Desde el Gobierno provincial defendieron el veto a la ley de goteo diario de fondos a municipios

El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego resolvió vetar la ley que impulsaba un sistema de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios, al considerar que el mecanismo resulta inviable desde el punto de vista financiero, operativo e institucional, además de representar un riesgo para el funcionamiento general del Estado provincial. Desde el Gobierno señalaron que la medida busca preservar el equilibrio de las cuentas públicas y garantizar la continuidad de servicios esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos. El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, sostuvo que la normativa “no puede aplicarse” por las dificultades económicas y administrativas que implicaría. Según explicó, actualmente no es posible determinar de manera diaria cuáles son los fondos definitivos enviados por Nación que deberían distribuirse automáticamente a cada municipio. En los fundamentos del veto, el Ejecutivo aclaró que no se cuestiona el régimen de coparticipación ni los recursos que corresponden a cada ciudad, sino la implementación de un esquema rígido y automático que, de acuerdo a los informes técnicos, afectaría seriamente la administración financiera provincial. Los dictámenes elaborados por la Contaduría General, el Ministerio de Economía y los servicios jurídicos coincidieron en advertir que el sistema aprobado por la Legislatura carece de viabilidad técnica y operativa. Particularmente, desde la Contaduría General remarcaron que un mecanismo de transferencias automáticas diarias, sin contemplar los procesos de control, registración y determinación definitiva de los fondos coparticipables, podría derivar en transferencias indebidas e incluso comprometer recursos que cuentan con asignaciones específicas establecidas por ley. Además, el Ejecutivo provincial sostuvo que un sistema de “goteo diario” limitaría la capacidad de la Provincia para administrar recursos ante situaciones de emergencia o contingencias económicas, poniendo en riesgo la respuesta estatal frente a escenarios críticos. Otro de los puntos señalados en el veto es que la ley avanzaba sobre facultades propias del Poder Ejecutivo y alteraba el funcionamiento constitucional de la administración financiera provincial, al imponer automatismos que desconocerían los mecanismos técnicos de control previstos en la normativa vigente. Finalmente, desde el Gobierno indicaron que la decisión responde a criterios de “responsabilidad política e institucional”, con el objetivo de resguardar la estabilidad financiera de la Provincia y asegurar la continuidad de los servicios esenciales para la población.