El Gobierno busca reactivar la reforma de la Constitución en el Superior Tribunal de Justicia

El Gobierno de Tierra del Fuego dio un nuevo paso en la disputa por la reforma constitucional y presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Provincial Nº 1626, mediante la cual la Legislatura derogó la convocatoria al proceso de reforma de la Constitución provincial.La demanda, impulsada por la Fiscalía de Estado, sostiene que el Parlamento no podía dejar sin efecto mediante una ley ordinaria un procedimiento constituyente que, según el Ejecutivo, ya había comenzado a producir efectos jurídicos e institucionales.En ese sentido, el Gobierno argumentó que la convocatoria aprobada por la Ley Nº 1529 puso en marcha un proceso previsto por la propia Constitución, con la intervención de distintos órganos del Estado, por lo que su interrupción vulnera principios como la supremacía constitucional, la división de poderes, la continuidad institucional y la seguridad jurídica.Según la presentación, una vez iniciado el proceso de reforma comenzaron a dictarse actos administrativos e institucionales válidos que no podían ser desconocidos por una decisión posterior de la Legislatura.Además, el Ejecutivo sostuvo que la derogación también afecta derechos de participación política al impedir la continuidad de un mecanismo previsto constitucionalmente para modificar la Carta Magna provincial. Pidió una cautelarJunto con la demanda principal, el Gobierno solicitó al Superior Tribunal una medida cautelar para que suspenda de manera inmediata los efectos de la Ley Nº 1626 mientras se resuelve el fondo del planteo.El objetivo es evitar que la norma continúe produciendo efectos durante el trámite judicial y preservar la situación jurídica existente antes de que la Legislatura dejara sin efecto la convocatoria a la reforma.Más allá de que se declare la inconstitucionalidad de la ley derogatoria, la presentación judicial persigue un objetivo concreto: que el Superior Tribunal restablezca la plena vigencia de la Ley Nº 1529 y de todos los actos dictados en el marco del proceso de reforma constitucional.En la práctica, el Ejecutivo pretende que el proceso constituyente continúe desde el punto en que fue interrumpido, sin necesidad de volver a iniciar todo el procedimiento legislativo.Incluso, en el escrito se solicita que, en caso de prosperar la demanda, se restablezca el cronograma electoral previsto para la elección de los convencionales constituyentes.Por último, el Gobierno dejó planteada la reserva del caso federal, anticipando que, si el fallo del Superior Tribunal resulta adverso, recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.