“Critican la crisis educativa, pero no hacen propuestas”
La legisladora provincial cuestionó la falta de consensos para avanzar con una herramienta de financiamiento y planificación integral del sistema educativo fueguino, defendió el dictamen de mayoría construido a partir de distintos proyectos legislativos y rechazó las críticas que plantearon que la Legislatura pretende absorber el conflicto docente. Advirtió que la Nación dejó de enviar más de 10.000 millones de pesos destinados a programas educativos y que la caída de la coparticipación, cercana
La legisladora provincial cuestionó la falta de consensos para avanzar con una herramienta de financiamiento y planificación integral del sistema educativo fueguino, defendió el dictamen de mayoría construido a partir de distintos proyectos legislativos y rechazó las críticas que plantearon que la Legislatura pretende absorber el conflicto docente. Advirtió que la Nación dejó de enviar más de 10.000 millones de pesos destinados a programas educativos y que la caída de la coparticipación, cercana al 30%, profundiza las dificultades financieras de la provincia. La Cámara pasó a cuarto intermedio hasta el 17 de noviembre, sin los votos necesarios para avanzar.
Río Grande.- La legisladora provincial Miriam Martínez realizó una extensa evaluación del debate por el financiamiento educativo en Tierra del Fuego y defendió la iniciativa que obtuvo dictamen de mayoría en la Legislatura, al tiempo que cuestionó la falta de propuestas alternativas y de consensos políticos para avanzar en una herramienta que permita planificar y sostener integralmente el sistema educativo provincial.
En diálogo con FM del Pueblo, sostuvo que el proyecto no representa una solución definitiva a la crisis educativa, sino una proyección a futuro para establecer criterios concretos sobre la utilización de los recursos y las necesidades de toda la comunidad educativa.
La discusión legislativa terminó con la Cámara en cuarto intermedio hasta el próximo 17 de noviembre, luego de una jornada atravesada por fuertes cruces, cuestionamientos y diferencias entre los bloques y en este marco Martínez reconoció que “las sesiones estuvieron marcadas por un clima de tensión y describió que, ante la falta de recursos, el debate político terminó desarrollándose prácticamente a los gritos”.
“Hace más de dos años que venimos discutiendo en esta Legislatura distintas alternativas de financiamiento para la educación provincial”, señaló, al recordar que existen cuatro proyectos presentados y que fueron incorporados al análisis de las comisiones de Educación y Presupuesto.
Sin embargo, remarcó que “durante ese tiempo no fue posible alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en una definición legislativa”.
En ese contexto, explicó que “el Poder Ejecutivo provincial presentó el asunto 119 con tratamiento de urgencia, con el objetivo de que la Legislatura abordara definitivamente la discusión sobre el financiamiento del sistema educativo y resolviera si estaba dispuesta a avanzar en la búsqueda de recursos para sostenerlo”.
Martínez insistió en que la “iniciativa no fue presentada como una respuesta inmediata ni como una solución integral a todos los problemas que atraviesa la educación fueguina, nunca dijimos que ese proyecto iba a dar una solución definitiva, sino que era una proyección a futuro para tener una planificación concreta de la utilización de los recursos y del universo que abarcaría a toda la comunidad educativa”, explicó.
Una herramienta que excede el salario docente
Uno de los principales argumentos de la legisladora fue que el financiamiento educativo no puede reducirse exclusivamente a la discusión salarial de los trabajadores de la educación. Para Martínez, el sistema requiere una “mirada integral que contemple las condiciones de funcionamiento de las instituciones, los recursos pedagógicos y las necesidades de los estudiantes”.
“Cuando hablo de toda la comunidad educativa no hablo solamente de los docentes, del salario de los docentes, estamos hablando de los chicos, de poder mantener las instituciones edilicias en condiciones y de que los docentes puedan tener el material pedagógico para llevar adelante su tarea”, detalló.
Para dimensionar el alcance de esa planificación, aportó cifras sobre la estructura educativa provincial, donde indicó que “Tierra del Fuego tiene aproximadamente 52.000 estudiantes, de los cuales alrededor de 10.000 concurren a establecimientos privados, mientras que el sistema cuenta con unos 9.000 docentes y más de 6.700 cargos”.
La legisladora consideró que “esos números permiten comprender la dimensión de los recursos que demanda el funcionamiento del sistema y la necesidad de establecer una planificación que contemple a todos los sectores involucrados”.
