El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional"
El Gobierno envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional". La iniciativa endurece las ...
El Gobierno envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional". La iniciativa endurece las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin autorización de la República Argentina.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas.
El texto que ingresó a la Cámara de Diputados durante la madrugada de este jueves, tiene como objetivo ampliar las herramientas estatales para defender la soberanía y coordinar las áreas vinculadas con Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.
Uno de los principales cambios apunta a modificar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones para las empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. El nuevo esquema alcanzaría no solo a las compañías operadoras, sino también a accionistas, directivos y proveedores involucrados.
Las sanciones previstas incluyen multas, inhabilitaciones y restricciones para desarrollar actividades económicas o contratar en el país. El proyecto también contempla la posibilidad de revocar permisos, concesiones y beneficios fiscales o financieros vinculados con los infractores.
Además, la iniciativa incorpora modificaciones penales para determinadas actividades de exploración y explotación de recursos no renovables en el mar territorial y la plataforma continental argentina.
La norma también propone fundar el Consejo de Seguridad Nacional para articular políticas de manera transversal entre las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con el objetivo de proteger los recursos e infraestructuras estratégicas.