectivo, queda expuesta una inquietante dificultad para convivir con la diversidad.

Esta crítica no exime a otras fuerzas políticas. La descalificación del adversario y la intolerancia tienen antecedentes abundantes en distintas tradiciones partidarias argentinas. Precisamente por eso, la condena debe responder a un principio general y no a la identidad de quien pronuncia el insulto. De lo contrario, se incurre en la misma doble moral que se pretende denunciar.

La cuestión de fondo es sencilla: ninguna sociedad mejora su convivencia convirtiendo el desprecio en una virtud. Las diferencias entre las diversas formas de hostilidad deben reconocerse con rigor, pero jamás utilizarse como una excusa para justificar la humillación.

La democracia no exige aprobar las ideas ajenas. Exige discutirlas sin convertir a quienes las sostienen en personas indignas de respeto.

Y quizá la mayor paradoja de esta época sea que quienes proclaman haber venido a liberar a la sociedad de las imposiciones ideológicas pretendan establecer una nueva ortodoxia: aquella en la que pensar como ellos merece respeto y pensar diferente habilita el insulto.

Porque cuando la libertad necesita humillar al diferente para afirmarse, empieza a parecerse demasiado a aquello que dice combatir.

(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.