En esa línea, aclaró que “el dictamen de mayoría alcanzado no pertenece exclusivamente al proyecto enviado por el gobernador Gustavo Melella, es un dictamen multifamiliar que se conformó con un trabajo legislativo muy importante, muy intenso”, sostuvo.
Según explicó, el texto fue construido a partir del trabajo realizado sobre los distintos proyectos que se encontraban en la Comisión N° 4 y de las discusiones desarrolladas entre los bloques.
También señaló que “durante las últimas semanas se realizaron dos reuniones de comisión y posteriormente una comisión conjunta entre las comisiones N° 4 y N° 2, instancia en la que finalmente se consiguió obtener un dictamen de mayoría”.
Martínez destacó que “ese resultado fue producto de un trabajo legislativo previo y cuestionó las interpretaciones que, según dijo, intentaron presentar el dictamen como una iniciativa improvisada o carente de análisis”, y aseguró que “el texto surgió de los proyectos que ya estaban en tratamiento y que existía una decisión de avanzar hacia un pronunciamiento concreto”.
Sin consensos y con la Cámara en cuarto intermedio
La legisladora también cuestionó el tratamiento político que tuvo la iniciativa durante la sesión y sostuvo que existieron intentos de devolver el dictamen a comisión sin abrir una discusión de fondo.
En ese sentido, criticó una práctica parlamentaria que, según describió, termina “utilizando las mayorías para archivar iniciativas sin permitir que las posiciones puedan ser debatidas en el recinto, en esta Legislatura y en otras también hay una costumbre: lo que a mí no me gusta, lo archivo. Si tienen los números, se archiva. No hay ningún tipo de posibilidad de debate”, cuestionó.
Para Martínez, esa dinámica contradice los discursos que posteriormente se pronuncian en el recinto en defensa de los derechos de los trabajadores y de la necesidad de mejorar los salarios docentes.
“Después se cierra la discusión en el recinto hablando de los derechos, de la defensa, de que los docentes tienen que tener salarios dignos. Pero todo eso no va acompañado de las acciones que llevan adelante”, planteó.
La falta de acuerdos terminó condicionando el desenlace parlamentario. La Cámara quedó en cuarto intermedio hasta el 17 de noviembre, sin una convocatoria inmediata para continuar el tratamiento y con el dictamen de mayoría como punto de partida para retomar la discusión.
Martínez aseguró que “su sector estaba dispuesto a continuar trabajando sobre el texto y aceptar modificaciones para intentar construir un acuerdo más amplio, para el día 17 nosotros tenemos este dictamen. Estamos abiertos, obviamente, porque estábamos dispuestos a constituir la Cámara en comisión, a incorporar modificaciones, a todo”, manifestó.
Sin embargo, lamentó que “no se hayan presentado propuestas alternativas que permitieran acercar posiciones, lo que no hubo son propuestas”, sintetizó.
La legisladora consideró que la discusión no puede limitarse a cuestionar la situación educativa sin avanzar en respuestas concretas sobre cómo financiar el sistema. “Cuando vos hablás de los recursos, ahí comienza el tema. ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién va a aportar para el sistema financiero educativo?”, preguntó.
Más de $10.000 millones que dejó de enviar Nación
Otro de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con el deterioro de los recursos provinciales y la responsabilidad que atribuyó al Gobierno nacional en el agravamiento de la situación financiera.
Martínez señaló que “la Nación dejó de enviar alrededor de 10.000 millones de pesos correspondientes a distintos programas vinculados con el ámbito educativo”.
Según explicó, el objetivo de la herramienta que se discute en la Legislatura también es “recuperar parte de los recursos que actualmente debe aportar la provincia para sostener esas prestaciones, lo que estamos tratando es de recuperar esa pérdida de recursos que hoy está poniendo la provincia”, afirmó.
La legisladora sostuvo que “el recorte de programas educativos no constituye el único impacto de las políticas nacionales, sino que también debe considerarse la disminución de los ingresos tributarios y su efecto directo sobre la coparticipación que reciben las provincias”.
En ese marco, ubicó la caída de los recursos coparticipables en torno al “30%, una situación que, según advirtió, reduce considerablemente la disponibilidad financiera del Estado fueguino”, señaló.
