El financiamiento educativo quedó sin definición y la Legislatura retomará el debate el 17 de noviembre

La Legislatura fueguina postergó hasta el 17 de noviembre la continuidad del tratamiento del proyecto de financiamiento educativo, luego de una discusión que superó las cinco horas. Las diferencias entre quienes impulsaban aprobar el dictamen y quienes reclamaban profundizar su análisis impidieron alcanzar una resolución. Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio. El debate transcurrió con presencia de integrantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Docencia Fueguina (SUTEF), que acompañaron con aplausos las intervenciones favorables a la aprobación y expresaron su rechazo a las propuestas de continuar el tratamiento en comisiones. Esa alternativa fue planteada por el legislador del Movimiento Popular Fueguino, Osvaldo Villegas, y marcó uno de los principales puntos de confrontación de la jornada. La aprobación fue respaldada por representantes de Forja, el Partido Justicialista y Sumemos Tolhuin. En cambio, el MPF, La Libertad Avanza, Somos Fueguinos, el Partido Verde, Provincia Grande y el legislador de Forja Federico Sciurano se pronunciaron por seguir estudiando la iniciativa. Este sector propuso vincular la discusión con el presupuesto provincial para precisar los recursos destinados a salarios docentes y al mantenimiento de las escuelas. Uno de los cuestionamientos estuvo centrado en la administración del gasto educativo. Matías Lapadula señaló que el presupuesto previsto para 2027 contempla $538.000 millones para el área, con más de $470.000 millones destinados a salarios docentes. Según los números expuestos por el legislador, sobre una matrícula de 45.302 estudiantes, la asignación equivale a unos $11,8 millones anuales por alumno. A partir de esa relación, reclamó revisar cómo se ejecutan los fondos y qué resultados producen en el sistema. Entre las fuentes de ingresos discutidas apareció el cobro de Ingresos Brutos a Camuzzi Gas del Sur. Juan Carlos Pino sostuvo que permitiría recaudar alrededor de $2.000 millones, con una distribución del 60% para redes de gas y del 40% para edificios escolares. También cuestionó la respuesta de la empresa ante pedidos de ampliación del servicio: “Siempre que se le pide hacer unos metros de red de gas, siempre existe una negativa rotunda”, afirmó. La defensa del proyecto incluyó el planteo de Victoria Vuoto sobre la necesidad de superar las emergencias recurrentes en educación. Por su parte, Federico Greve pidió discutir el aporte tributario de los grandes propietarios rurales y manifestó su disposición a incorporar modificaciones al dictamen. “Esta es una buena ley, pero no estamos cerrados a que quieran mejorarlo. Lo que queremos es que exista un compromiso para hacerlo”, expresó. Con las posiciones todavía enfrentadas, la definición quedó pendiente para la reanudación del debate. ]]>