Denuncia judicial porque habrían vendido terrenos fiscales

La doctora Griselda Engelhard es la abogada de damnificados en la venta de tierras fiscales en Ushuaia. Fue entrevistada por AIRE LIBRE FM donde detalló la actual situación judicial donde hay dos causas por defraudación y estafa, confirmando que “habría al menos 26 damnificados que pagaron grandes sumas por terrenos que no fueron entregados”. Los audios que circularon por las redes sociales “no están confirmados como prueba válida”, y aclaró que por ahora no hay evidencia que involucre a funcionarios del Municipio.

La abogada comenzó señalando que “la situación sería de las causas judiciales, porque, desde este estudio jurídico, desde esta letrada, llevamos dos causas judiciales, dos denuncias penales por la presunta comisión de los delitos de estafa y defraudación. Tengo entendido que también se estaría realizando, ya una una tercera.
Los audios que yo he escuchado, como todo el público los ha escuchado en en redes sociales, desconozco. Los desconozco, por mi parte no constan en el expediente, no sé realmente si son verídicos o están hechos con nuestra famosa equidad IA hoy en día tan popular.
Sí como letrada, lo que hago es recopilarlos y presentarlos en carácter de querellante en las causas, a los efectos que la justicia investigue la veracidad de estos audios. Y en base a la veracidad, si son reales, el origen. Pero, bueno, es algo que ya a mí me excede”.

Se habla de, al menos 26 damnificados por el momento, podrían ser más, muchos de los cuales habrían pagado sumas millonarias. ¿Cuál es el patrón común que aparece en estas maniobras? ¿Y cómo se supone que operaba este presunto circuito de ventas de tiendas?

“Todo se habría esto iniciado con un grupo de WhatsApp de de las presuntas víctimas, que este este grupo de WhatsApp rondaba esta cantidad de supuestos de supuestas víctimas de presuntos estafados. Aproximadamente, tenemos noción si de 26 puede que se hayan sumado más, a medida que la el caso se va haciendo más popular, más conocido.
Uno le empieza, como dicen en la calle, a caer la ficha. Al momento podemos decir veintiséis, pero cabe aclarar que no denunciaron los veintiséis y no menos”.

CÓMO SE HABRÍAN CONCRETADO LAS ESTAFAS

La letrada explicó que “el modus operandi, en general, si bien cada caso tiene su propia particularidad, tiene sus detalles y su prueba propia. Estaríamos hablando de que, primero y principal, la primera luz de alerta es que la publicación, la oferta de venta de estos terrenos está hecha por una red social, Marketplace por Facebook.
Bueno, acá ya tenemos un, acá tenemos el primer red flag, como está de moda decir ahora, que los terrenos y los inmuebles deben venderse por inmobiliarias autorizadas, ¿sí? Esto lo digo como representante legal de colegio de corredores y martilleros de la provincia. Un terreno, una propiedad, se vende con un corredor con título y matrícula habilitante.
Ahí ya empezamos para atrás.
Sumado, bueno, a esto se generaba el primer contacto, diríamos que es la actividad propia de corretaje, unir a las partes por por Marketplace.
De ahí pasábamos a la negociación vía WhatsApp, transferencias, efectivo, como más te guste, entrega de coche, entrega de camión, entrega de camioneta, y el pago total del terreno. Porque me han preguntado, doctora, ¿es la seña? No, el pago total del terreno”.

“Sí, muchos arrancaban con una seña por un presunto apuro de, ya transferime tanto porque tengo cuatro más, tengo cinco más para el terreno, y en ese apuro ya, ya transferíme, ya traeme. Metían una seña de tres, cuatro millones, hasta después completar los veinte, veinticuatro, veintiséis millones, en una promesa de un supuesto terreno en las Barrancas del Pipo, el cual no se llevó adelante. Después empezaron pretextos, cuestiones dilatorias, que sí, que no, que sí, que no.
Esto derivaron en que iban a pasar supuestamente Andorra, bajo apercebimiento que si no aceptaban en el en Andorra perdían todo. Y, bueno, al día de hoy, no hay terreno ni en el Pipo ni en Andorra”.

“Estamos hablando de que estas operaciones se habrían concretado durante el año 2024 debían ser entregados en 2025, y a 2026 por supuesto, no fueron entregados, y empezaron los reclamos judiciales.
A grosso modo, esa sería la historia”.

Uno de los puntos más sensibles es el posible rol del municipio. ¿Existen indicios concretos de cierto aval, complicidad o alguna falta de control por parte del Estado municipal?