También cuestionó la postura del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, al considerar contradictorio que sus representantes critiquen la situación educativa sin reconocer el impacto de las decisiones económicas nacionales sobre los recursos provinciales.
En particular, mencionó a la legisladora Natalia de Rosenzweig y cuestionó sus intervenciones durante el debate. Martínez recordó que “había planteado en el recinto las dificultades que enfrenta el Banco de Tierra del Fuego para utilizar sus utilidades, debido a una resolución del Banco Central que, según explicó, impide esa posibilidad y alcanza a las entidades bancarias de todo el país”.
La legisladora también hizo referencia a los cuestionamientos sobre la situación del puerto y las promesas de inversiones que, a su entender, no se concretaron.
En ese sentido, mencionó la intervención del Tribunal de Cuentas y la presentación vinculada con la falta de información sobre determinados gastos.
“Ellos hablan livianamente, no sé desde qué lugar”, cuestionó, al referirse a las críticas de los representantes libertarios.
Asimismo, rechazó que “la asistencia financiera nacional mediante adelantos de coparticipación sea presentada como una ayuda sin costos para las provincias, ellos te adelantan la coparticipación, pero te cobran intereses y le tenemos que agradecer, no, la verdad que estamos todos en contramano”, expresó.
El Banco de Tierra del Fuego y el financiamiento educativo
Martínez también incorporó a la discusión el papel que, a su entender, debería cumplir el Banco de Tierra del Fuego en el acompañamiento financiero de la educación.
Recordó que “la entidad tiene una cartera orientada principalmente a los empleados públicos provinciales, pero consideró que, por su carácter de banca pública, también debería participar de herramientas destinadas a acompañar a otros sectores de la sociedad”.
Como antecedente, mencionó las políticas de asistencia implementadas durante la pandemia, cuando se desarrollaron instrumentos de acompañamiento para comercios, emprendimientos, pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes.
En particular, recordó el programa Progreso, mediante el cual se otorgaron créditos, subsidios y asistencia a distintos sectores económicos que atravesaban una situación crítica.
La legisladora sostuvo que “el Estado provincial también mantiene un esquema de acompañamiento al sector privado mediante aportes destinados a garantizar el funcionamiento y el pago de salarios”.
En ese sentido, indicó que “el presupuesto contempla aproximadamente más de 40.000 millones de pesos para ese tipo de asistencia, yo no digo que está mal, pero lo que te digo es el rol que cumple el Estado de la provincia, acompañando al sector privado, acompañando al sector público, en todo momento y en todo lo que puede”, explicó.
Desde esa perspectiva, consideró que “el Banco de Tierra del Fuego también debería aportar al financiamiento educativo, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que integran el sistema público y privado”.
“Nosotros entendemos que, si tenemos 52.000 chicos en los establecimientos del sector público y privado, entendemos también que el banco tiene que aportar para el acompañamiento del financiamiento educativo”, sostuvo.
La propuesta, según explicó, se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo distribuir las responsabilidades y generar recursos para sostener las obligaciones del Estado provincial.
Cinco años de planificación y una proyección de recursos
La legisladora volvió a diferenciar la herramienta de financiamiento educativo de las partidas que actualmente se destinan al funcionamiento cotidiano del sistema.
Explicó que “el proyecto de financiamiento de servicios sociales contempla aportes para educación y salud, pero remarcó que la iniciativa que se está discutiendo tiene otro objetivo, establecer una proyección a cinco años que permita fijar metas y ordenar la planificación del sistema educativo”.
“Es un objetivo a largo plazo, donde te dan una proyección durante cinco años para que vos tengas una meta clara de lo que querés como sistema educativo”, indicó.
También reconoció que “el texto contempla la posibilidad de obtener nuevos recursos a futuro a partir de inversiones vinculadas con los recursos naturales y estratégicos de la provincia, estableciendo mecanismos para que una parte de esos ingresos pueda destinarse al financiamiento”.
Sin embargo, aclaró que “esos eventuales recursos no representan una respuesta inmediata ni permiten resolver de manera automática todas las necesidades del sistema”.
La discusión, insistió, debe partir de una planificación realista y de la identificación de las fuentes de financiamiento, sin generar expectativas que no puedan cumplirse.
La situación financiera provincial y la deuda con los municipios
Durante la entrevista, Martínez también fue consultada por los reclamos de los municipios respecto de los recursos de coparticipación y las declaraciones del ministro de Economía provincial, quien había mencionado transferencias superiores a los 221.000 millones de pesos.
