Denuncian condiciones «inhumanas» en centro de detención de Texas
El Centro de Procesamiento Familiar de Dilley, en Texas, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la publicación de una investigación conjunta de las organizaciones Human Rights First…
El Centro de Procesamiento Familiar de Dilley, en Texas, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la publicación de una investigación conjunta de las organizaciones Human Rights First y RAICES. El documento documenta violaciones generalizadas al debido proceso. Y condiciones de reclusión «degradantes» para niños, bebés y recién nacidos bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según el informe, entre abril de 2025 y febrero de 2026, más de 5.600 personas fueron encarceladas en estas instalaciones. Las denuncias incluyen falta de atención médica adecuada, alimentación en mal estado. Y un entorno de hacinamiento que provoca daños psicológicos duraderos, como ansiedad y conductas autolesivas en menores cuya edad promedio es de siete años.
El giro radical en la política de ICE
Una investigación paralela de The Marshall Project revela un cambio estructural en el rol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la detención de menores se disparó: de un promedio de 24 niños diarios durante el final de la era Biden a 226 menores por día en la actualidad.
El abogado especialista Héctor Quiroga explicó a medios internacionales que este aumento refleja la «normalización de la detención familiar como herramienta de control». Según Quiroga, el ICE ha pasado a ser un actor central en la custodia de menores en instalaciones no diseñadas para la infancia, violando el histórico Acuerdo Flores de 1997, que exige la liberación de niños «sin demora innecesaria».
Incumplimiento de límites legales
La reactivación de Dilley (que había sido clausurado en 2024 y reabierto por orden de Trump en 2025) ha puesto en evidencia el quiebre de los estándares humanitarios: Más de 1.600 menores permanecieron bajo custodia más de 20 días, superando el límite legal permitido por los tribunales.
La investigación también detectó que entre los encarcelados hay solicitantes de asilo legítimos, beneficiarios de visas humanitarias y familias que residían en EE. UU. desde hace años.
«El gran debate hoy no es solo si el ICE puede detener menores, sino si lo está haciendo dentro de los límites legales establecidos», sentenció Quiroga, advirtiendo sobre una posible ola de litigios constitucionales ante la evidencia de maltrato sistemático en el sistema de justicia penal estadounidense.
FUENTE: PM Prensa Mercosur