“Yo voy a hablar como abogada que soy, remitiéndome al expediente. Hoy estamos recién en la etapa y se están empezando a emitir oficios, a pedir oficios para información. Hoy, en el expediente, no habría, aún, al momento, ningún elemento que extienda la responsabilidad de los denunciados, porque ya no es un denunciado por este estudio, ya son dos denunciados, que se extienda esta responsabilidad al municipio. Todos sabemos que hay un entretejido de ordenanzas que hace que el municipio sea el titular dominial de estas tierras, tiene el poder de policía, el custodio, quien tiene que cuidar esto. Hablando desde el expediente, al momento no.
Pero, bueno, esto recién empieza”.

En relación a los comparadores, uno supone que actuaron de buena fe y por una necesidad que es la que lleva a hacer este tipo de intento de compra. Muchos actuaron por fuera del circuito formal. ¿Qué responsabilidad les cabría y qué margen tienen hoy para recuperar su dinero?

“Es una cuestión compleja, porque acá se se entrecruza un tema que podríamos hablar de un tema cultural. Hay que ver, según el caso, esto es un, ya hace al fuero interno de cada persona, cuál es la motivación interna que lo mueve.
Esto es algo que yo no lo puedo saber porque depende de cada uno. Quizás el apuro, la necesidad, el no conocer. Nosotros, desde el Colegio de Corredores, permanentemente tratamos de hacer difusión, pero lamentablemente durante mucho tiempo el negocio inmobiliario, se comparó una inmobiliaria con un quiosco, con comercio.
Una inmobiliaria es un estudio profesional a la par de un abogado, no es un comercio. Entonces, también muchas veces se confundió que porque tengan habilitación comercial, eso hace que el que el inmobiliaria sea válida y no lo es.
Entonces, creo que hay un poco de desconocimiento en este tema, más cursada a la necesidad, al tema de los alquileres que tienen valores altísimos, y los valores no conducen con la calidad del inmueble, más los malos tratos que suelen recibir los inquilinos.
A veces no hay respuesta”.

“Uno ve carteles que uno no lo puede creer y dice, no acepto animales, no acepto chicos.
La desesperación, los montos, los montos de los alquileres, los montos de los sueldos. Esto hace que a veces uno vea esta venta, esta venta entre comillas, porque no es una venta, pero, vea esta esta aparente venta como una solución a un tema, a un derecho humano básico, que es el tema de de la vivienda.
Por el momento, no podría hablar de que le caben responsabilidades, porque, bueno, uno no puede estar en el foro interno de cada comprador que ha caído en este momento, bueno, en este en esta presunta ardido estafa”, graficó.

¿Se está evaluando alguna demanda contra el municipio por daños y perjuicios? Y si esto fuera así, ¿en qué se fundamentaría esta acción?
¿Y qué debería aprobarse para que avance en la Justicia?

“Hoy todavía en el expediente no contaríamos con elementos para este tipo de acción.
Sí lo estamos analizando del estudio, llegado el caso que surjan elementos que hagan que funcionarios no hayan cumplido la obligación que tienen como funcionarios públicos del área que sea en ejercer esta custodia y este poder de policía que tienen derivado de la carta orgánica, con respecto a las tierras fiscales, deberíamos ver cada acción en concreto, cada funcionario, qué pruebas hay, qué responsabilidad tiene, y ahí analizar, por una cuestión de economía procesal, de iniciar acción, actor civil dentro de la misma causa penal para no iniciar juicios autónomos.
Si bien hoy lo analizamos, al momento es prematuro, pero sí lo tenemos en mente”.

Por último, ¿existe algún tipo de novedad en las últimas horas?

“Sí, existe una novedad que es preocupante. Acabo de interponer un escrito en el Juzgado de Instrucción solicitando que el juez dicte medidas de protección para resguardar la integridad psicofísica de uno de mis clientes y su grupo familiar.
Atento que, con la causa, con la denuncia ya realizada, la persona denunciado, inclusive presentados en la causa, llaman a mi cliente. Mi cliente no quiere hablar, lo llaman desde otro número a los efectos de que mi cliente vaya a reunirse al estacionamiento de un supermercado”.

“Entonces, realmente es una situación que a mi cliente le da miedo, el grupo familiar está muy angustiado. Ya el grupo familiar está muy angustiado con esta pérdida de del terreno, pérdida de dinero, y ahora este hostigamiento, este amedrentamiento directo, porque creo que a esta altura, cuando pasó todo este tiempo, la venta es presuntamente clandestina.
Creo que ya no hay nada que arreglar, y este llamado a mi cliente lo pone en una situación de máxima vulnerabilidad. Por ese motivo, desde el estudio hemos pedido medidas como prohibición de acercamiento y contacto del denunciado con mi cliente, restricción de comunicación y apercibimiento en el caso que esto se sostenga. Y también seguimos analizando, pedir más medidas contra los imputados que una vez que lo presente, las voy a informar”.