La legisladora evitó interpretar una reunión en la que no había participado y tampoco quiso pronunciarse sobre las declaraciones de una funcionaria municipal. No obstante, reconoció que “la provincia atraviesa una situación económica compleja y que existe un atraso en el envío de recursos, estamos en una situación muy complicada”, sostuvo.
Martínez remarcó que “el atraso en las transferencias no es una situación desconocida para las autoridades provinciales y recordó que el ministro de Economía nunca desconoció las dificultades financieras durante sus presentaciones ante las comisiones legislativas”.
Como ejemplo, mencionó el convenio de asistencia financiera aprobado por la Legislatura, que implicará afrontar cuotas por un monto cercano a los 80.000 millones de pesos.
“Esto no se pide por la nada misma, el Gobierno no va y pide un adelanto de coparticipación porque está bien, o hace porque realmente los números no cierran”, explicó.
Para la legisladora, la caída del consumo, la reducción de la coparticipación y las políticas económicas nacionales conforman un escenario que condiciona la capacidad de respuesta del Estado provincial.
Sin embargo, recordó que “la provincia tiene responsabilidades constitucionales que debe garantizar, principalmente en materia de seguridad, salud y educación”.
También consideró que “el diálogo entre el Gobierno provincial y los municipios debe permitir encontrar mecanismos para regularizar los envíos y atender las obligaciones pendientes”.
En ese sentido, señaló que “esperaba que el ministro pudiera avanzar en la revisión de los plazos de transferencia y en alternativas para adelantar o cancelar los montos adeudados, los recursos no están, es muy finito. Hay que cumplir con las obligaciones del Estado y, a medida que se cumplen las obligaciones del Estado, se envían los recursos. Eso es así”, manifestó.
“No estamos trasladando el quilombo a la Legislatura”
Sobre el final de la entrevista, Martínez fue consultada por las declaraciones del legislador Damián Löffler, quien había cuestionado la posibilidad de trasladar el conflicto educativo al ámbito legislativo y reclamado que se avance en un ajuste del Estado.
La respuesta fue contundente al sostener que “no, no es ningún quilombo a la Legislatura. No comparto lo que dice el legislador Löffler”, respondió.
La legisladora rechazó que el tratamiento del financiamiento educativo implique trasladar a la Cámara una responsabilidad que corresponde al Poder Ejecutivo y aclaró que la discusión salarial docente debe continuar desarrollándose en el ámbito paritario.
“El Gobierno tiene las paritarias como corresponde, discutirá el salario de los docentes como corresponde. Este es un tema que no llegó a la Legislatura por el gobernador”, sostuvo.
En ese sentido, defendió el trabajo parlamentario y cuestionó a quienes opinan sobre el contenido de las iniciativas sin participar de las comisiones donde se desarrollan las discusiones técnicas y políticas.
“Hay que estar en las comisiones, hay que trabajar en las comisiones, hay que participar en las comisiones y conocer los proyectos para poder hablar”, planteó.
Martínez insistió en que “la Legislatura está cumpliendo con su función al analizar distintas alternativas de financiamiento, debatirlas y construir una propuesta que pueda convertirse en una herramienta para el sistema educativo”.
“Acá no se está trasladando el quilombo a la Legislatura. Acá lo que se hizo fue debatir un proyecto, varios proyectos, y se logró un dictamen. Si estás de acuerdo, bien; si no estás de acuerdo, podés hacer una propuesta. Lo otro es no hacer ninguna propuesta”, cuestionó.
También reivindicó la autonomía de las posiciones legislativas y sostuvo que “cada bloque debe hacerse responsable de sus decisiones y fundamentar públicamente sus posturas, nosotros no estamos por ordenamientos en la Legislatura. Tenemos un pensamiento propio y una acción propia también”, afirmó.
Para la legisladora, la iniciativa debe ser evaluada por su contenido y por la posibilidad concreta de establecer una planificación que atienda las demandas de los estudiantes, los docentes, los sindicatos y las familias.
“El proyecto de financiamiento educativo fueguino que obtuvo dictamen no es un traspaso del quilombo, es una herramienta legislativa para poder proyectar y financiar nuestro sistema educativo, pero sobre todas las cuestiones, poder planificar a futuro”, concluyó.