Dos médicas imputadas por la muerte de un niño de tres años en Río Grande

La causa judicial por el fallecimiento de Tayron Villalba Villegas, ocurrido el pasado 20 de agosto, avanza con dos pediatras imputadas por su intervención en la atención del menor en el Hospital Regional Río Grande. La querella busca establecer si existieron errores en el diagnóstico inicial y si una evaluación médica adecuada podría haber evitado su muerte. La investigación por la muerte de Tayron Villalba Villegas, de tres años, incorporó a una segunda profesional médica entre las imputadas. El abogado de la familia, Juan Ignacio Trepatt, confirmó que la querella solicitó ampliar la imputación luego de detectar que la pediatra que atendió al pequeño no fue la misma que completó y firmó su historia clínica. La presentación contó con el acompañamiento de la fiscalía y apunta a determinar el grado de responsabilidad de ambas profesionales. El niño había concurrido al Hospital Regional Río Grande el 19 de agosto con fiebre, vómitos y diarrea. En aquella primera consulta recibió un diagnóstico de gastritis leve y fue enviado nuevamente a su domicilio. Sin embargo, unas nueve horas después regresó al establecimiento en estado crítico y falleció como consecuencia de un shock séptico. Los estudios realizados tras la exhumación del cuerpo permitieron establecer que el cuadro había sido provocado por una neumonía. En declaraciones a Radio Fueguina, Trepatt cuestionó que la infección no fuera identificada durante la primera atención y señaló que, según las consultas efectuadas con especialistas, existían procedimientos clínicos que podrían haber permitido advertirla. “Una infección de esas características, por lo que sabemos y hemos hecho las consultas que corresponden, es fácilmente detectable, incluso ni siquiera con un laboratorio, con una auscultación”, manifestó. La querella intenta determinar si hubo una evaluación insuficiente y si esa circunstancia tuvo incidencia en el desenlace. Otro aspecto bajo análisis es la modalidad de contratación de los profesionales que realizan guardias en el hospital. Según explicó el abogado, el Gobierno provincial contrata a una empresa encargada de incorporar médicos para cubrir servicios itinerantes. La familia obtuvo documentación contractual y pretende conocer las condiciones de trabajo y los horarios cumplidos por las profesionales involucradas. También se investiga por qué el menor habría recibido atención en la sala de espera durante su primera consulta. Mientras continúan las declaraciones testimoniales y la incorporación de pruebas, la familia reclama respuestas sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento y la falta de información recibida inicialmente. Trepatt aclaró que el objetivo no es cuestionar al conjunto del personal sanitario, sino identificar posibles responsabilidades individuales. La investigación, encabezada por la fiscalía del doctor Bramatti, permanece en una etapa inicial y todavía deberá determinar si existió una conducta profesional negligente vinculada con la muerte del pequeño. ]]>